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domingo, 18 de marzo de 2012

LOS ARQUITECTOS CUESTIONAN EL DECRETO DE LAS VIVIENDAS IRREGULARES

Consideran difícil su aplicación y abogan por un nuevo modelo territorial de Andalucía

Día 17/03/2012 - 23.17h
Los arquitectos cuestionan el decreto de las viviendas ilegales
JOSÉ GALIANA
No es fácilmente aplicable por falta de medios de los ayuntamientos; tendría que haberse optado por una modificación puntual de la leyes urbanísticas, y debería evitar que se perjudique el crecimiento regular de los municipios por favorecer la integración de asentamientos. Estas son alguna de las apreciaciones que los arquitectos del Colegio Oficial de Sevilla han realizado sobre el decreto de la Junta destinado a la regularización de viviendas ilegales.
El decreto prevé la normalización de unas 300.000 edificaciones levantadas en suelos no urbanizables. De esa cifra, 250.000 están en zonas aisladas y pueden ser regularizadas, no legalizadas. Se clasificarán en dos apartados que han levantado una fuerte polémica por la confusión de los términos. Alrededor de de 40.000 viviendas en parcelaciones o urbanizaciones y en hábitat rural diseminado puede ser legalizadas si se integran en los planes urbanísticos de los ayuntamientos.
Rafael González Millán, presidente de la Agrupación de Arquitectos de la Función Pública, del Colegio sevillano, intervino recientemente en unas jornadas sobre la novedosa normativa de la Consejería de Obras Públicas, que dirige Josefina Cruz, en las que se llegó a la conclusión de que ante las dificultades que van a encontrar los ayuntamientos para su aplicación, se debería colaborar económicamente con ellos.
«Si se quiere hacer una chapuza siempre hay tiempo, pero en estos momentos los ayuntamientos no tienen dinero para hacer una buena ordenación del suelo no urbanizable». En definitiva, según González Millán, el decreto «tiene buenas intenciones, pero además de tratar de resolver el problema de los parcelistas debe abordar el modelo del territorio». A juicio del presidente de la Agrupación de Arquitectos de la Función Pública, la Junta tendría que haber optado «por una modificación legislativa» en lugar de abordar la problemática a través de un decreto. «Hay comunidades autónomas como la de Valencia que tienen una ley específica del suelo no urbanizable, y mediante un decreto difícilmente se va a solucionar el problema que tienen estos momentos los asentamientos en el campo. Lo mejor del decreto es que no ha gustado a nadie, ni a los ecologistas ni a los afectados».
Y de cara al futuro, «independientemente del grupo político que venza en las elecciones, habría que hacer una revisión de la legislación andaluza, y habría que plantantearse por qué no se puede vivir en el campo y ampliar las zonas de especial protección». En su opinión, «la especial protección no debe ser sólo porque haya yacimientos arqueológicos o porque haya arroyos o vías pecuarias. El gran valor del suelo no urbanizable es que es campo y hay que protegerlo. Y no tiene que entrar en contradicción con que haya algunas zonas del territorio de cada municipio donde se permita vivir allí».
En concreto, entre las conclusiones de las mencionadas jornadas se destaca que el decreto debería servir para iniciar una reflexión sobre el suelo no urbanizable, reabriendo el debate de los usos en el medio rural y contemplando la posibilidad de establecer usos residenciales aislados no vinculados a la productividad tradicional del mismo, así como la apertura a los nuevos conceptos de explotación sostenible y valoración del territorio».
Y de otro lado, se consideró que la normativa de la Junta «no va a detener el proceso de parcelación ilegal el el medio rural si no se ponen en marcha medidas de fomento de la disciplina urbanística y de aplicación del régimen sancionador establecido en la legislación vigente».

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