LA NORMATIVA LLEVA CASI DOS AÑOS EN VIGOR Y NO HA TENIDO LOS RESULTADOS ESPERADOS
Estudia las dificultades que está presentando en su aplicación práctica para favorecer la regularización. Las modificaciones no supondrán amnistía para todas ni afectarán a zonas inundables y protegidas
ISABEL LEÑA 11/12/2013
La Junta modificará el decreto que aprobó hace dos años sobre las edificaciones construidas en suelo no urbanizable al no haber dado en este tiempo los frutos esperados. Cuando esta normativa entró en vigor a principios del 2012, la Junta calculó que el decreto legalizaría de forma directa una de cada diez casas levantadas en suelo no urbanizable --un 10%-- y que reconocería la situación de ocho de cada diez --un 80%--, que no se regularizarían pero sí optarían a servicios básicos. Además, preveía que solo una de cada diez --otro 10%-- quedarían a merced de la piqueta al no haber prescrito el delito urbanístico o encontrarse en suelo protegido o inundable. Sin embargo, esas expectativas no se han cumplido a nivel andaluz, ni tampoco en el caso concreto de Córdoba.
Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, al frente de la que está la cordobesa María José Serrano, se muestra dispuesta a estudiar cuáles son las dificultades que está presentando este decreto en su aplicación práctica con el fin de introducir los cambios que hagan falta para que tenga los efectos esperados. Según fuentes de esta Consejería, el decreto tiene voluntad de regular una realidad urbanística que se da en toda Andalucía pero eso "no significa una amnistía para todas las viviendas que están fuera de ordenación". A pesar de los cambios que se introduzcan en el decreto, la intención de la Junta es regularizar todas las viviendas que sean posibles pero no las que se encuentran situadas en espacios de especial protección o en zonas inundables, según añaden las mismas fuentes.
La Consejería de Medio Ambiente es consciente de que el decreto es una "norma viva" y que es una normativa "compleja", por lo que se puede prestar a distintas interpretaciones o encontrar con dificultades a la hora de aplicarlo. No obstante, recuerda que los ayuntamientos son los que tienen las competencias en materia urbanística y que la Junta interviene cuando observa que hay un incumplimiento. De hecho, el decreto establecía una larga lista de tareas para los ayuntamientos, entre ellas elaborar un inventario de las viviendas existentes en suelo no urbanizable.
En una entrevista concedida a este periódico tras ser nombrada consejera de Medio Ambiente, María José Serrano aseguró que "hay que seguir desarrollando el decreto y ver lo que se ha hecho bien y estudiar lo que se puede mejorar", línea en la que trabaja. Además, en noviembre, la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, anunció allí la intención de la Junta de modificar el decreto al no haber sido eficaz al 100%.
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