-- El decreto que indulta a viviendas ilegales en Andalucía, ¿es una forma de reconocer que la política urbanística de la Junta no ha funcionado?
-- En primer lugar, hay que recordar que el corazón del urbanismo es municipal, es decir, el grueso de las decisiones que se toman en materia de suelo en España corresponden a los ayuntamientos. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Reconocer una realidad y encarar un problema que en muchos lugares existe y que no se resuelve dando la espalda. Yo creo que es muy difícil mirar al pasado con los ojos de hoy. Hoy hay una sensibilidad en materia de urbanismo, en materia de medio ambiente, hay una rigurosidad de las leyes, una actuación en materia de disciplina urbanística por parte de la Guardia Civil o de los tribunales que no existía hace 8, 10 o 15 años. Para la Junta de Andalucía ese muro que hemos puesto de respeto a las leyes y de respeto al bueno uso del suelo lo vamos a mantener con más firmeza si cabe, pero es verdad que en el pasado se hacían las cosas de otra manera. Habrá gente que se ha enriquecido a costa de ello, pero también hay multitud, miles de familias normales y honestas que se han visto embarcadas en situaciones de irregularidad o de alegalidad que al final es un verdadero quebranto y un problema para sus vidas. Por lo tanto la Junta de Andalucía ha puesto normativa para que los ayuntamientos puedan abordad esa realidad con dos fronteras muy claras o con dos líneas rojas muy claras. Una, los costes de cualquier legalización los tienen que pagar los beneficiarios como en cualquier otra. Y número dos, creo que esto no se va a repetir en el futuro
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