La Plataforma de Afectados por Multas Coercitivas pide que se paralicen los expedientes
Carlos Benjumeda el Puerto | Actualizado 22.09.2016 - 09:17
La Plataforma de Afectados por Multas Coercitivas, a través de Coave, ha insistido en la necesidad de diseñar algún procedimiento para la paralización de los expedientes y multas coercitivas, "los embargos, retenciones de nóminas, derribos e incluso las condenas de cárcel", situaciones que se producen con el Plan General (PGOU) aprobado desde diciembre de 2013. Los afectados se reunieron para analizar la Ley 6/2016 de agosto, que modifica la LOUA. No obstante, tras analizarla concluyen que con la modificación de dicha ley, "no se soluciona nada de los problemas que nos aquejan", entre ellos que las viviendas que están situadas en terrenos que han cambiado su calificación siguen con la misma problemática que antes a de la aprobación del Plan General de El Puerto.
Por ello, Coave vuelva a demandar la redacción de una LOUA "que resuelva las necesidades de miles de familias, de El Puerto y el resto de Andalucía, que dé solución a unos ciudadanos que malviven en un desamparo impropio de un Estado de Derecho. Las leyes actuales -añaden- nos impiden derechos básicos de nuestra Constitución, como agua potable, alcantarillado o electricidad". Reclaman a los políticos que ante los problemas derivados de los expedientes y multas coercitivas, "tengan la capacidad de paralizarlos cautelarmente, hasta que podamos regularizar y legalizar nuestras viviendas, como ya lo contempla el PGOU".
La Plataforma de Afectados por Expedientes y Multas Coercitivas de las viviendas ilegales insiste en que la nueva Ley 6/2016 da una "salida a medias" a aquellos vecinos que compraron viviendas en suelo no urbanizable "de buena fe". Por contra, la ley viene a eximir "a todos los responsables que permitieron las reparcelaciones e incluso las construcciones y los que construyeron con fin lucrativo, que finalmente vendían viviendas sin la licencia de ocupación. En definitiva, la propia administración colaboró en el engaño a los compradores de buena fe", sostienen. Muchos de esos compradores con viviendas en terrenos de especial protección, "nunca serán legalizadas, y la única solución es el derribo, eso sí, serán indemnizados, aunque no se sabe por quién".
Por otra parte, la Plataforma ha criticado que "no interesa que se consolide el PGOU", ya que hasta la fecha no tienen conocimiento del desarrollo del Plan de Infraestructura que debe vertebrar todos los diseminados previstos en dicho Plan, de manera que las juntas de compensación que se están constituyendo "ven frenados los trabajos para la regularización, ya que no existen ni estén previstas las conexiones a los sistemas generales, provocando que los vecinos no pueden tramitar la documentación e impidiendo la regularización y legalización de viviendas, lo que pondría fin a los expedientes y multas coercitivas". A esto hay que sumar según la Plataforma que el Plan General "es muy difícil llevarlo a la práctica, puesto que son millones de metros cuadrados para urbanizar y pocas viviendas para soportar el coste de dicha urbanización". La Plataforma concluye que "nada funciona, solo los expedientes, multas coercitivas, embargos de nóminas, subastas de las viviendas, derribos y sentencias de cárcel". Por último, critican que "ni los asesinos tienen penas a perpetuidad pero nosotros parece ser que sí", y advierten que "más pronto que tarde esto estallara, porque son más de 400.000 viviendas afectadas en Andalucía".
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