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martes, 14 de febrero de 2017

Los parcelistas afirman que la LOUA no aporta soluciones al problema urbanístico

Córdoba . 



Reclaman en Córdoba una ley más flexible y concienciar a los ciudadanos no afectados del «grave problema»



El presidente de CALU, Francisco León, en una reunión anterior de parcelistas en Córdoba
El presidente de CALU, Francisco León, en una reunión anterior de parcelistas en Córdoba - Archivo

S. L. - abccordoba Córdoba - Actualizado: Guardado en: Andalucía Córdoba

La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) celebró ayer en Córdoba una reunión con los representantes de los principales colectivos de la comunidad andaluza, afectados por la legalización urbanística y la aplicación de la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que, entre otras cuestiones, han llegado a la conclusión de que la LOUA «no aporta soluciones al problema urbanístico en Andalucía», y por ello piden «una firme voluntad política» para redactar «una ley flexible».

Según ha informado la coordinadora en una nota, en la reunión se debatió y buscó soluciones a «la grave situación en que se encuentran más de 300.000 familias andaluzas», así como la aplicación de la actual LOUA y «su corta y deficiente interpretación urbanística».

Los colectivos estuvieron de acuerdo en que «ni la LOUA ni sus recientes modificaciones aportan soluciones al problema urbanístico en Andalucía», ya que «se trata de una ley fuera de la realidad social, dirigida más a promotores de la construcción y entidades bancarias, que al ciudadano y a la resolución de sus problemas».

Al respecto, señalaron que es necesaria «una firme voluntad política» que obligue a la redacción de «una ley flexible», que contemple todas las particularidades existentes en la región, desde un punto de vista de «aceptación de la realidad social». Se pretende una ley «que ordene todo el territorio, no sólo las ciudades», según agregan

Para ello, la coordinadora considera que es necesario llevar a cabo acciones de concienciación al resto de ciudadanos «no afectados» por problemas urbanísticos, para que «conozcan de primera mano la gravedad de la situación».














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