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CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
Un matrimonio está en prisión por negarse a demoler una vivienda ilegal
El propietario, de 64 años, defiende que no tuvo intención de vulnerar la ley y que hizo lo que otros en la parcelación de Las Minas de Castiblanco. La zona está en proceso de regularización.
TRINIDAD PERDIGUERO | ACTUALIZADO 16.04.2014 - 09:19
Una imagen de archivo de la urbanización de Las Minas de Castiblanco de los Arroyos, una de las mayores de Andalucía.
Un matrimonio sevillano está cumpliendo desde principios de abril una pena de un año de cárcel por haber construido una vivienda ilegal en la urbanización de Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una de las parcelaciones irregulares más grandes de Andalucía, en la que hay más de un millar de construcciones y que está, ahora, en proceso de regularización. Según explicó el mayor de los tres hijos de la pareja, el ingreso en prisión se ha producido después de que su padre, José León Gallo, de 64 años, se haya negado a ejecutar la demolición que se ordenaba en la sentencia, porque sigue considerando que nunca actuó con mala fe, ni con intención de vulnerar la ley, sino que cuando adquirió la parcela se informó en el Ayuntamiento e hizo lo que hacían otras personas, dice, en esta urbanización, por cuya expansión fue condenado también en 2012 a cuatro años de inhabilitación el que fuera alcalde del municipio durante 27 años, Manuel Ruiz Lucas, en un fallo que no es firme porque ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.
El juez ha estimado que no ha habido una actitud reparadora por parte de los propietarios y ha ordenado el ingreso en prisión, a pesar de que es inusual en penas inferiores a un año de cárcel y cuando no hay antecedentes penales. El 31 de marzo ambos fueron puestos en busca y captura a petición del juzgado de lo penal número 11 y el 2 y el 3 de abril, detenidos y llevados a prisión. El hijo destaca también la situación de insolvencia de sus padres para ejecutar el derribo pendiente. El progenitor es parado de larga duración y estaba tramitando la jubilación. Su madre, de 59 años, es personal interino del SAS y trabaja ahora sólo esporádicamente, pero tuvo que renunciar a un contrato cuando entró en la cárcel de mujeres, el 3 de abril, un día después que su marido, que lo hizo en Sevilla 1. La pareja tramitó una petición de indulto, que le fue denegada.
Es el primer caso que se da en Sevilla de propietarios de chalés ilegales que cumplen condena de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, en este caso, por levantar una casa de 70 metros sobre una parcela de 2.000 en suelo no urbanizable. Aunque ya se cuentan por decenas los inmuebles que se han demolido en la provincia, en algunos casos en el último momento y justo para evitar ese trance de entrar en prisión. En Las Minas se han producido alrededor de una veintena de derribos y hay un centenar de expedientes en la Fiscalía.
Según el relato del hijo mayor de esta pareja del barrio sevillano del Parque Alcosa, el matrimonio no ha podido hacer frente tampoco a la multa económica que incluía la sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, por los costes que les ha supuesto su defensa, durante la que han cambiado de abogado. La historia de esta familia dista poco de la de otros afectados por estas situaciones urbanísticas. La pareja tenía la ilusión de tener una casa en el campo, como lugar de esparcimiento. Con sus ahorros y un préstamo que pidieron cuando los dos estaban trabajando, decidieron adquirir una parcela en esta zona de Castiblanco. Era más económico, a sus padres les gustó, explica el hijo. Según su testimonio, el padre estuvo viendo los "temas legales" y consideró que era factible construir. Asegura que incluso acudió al Ayuntamiento y un funcionario le informó de que podía hacerlo, que el Consistorio estaba inmerso incluso en un plan de regularización y para mejorar los servicios a los residentes, aunque el juez no ha tenido en cuenta lo que se consideró un permiso verbal.
El grueso de la casa se construyó en 2002 y la hizo un constructor local, aunque se dejaron algunas partes sin terminar por falta de dinero, dice León. La denuncia del Seprona les llegóen 2006, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico dio orden de perseguir este tipo de construcciones fuera de ordenación y la Junta había aumentado sus exigencias con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Era un problema generalizado en toda Andalucía desde hacía años por la laxitud con la que se había tratado, pero que la bonanza económica intensificó. Se comenzaron a poner denuncias, que se han ido tramitando estos años por la vía penal y resolviéndose en los juzgados, en muchos casos con sentencias diferentes para situaciones muy similares.
El hijo incide en ello y destaca además que el fallo considera que la casa de sus padres se construyó en 2005, cuando, insiste, se hizo en 2002. En 2004, pone de ejemplo, el padre tuvo un robo dentro de la vivienda, lo denunció y contrató un seguro incluso, en el que ya consta 2002 como fecha de construcción. También pone el acento los impuestos que con carácter de inmueble urbano se pagaban por la casa, a pesar de haber sido considerada una construcción ilegal, como la plusvalía, que abonó en la compra y que no fue tenida en cuenta en la sentencia.
El cambio urbanístico en el PGOU no paraliza los procesos judiciales
El juez ha estimado que no ha habido una actitud reparadora por parte de los propietarios y ha ordenado el ingreso en prisión, a pesar de que es inusual en penas inferiores a un año de cárcel y cuando no hay antecedentes penales. El 31 de marzo ambos fueron puestos en busca y captura a petición del juzgado de lo penal número 11 y el 2 y el 3 de abril, detenidos y llevados a prisión. El hijo destaca también la situación de insolvencia de sus padres para ejecutar el derribo pendiente. El progenitor es parado de larga duración y estaba tramitando la jubilación. Su madre, de 59 años, es personal interino del SAS y trabaja ahora sólo esporádicamente, pero tuvo que renunciar a un contrato cuando entró en la cárcel de mujeres, el 3 de abril, un día después que su marido, que lo hizo en Sevilla 1. La pareja tramitó una petición de indulto, que le fue denegada.
Es el primer caso que se da en Sevilla de propietarios de chalés ilegales que cumplen condena de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, en este caso, por levantar una casa de 70 metros sobre una parcela de 2.000 en suelo no urbanizable. Aunque ya se cuentan por decenas los inmuebles que se han demolido en la provincia, en algunos casos en el último momento y justo para evitar ese trance de entrar en prisión. En Las Minas se han producido alrededor de una veintena de derribos y hay un centenar de expedientes en la Fiscalía.
Según el relato del hijo mayor de esta pareja del barrio sevillano del Parque Alcosa, el matrimonio no ha podido hacer frente tampoco a la multa económica que incluía la sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, por los costes que les ha supuesto su defensa, durante la que han cambiado de abogado. La historia de esta familia dista poco de la de otros afectados por estas situaciones urbanísticas. La pareja tenía la ilusión de tener una casa en el campo, como lugar de esparcimiento. Con sus ahorros y un préstamo que pidieron cuando los dos estaban trabajando, decidieron adquirir una parcela en esta zona de Castiblanco. Era más económico, a sus padres les gustó, explica el hijo. Según su testimonio, el padre estuvo viendo los "temas legales" y consideró que era factible construir. Asegura que incluso acudió al Ayuntamiento y un funcionario le informó de que podía hacerlo, que el Consistorio estaba inmerso incluso en un plan de regularización y para mejorar los servicios a los residentes, aunque el juez no ha tenido en cuenta lo que se consideró un permiso verbal.
El grueso de la casa se construyó en 2002 y la hizo un constructor local, aunque se dejaron algunas partes sin terminar por falta de dinero, dice León. La denuncia del Seprona les llegóen 2006, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico dio orden de perseguir este tipo de construcciones fuera de ordenación y la Junta había aumentado sus exigencias con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Era un problema generalizado en toda Andalucía desde hacía años por la laxitud con la que se había tratado, pero que la bonanza económica intensificó. Se comenzaron a poner denuncias, que se han ido tramitando estos años por la vía penal y resolviéndose en los juzgados, en muchos casos con sentencias diferentes para situaciones muy similares.
El hijo incide en ello y destaca además que el fallo considera que la casa de sus padres se construyó en 2005, cuando, insiste, se hizo en 2002. En 2004, pone de ejemplo, el padre tuvo un robo dentro de la vivienda, lo denunció y contrató un seguro incluso, en el que ya consta 2002 como fecha de construcción. También pone el acento los impuestos que con carácter de inmueble urbano se pagaban por la casa, a pesar de haber sido considerada una construcción ilegal, como la plusvalía, que abonó en la compra y que no fue tenida en cuenta en la sentencia.
El cambio urbanístico en el PGOU no paraliza los procesos judiciales
El alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez (PSOE), explicó este que está al tanto del caso de esta pareja, para la que el Ayuntamiento emitió un informe dando cuenta del proceso de regularización que hay en marcha en Las Minas de cara a su indulto. En este sentido, recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que apuesta por que de una vez estos terrenos sean declarados urbanos, sigue adelante. Ya se ha aprobado inicialmente en el Pleno municipal. Ahora están llegando los informes sectoriales, de los distintos departamentos que deben valorarlo, con la intención de aprobarlo de forma provisional en el Consistorio para el verano. La zona en la que se ubica la casa de este matrimonio entraría entre las que se legalizarían, aunque ese proceso no puede frenar los procesos judiciales en marcha. Sólo algunos jueces lo están considerando a la hora de poner sentencias, pero depende de su propio criterio. Las Minas es un problema en Castilblanco no sólo por su tamaño (son 1.200 parcelas, más de mil construcciones, que la hacen bastante más grande que el núcleo urbano principal) sino porque en ella viven de forma permanente cientos de personas, que tienen aquí su primera residencia, con servicios y equipamientos precarios que no se podrán mejorar hasta que queden regularizados con el PGOU. Sólo una pequeña parte está declarada como zona urbana en las normas subsidiarias de 1985, pero el grueso de lo construido sigue en suelo rústico.
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