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lunes, 13 de febrero de 2017

Los parcelistas andaluces piden una ley realista para desbloquear sus problemas




DIARIO CORDOBA


Juan M. Niza
13/02/2017

Reunión de representantes de la CALU, ayer, en el hotel Averroes. - MIGUEL ÁNGEL SALAS
Reunión de representantes de la CALU, ayer, en el hotel Averroes. - MIGUEL ÁNGEL SALAS



La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que representa al 80% de los residentes en viviendas levantadas irregularmente en la comunidad autónoma, puso ayer en evidencia en la asamblea de representantes celebrada en Córdoba, en el hotel Averroes, la «ineficacia y el fracaso de la actual LOUA» para resolver el problema de estas 300.000 familias afectadas (según sus datos), todo ello en un conflicto enquistado con los años que «ya no solo importa a los directamente implicados, sino que es cuestión de ciudad», explicó Francisco León, representante en la confederación de la plataforma Apaig, con sede en Córdoba.

Un comunicado oficial posterior de la CALU reiteraba estas conclusiones, calificando a la LOUA como una ley «fuera de la realidad social, dirigida más a promotores de la construcción y entidades bancarias que al ciudadano y a la resolución de sus problemas».

También reclamaba una nueva normativa que permita solucionar con eficacia los problemas, «sin privilegios, pero tampoco con una persecución sancionadora y asfixiante como la actual» reclamando participar en los foros que se están convocando para su redacción. Capítulo aparte, también se ha abogado por «acciones de concienciación al resto de los ciudadano no afectados» directamente por estos problemas urbanísticos, «para que conozcan de primera mano la gravedad de la situación».

Al respecto, entre los invitados a la sesión de ayer de la CALU se encontraron el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, y el presidente de la federación vecinal Fecorave, Rafael Soto, que pudieron conocer de primera mano la problemática de los miles de vecinos de toda Andalucía en viviendas sin legalizar, gran parte de ellos en una situación aún más dura que en Córdoba por una «persecución sancionadora» que les pone aún más difícil regular sus circunstancias. Al respecto, De Gracia manifestó tras la reunión que lo escuchado viene a ratificar la postura ya adoptada por el CMC de reclamar servicios básicos y considerar el problema como una cuestión de ciudad.


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