La construcción avisa de que sin inversión pública peligran otros10.000 empleos

La patronal ACP denuncia la política «incoherente» del Gobierno, al que reclama un plan de obra pública

23.05.2013 | 05:00

Obras de la Alta Velocidad en el término municipal de Antequera.MARÍA ROSALES

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Los constructores malagueños alertaron ayer de que el estado de «abandono» que, a su juicio, sufre el sector por parte de las administraciones públicas puede poner en peligro de aquí a final de año unos 10.000 empleos en la provincia, una cantidad que se uniría a los casi 70.000 puestos de trabajo que se han perdido ya en este gremio desde que empezó la crisis. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, lamentó la «política incoherente de recortes» aplicada por el Gobierno en el ámbito de la obra pública, que se ha traducido en «más desempleo y menos ingresos en las arcas públicas», y demandó un plan urgente de apoyo al sector similar al que ha recibido el sector de los concesionarios o la propia banca. Los empresarios justifican su demanda ante la necesidad de «impulsar la actividad económica y recuperar la senda del crecimiento», asegurando que el sector de la construcción «es el único que tiene capacidad para generar empleo de forma instantánea».

Prado recordó que la construcción, que llegó a contar con más de 100.000 ocupados en Málaga, apenas mantiene en la actualidad unos 38.000 empleos (los sindicatos reducen incluso esta cifra a poco mas de 30.000). Lo peor, según advierten los constructores, es que buena parte de esos puestos «están en grave peligro de desaparecer» si no hay un «cambio de rumbo urgente» en la política económica de las distintas administraciones. En general, el número de empresas en el sector ha podido caer hasta en un 50% con la crisis.

La queja de los constructores viene refrendada por los datos de inversión en obra pública de los últimos años. En Málaga, estas partidas han bajado un 90% respecto al periodo 2005-2007, cuando se movieron en el entorno de los 1.500 millones de euros anuales. En 2012, la inversión cayó a 142 millones y este 2013 ha comenzado con una nueva reducción del 33%.

Prado, acompañado por el presidente del grupo de contratistas de la ACP, Emilio López, y la secretaria general, Violeta Aragón, auguró «un futuro de total paralización» en el sector y reclamó una reactivación de las inversiones. Los constructores citaron obras pendientes como el tren litoral, el saneamiento integral o el acceso norte al aeropuerto y defendieron la rentabilidad y el retorno que trae aparejada tanto la construcción de nueva obra pública como el mantenimiento de las existentes.

Según la ACP, por cada millón de euros invertido en obra pública se generan 18 puestos de trabajos directos y un retorno del 62% vía impuestos y cotizaciones sociales. La patronal citó también el ejemplo del mantenimiento de carreteras, donde por cada euro que no se invierte se está propiciando una necesidad de reparación cifrada en 25 euros al cabo de cinco años.

«Nuestros representantes políticos no hacen estudios de ingresos y costes a largo plazo porque a veces solo les interesan los resultados a cuatro años», se quejó Prado.

El otro problema en la obra pública es la morosidad de las administraciones. De los 165 millones que adeudaba la Junta de Andalucía a las empresas malagueñas, se sigue debiendo en torno al 20%, a la espera de futuros planes de pago a proveedores.

Turismo residencial

En cuanto a la promoción residencial, las expectativas no son mejores. El visado de nuevas viviendas sigue en niveles bajísimos. Si en la primera década de este siglo XXI se visaban en Málaga una media de 35.000 viviendas anuales, la cifra a partir de 2010 se ha reducido de forma «brutal» a poco más de 1.600 anuales. El pequeño repunte del inicio de 2013 –344 visados en el primer trimestre– tampoco anima demasiado a los constructores, que no lo consideran un dato significativo. En cambio sí preocupa mucho más que los datos de compraventas hayan caído en picado el pasado mes de marzo, cuando las estadísticas ya empiezan a recoger el efecto de la supresión de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda.

Lo único que mueve al optimismo es el positivo comportamiento que presenta la compra de casas por parte de extranjeros no residentes. En 2012, el turismo residencial permitió la venta en Málaga de 4.974 viviendas a extranjeros, el 68% de todas las comercializadas en Andalucía y el 12% de las vendidas en España. Entre los compradores, destacan, por su país de origen, los procedentes de Reino Unido e Irlanda, con un 23,5% del total, seguidos de Alemania, con un 5,28% de compradores. Como mercados emergentes llaman la atención los incrementos de países como Noruega, Suecia y Rusia, que ya alcanzan más de un 8% de cuota cada uno, Marruecos (4,2%) o China (1,2%).

Prado aprovechó para reprochar las trabas administrativas que, en su opinión, está recibiendo el turismo residencial. «Esta tabla de salvación también van a hundirla, ya que quien quiere invertir en nuestra región se encuentra con numerosos problemas para obtener visados, a lo que se suma el mensaje de intranquilidad por los anuncios de expropiaciones», señaló. Y es que la ACP considera que también están sufriendo con la Junta de Andalucía «los efectos de un pacto de gobierno que castiga a nuestro sector», en especial por el decreto ley de la función social de la vivienda. «Aunque no afecta a particulares, hay una total inseguridad jurídica en el comprador y se crea desconcierto en el mercado y una falta de credibilidad», opinó su presidente, que cree que estas inversiones podrían desviarse a otras comunidades como Murcia o Baleares.

La patronal sí valora mucho el programa «Living Costa del Sol», puesto en marcha junto a la Diputación para dar salida al stock de viviendas (entre 18.000 y 20.000) y que ha conseguido comercializar ya más de 200 viviendas en el mercado ruso, británico o nórdico.