La Audiencia condena por construir dos chalés ilegales pero rechaza demolerlos
El tribunal dice que el derribo de las dos viviendas de Pago Melilla (Chiclana), una zona con un elevado grado de edificaciones, es una medida "desproporcionada"
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado por falsedad y otros delitos a un constructor y vendedor de dos viviendas levantadas ilegalmente en Chiclana y a un arquitecto. El fiscal solicitó al tribunal que acordase la demolición de los chalés. Pero la sentencia rechaza adoptar esa medida: sostiene que la zona en la que fueron construidos los dos chalés tiene en la actualidad un elevado grado de edificaciones de tipo familiar (por encima del 60% del territorio, calcula) y que derribar las casas es desproporcionado.
"No estamos ante unas construcciones aisladas ni diseminadas sino inmersa en una zona consolidada, que cuenta con servicio de alumbrado público, agua y recogida de basuras, donde el bien jurídico protegido hemos de convenir que apenas está en riesgo, lo que nos lleva a la conclusión de que la demolición acordada en sentencia es desproporcionada al ilícito cometido", señala la resolución de la Sección Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel Ruiz Lazaga.
La sentencia condena al constructor y vendedor de los dos chalés a un año y medio de prisión por tres delitos: contra la ordenación del territorio, falsedad en documento oficial y desobediencia a la autoridad.
El tribunal lo absuelve del delito de estafa. La sentencia estima que hay indicios de que los compradores de las dos viviendas conocían la situación de ilegalidad de los inmuebles que compraban y que, por tanto, no hubo engaño que lleve a considerar que el vendedor los estafó.
La sentencia condena a un año de prisión al arquitecto Alberto Marón Sepúlveda. La resolución ve probado que Marón firmó un certificado de antigüedad de las viviendas con datos falsos para facilitar que fuesen inscritos como obra nueva, esto es, darles apariencia de legalidad. El arquitecto ha sido condenado en varias ocasiones por hechos similares, recuerda la sentencia. De ahí que los magistrados indiquen en la resolución que consideran inverosímil la versión aportada por el arquitecto: que lo llevaron a una parcela distinta y que él certificó sobre la construcción antigua que vio allí. Marón se dedicaba a esa ilícita actividad ya antes de firmar el certificado de este caso, señalan los magistrados. Actuaba con un claro fin de lucro y sabía lo que hacía, agregan. "Lo contrario", afirman, "sería suponer que estamos en presencia de una persona cuyo grado de estupidez era tal que podía ser manejada por uno y otro, llevada de una finca a otra, una y otra vez", engañado, y que no se percataba.
"No estamos ante unas construcciones aisladas ni diseminadas sino inmersa en una zona consolidada, que cuenta con servicio de alumbrado público, agua y recogida de basuras, donde el bien jurídico protegido hemos de convenir que apenas está en riesgo, lo que nos lleva a la conclusión de que la demolición acordada en sentencia es desproporcionada al ilícito cometido", señala la resolución de la Sección Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel Ruiz Lazaga.
La sentencia condena al constructor y vendedor de los dos chalés a un año y medio de prisión por tres delitos: contra la ordenación del territorio, falsedad en documento oficial y desobediencia a la autoridad.
El tribunal lo absuelve del delito de estafa. La sentencia estima que hay indicios de que los compradores de las dos viviendas conocían la situación de ilegalidad de los inmuebles que compraban y que, por tanto, no hubo engaño que lleve a considerar que el vendedor los estafó.
La sentencia condena a un año de prisión al arquitecto Alberto Marón Sepúlveda. La resolución ve probado que Marón firmó un certificado de antigüedad de las viviendas con datos falsos para facilitar que fuesen inscritos como obra nueva, esto es, darles apariencia de legalidad. El arquitecto ha sido condenado en varias ocasiones por hechos similares, recuerda la sentencia. De ahí que los magistrados indiquen en la resolución que consideran inverosímil la versión aportada por el arquitecto: que lo llevaron a una parcela distinta y que él certificó sobre la construcción antigua que vio allí. Marón se dedicaba a esa ilícita actividad ya antes de firmar el certificado de este caso, señalan los magistrados. Actuaba con un claro fin de lucro y sabía lo que hacía, agregan. "Lo contrario", afirman, "sería suponer que estamos en presencia de una persona cuyo grado de estupidez era tal que podía ser manejada por uno y otro, llevada de una finca a otra, una y otra vez", engañado, y que no se percataba.
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