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martes, 13 de diciembre de 2016

La movilización de los vecinos impide demoler cuatro chalés por vía judicial

DIARIO DE CADIZ.

El Puerto
Las viviendas están en Cantarranas y tienen sentencia firme de demolición por el TSJA

  • Los residentes celebran la decisión de Urbanismo de paralizarlos y evitar posibles daños a las personas

  • La concentración de vecinos e integrantes de colectivos motivó que la dirección de obras decidiera no meter las máquinas para evitar posibles daños a las personas.




    La presión social ejercida por decenas de personas pertenecientes a diferentes colectivos ciudadanos, concentradas frente a los cuatro chalés que iban a ser derribados ayer en Cantarranas, impidió ejecutar el mandato judicial de demolición de las viviendas, ordenada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Desde las nueve de la mañana, y una vez que ciudadanos de diferentes lugares de El Puerto tuvieron noticia de que el Ayuntamiento se veía obligado por el auto judicial a efectuar las citadas demoliciones, decenas de personas se fueron concentrando en las calle Surtidores, donde están ubicados los chalés, para mostrar su oposición a los derribos.
    Todo el operativo del Ayuntamiento estaba preparado, en cumplimiento de la resolución, para ejecutar la sentencia del TSJA, de manera que a primera hora llegaron al lugar efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como los responsables de la empresa de derribos, entre ellos el arquitecto que lleva la dirección y seguridad de obras. En el lugar se personó igualmente el concejal del área de Urbanismo, Antonio Fernández, así como un arquitecto municipal.
    Cerca de allí, las máquinas excavadoras estaban preparadas para entrar a demoler las casas.
    El representante de los vecinos, Diego Llopis, celebró la paralización de los derribos.No obstante, ante la gran cantidad de vecinos concentrados en los accesos a los chalés, en los que viven cuatro familias, el arquitecto responsable de la seguridad de la obra dictaminó que podía haber riesgo para las personas concentradas en caso de continuar con el operativo, y que no se podía garantizar que las demoliciones no iban a suponer un riesgo para la integridad de los vecinos allí presentes, lo cual quedará recogido en los correspondientes informes. A la vez, técnicos de Policía Local confirmaron la imposibilidad de introducir con garantías las máquinas en la calle Surtidores y en los chalés, confirmando así la opinión del arquitecto, por lo que el concejal Antonio Fernández decidió que en esas circunstancias "lo lógico era proceder a suspender la demolición por motivos de seguridad", ya que se podía producir algún accidente al entrar la maquinaria. El Ayuntamiento, en este caso, ejecutaba una sentencia del TSJA que finalmente la presión vecinal impidió llevar a efecto, lo cual deberá ahora notificarse a la sala correspondiente.
    El representante de los vecinos, Diego Llopis, expresó el alivio de las cuatro familias residentes en las viviendas, situadas en Suelo Urbano no Consolidado, y que en base al nuevo Plan General son susceptibles de regularización, para lo cual es necesario constituir una junta de compensación y después la elaboración de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), como paso previo para dicha regularización.
    Los inquilinos de las viviendas se encuentran actualmente sumando las firmas necesarias para constituir la junta de compensación, de lo que han dado parte en el área de Urbanismo mediante un documento. Comenzar a dar estos pasos es importante de cara a poder iniciar el proceso para suspender el derribo de forma definitiva, ya que el auto que afecta a las viviendas alude a la posible aparición de circunstancias que pueden modificar las condiciones del suelo sobre el que están construidas, esperando así detener el proceso administrativo, ya que en el PGOU las viviendas son regularizables.
    La historia de estos chalés arranca de 1995, cuando el Ayuntamiento decretó su demolición por haber sido construidos en suelo no urbanizable. En el año 2002 el Tribunal Supremo ratificó la orden de derribo, que fue suspendida por orden del entonces alcalde Hernán Díaz Cortés. Tras un largo proceso judicial, en la primavera de 2007 estuvieron a punto de volver a caer bajo la piqueta, recibiendo ya entonces los dueños, que habían comprado las viviendas a un promotor privado, el respaldo de vecinos y colectivos.


    Desde APAIG y,  CALU. Queremos felicitar a nuestros compañeros del Puerto, José Antonio Cortegana y Paco Mora, por el trabajo que están realizando en apoyo a todas estas familias.

    "FELICIDADES COMPAÑEROS"

    Paco León.

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