DIARIO SUR.ES.
La plana mayor de Ordenación del Territorio se reúne en La Viñuela con los dueños de
viviendas irregulares, que exigen medidas para legalizar sus propiedades
viviendas irregulares, que exigen medidas para legalizar sus propiedades
21.05.14 - 00:59 -
«Intentar resolver el mayor número de situaciones posibles dentro del actual marco legal vigente». Este fue el único compromiso adquirido ayer por la secretaria general de Ordenación del Territorio, María Nieves Masegosa, con los más 300 dueños de viviendas ilegales de la Axarquía en un encuentro convocado por la asociación Save Our Homes Axarquía -en español, Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía- (SOHA), y que tenía como objetivo conocer hasta dónde la Junta de Andalucía está dispuesta a atender la demanda de legalización de los afectados y si piensa modificar la legislación ante las críticas al Decreto 2/2012 de regularización en suelo rústico.
Acompañada por el director general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez; la senadora y vicesecretaria provincial del PSOE, Pilar Serrano, y los alcaldes de La Viñuela y Arenas, José Juan Jiménez y Basilia Pareja, Masegosa dejó claro a los afectados que la postura del nuevo gobierno andaluz de Susana Díaz no es la de mirar hacia otro lado, sino la de «dar la cara y conocer los problemas», ofreceindo soluciones dentro del marco legal actual .
La responsable de la Junta dejo claro que la voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es «reflexionar profundamente sobre este problema y conocer la casuística de las edificaciones en el suelo no urbanizable en los distintos territorios de Andalucía para poder dar una respuesta lo más satisfactoria posible, siendo consciente de que no todos los casos se podrán resolver», dijo.
Aunque colectivos como Soha no han dejado de expresar su rechazo al Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad, Masegosa insistió en que lo que se está haciendo actualmente es valorar los resultados de esta norma. «Estamos viendo los resultados y reflexionando, para dentro del actual marco legal, ver cómo dar solución al máximo de casos posibles, aunque hay que partir de que el Decreto no buscaba una amnistía, sino una regularización y darles una cobertura, para que la casas que están fuera de ordenación pudieran tener unos servicios básicos mínimos», declaró.
Los responsables de Ordenación del Territorio fueron tajantes a afirmar que la Junta, en contra de lo que solicita Soha, no tiene sobre la mesa la idea de modificar o derogar el artículo 185.2a de la LOUA, que considera que las parcelaciones no prescriben y por tanto las viviendas construidas en este tipo de suelos no pueden ser regularizadas.
A pesar de todo, Masegosa insistió en que es intención de la Consejería seguir dialogando, por lo que invitó a Soha y a los ayuntamientos a plantear todas las cuestiones que consideren oportunas para seguir ahondando en el tema y tratar de resolver el problema.
El presidente de Soha, Philip Smalley y el secretario del colectivo, Mario Blancke, valoró la voluntad de dialogo expresada por la plana mayor de Ordenación del Territorio sobre el problemas de las casas ilegales en el campo. No obstante, desde el colectivo se insistió en que el conflicto de las casas ilegales se resolvería si se modificara la LOUA y el Decreto 2/2012, «hecho a espaldas de la realidad, y lo que es peor: a espaldas de la sociedad», según Soha, que integra por a más de 400 residentes extranjeros de la Axarquía.
ALGUNAS DUDAS Y PREGUNTAS A RAIZ DE LA REUNIÓN EN MÁLAGA:
Salvo que se den soluciones de raíz - por ejemplo cambiando el articulo 185.2 LOUA para que se reconozca expresamente la caducidad de las parcelaciones - se corre el riesgo de crear más confusión, incertidumbre y enmarañar más el problema.
Por ejemplo si se permitiese la caducidad de la construcción pero no de la parcelación – me dicen que se mencionó ello en la reunión de Málaga - reagrupar las parcelas sería harto difícil sino imposible (poner a todos los afectados de acuerdo, deshacer negocios jurídicos, establecer servidumbres, definir zonas comunes y privativas, etc). Además se crearía el problema de la difícil regulación del resultante régimen jurídico, es decir ¿sería una propiedad horizontal tumbada? ¿Se resuelve la parcelación de esta forma o persiste de hecho?, Etc. Por otro lado estos últimos aspectos son más de ley estatal.
Gerardo Vazquez
Asesor Juridico de AUAN, Colectivo miembro fundador de CALU.
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