La Fiscalía pide la demolición de 13 viviendas ilegales en Partaloa

¿Donde están los responsables que tenían que haber parado estas obras nada más comenzar?.
¿Porque primero te tiro tu vivienda y luego Dios dirá?
¿Porque se cambian las leyes siempre en beneficio de los mismos.
¿Porque los ciudadanos de a pie, tenemos que seguir viviendo gobernados por personas a las que nuestras vidas no les importan nada? (lo único que les interesa es nuestro voto. )
Quizás la culpa también sea de los millones de ciudadanos que permitimos que estas cosas ocurran sin mover ni un dedo, ni tan siquiera alzar nuestras voces, para parar este sistema de manipulación y enredo, siempre con el mismo fin.
¿Cuando nos vamos a dar cuenta,de que, lo que le ocurre a nuestros vecinos, también nos afecta a nosotros?
¿Porque se manifiesta tanta gente cuando un equipo de fútbol gana una copa y nadie se manifiesta por los derechos humanos de todos?

Quizás tengamos que empezar a cambiar nosotros mismos para poder cambiar el sistema.

La Fiscalía acusa al promotor de dichas viviendas, que es acusado de un delito contra la ordenación del territorio

Javier Romero   [ 06/06/2014 - 13:38 ]

continúa el limbo legal de las viveindas en el Almanzora  [ La Voz ]

Se informa de un nuevo paso atrás dentro del continuado caos urbanístico que asola varias partes no sólo de Andalucía, sino del resto de España, tal y como hemos visto en el reciente reportaje Comando Actualidad en TVE 1. Esta vez, le toca no sólo a británicos, sino a belgas, que han comprado casas en el Paraje de Piedra Amarilla, del municipio de Partaloa. Concretamente, la Fiscalía pide la demolición de 13 viviendas en este lugar. 

Contrariamente a lo que podría parecer, la Fiscalía no acusa a los residentes europeos, sino como es habitual, al promotor de dichas viviendas, que es acusado de un delito contra la ordenación del territorio por el cual se le pide una pena de prisión de 1 año y 6 meses, con pena accesoria de inhabilitación especial  del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa e inhabilitación especial de profesión u oficio relacionado con la construcción por el período de 2 años y costas judiciales. Como la petición de pena es de menos de 2 años de prisión, nos informan fuentes jurídicas que es dudoso que llegase a entrar en prisión para el caso de que fuese encontrado culpable. En el mismo procedimiento el Fiscal también presenta acusación contra otras personas que van a ser enjuiciadas por presunta prevaricación urbanística.

Como no podría ser de otra forma, el Fiscal pide que el promotor deberá indemnizar a los adquirentes de las viviendas en la cuantía pagada y gastos ocasionados en la adquisición de sus propiedades. No obstante, la técnica habitual tomada en estos casos parece ser la de demoler primero, y después dejar a las víctimas que inicien una lucha incierta e insegura para tratar de obtener la indemnización tan alegremente ordenada. El problema es que, como hemos visto en Cantoria, en la práctica, las víctimas se suelen quedar sin casa y sin dinero.

Preguntada sobre todo ello, Maura Hillen, presidenta de la Asociación de lucha contra abusos urbanísticos conocida como AUAN, dice “todo esto es una insensatez prevista en el artículo 319.3 del Código Penal, que es un artículo que hemos pedido se modifique. Pues no tiene sentido que el único que salga perjudicado de todos estos procedimientos penales, sea la víctima. Es lo que hemos pedido al Sr. Esteban González Pons, cuando nos reunimos con él y otras autoridades hace unas semanas. Prometió estudiarlo, pero hasta el momento no sabemos nada más. También le hemos hecho la misma propuesta a otros partidos políticos y, se ha dicho en la prensa que el PSOE ha prometido hacer cambios normativos para tratar de paliar toda esta inseguridad jurídica y urbanística que existe. Pero aquí también estamos a la espera de resultados concretos. Los que sí corren el riesgo de obtener resultados concretos y en este caso, resultados nefastos, son las víctimas, que acudirán al juicio el viernes de la semana que viene. “

Preguntamos al abogado Gerardo Vázquez, asesor y portavoz de AUAN sobre el problema, y nos dice “Lo que yo veo aquí es que está viniendo una nueva ola de damnificados, los belgas. Yo no actúo por ninguna víctima en este asunto por el momento, pero sí he hablado con algunos de ellos, concretamente con gente que ha comprado recientemente y me han mostrado su sorpresa ante la mala noticia que les he tenido que trasladar. Uno de los problemas que existen es que estos procedimientos penales no  suelen inscribirse en el Registro de la Propiedad. Según me dicen los propietarios con los que he hablado, estos tienen sus escrituras, todo con una apariencia de legalidad, y se ha inscrito su casa en el Registro de la Propiedad sin rastro del procedimiento penal. Obviamente aquí, parece existir un problema de seguridad jurídica.”