Martes, 15 de mayo de 2012
CÓRDOBA
La parcelista del cerro de San Cristóbal alega no recordar lo ocurrido en su propiedad
El fiscal solicita un año de cárcel para la titular de la parcela que ha sido objeto del único derribo por orden municipal
Á. R. | ACTUALIZADO 15.05.2012 - 01:00
La casa prefabricada que ha sido objeto del procedimiento penal
F. R. J., de 61 años, la parcelista que supuestamente instaló una vivienda portátil en su finca del cerro de San Cristóbal después de que el Ayuntamiento derribara previamente una casa construida sin licencia, alegó durante el juicio que no recuerda lo sucedido, por lo que no pudo ofrecer una versión concreta del relato de los hechos. La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita un año de prisión para la mujer, así como una multa de 42.000 euros. También propuso la demolición de la obra.
Según relata el Ministerio Público en su escrito provisional de acusación, en el año 2008, la encartada llevó a cabo la construcción de un muro de contención de unos seis metros lineales, realizó el hormigonado de una explanada de unos 250 metros cuadrados y, por último, instaló una casa prefabricada de unos 60 metros. La mujer, según el fiscal, actuó "sin contar con la preceptiva licencia y en suelo catalogado como no urbanizable y de especial protección".
Fuentes judiciales informaron de que durante la vista oral la procesada se mostró muy afectada por todo lo ocurrido, aunque su defensa no presentó ningún informe médico que relacione su estado de salud con el procedimiento judicial o con la anterior demolición de la vivienda.
El caso de la propietaria del cerro de San Cristóbal sacó a la luz el uso de viviendas portátiles en suelos no urbanizables y de valor medioambiental como una estratagema para eludir las visitas de la Policía y la acción de la Justicia. En otras ocasiones, la Audiencia Provincial ha considerado que las viviendas portátiles deben considerarse como edificaciones a todos los efectos.
La Policía Local realizó la primera denuncia sobre estos hechos en torno al mes de noviembre de 2008, justo cuando se estaba llevando a cabo la pavimentación de hormigón sobre la que se emplazó la casa portátil. La propietaria alegó que se trataba de un vehículo tipo roulotte que se puede mover en el momento en el que se desee.
El órgano que ha juzgado la causa ya ha condenado a otra propietaria por la instalación de una vivienda portátil en la parcelación del Rosal del Rubio. La resolución consideró probado que en 2007 la procesada instaló una casa de madera de unos 15 metros cuadrados sobre una plataforma de hormigón en el camino Rosa de Alejandría de la citada parcelación "sin contar con la preceptiva licencia" y sobre suelo "no urbanizable". La Policía Local levantó un acta de inspección urbanística el 30 de enero de 2007 al observar los cambios en la parcela, y el procedimiento judicial continuó.
Según relata el Ministerio Público en su escrito provisional de acusación, en el año 2008, la encartada llevó a cabo la construcción de un muro de contención de unos seis metros lineales, realizó el hormigonado de una explanada de unos 250 metros cuadrados y, por último, instaló una casa prefabricada de unos 60 metros. La mujer, según el fiscal, actuó "sin contar con la preceptiva licencia y en suelo catalogado como no urbanizable y de especial protección".
Fuentes judiciales informaron de que durante la vista oral la procesada se mostró muy afectada por todo lo ocurrido, aunque su defensa no presentó ningún informe médico que relacione su estado de salud con el procedimiento judicial o con la anterior demolición de la vivienda.
El caso de la propietaria del cerro de San Cristóbal sacó a la luz el uso de viviendas portátiles en suelos no urbanizables y de valor medioambiental como una estratagema para eludir las visitas de la Policía y la acción de la Justicia. En otras ocasiones, la Audiencia Provincial ha considerado que las viviendas portátiles deben considerarse como edificaciones a todos los efectos.
La Policía Local realizó la primera denuncia sobre estos hechos en torno al mes de noviembre de 2008, justo cuando se estaba llevando a cabo la pavimentación de hormigón sobre la que se emplazó la casa portátil. La propietaria alegó que se trataba de un vehículo tipo roulotte que se puede mover en el momento en el que se desee.
El órgano que ha juzgado la causa ya ha condenado a otra propietaria por la instalación de una vivienda portátil en la parcelación del Rosal del Rubio. La resolución consideró probado que en 2007 la procesada instaló una casa de madera de unos 15 metros cuadrados sobre una plataforma de hormigón en el camino Rosa de Alejandría de la citada parcelación "sin contar con la preceptiva licencia" y sobre suelo "no urbanizable". La Policía Local levantó un acta de inspección urbanística el 30 de enero de 2007 al observar los cambios en la parcela, y el procedimiento judicial continuó.
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