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viernes, 17 de junio de 2016

La demanda llega al Parlamento


DIARIO CÓRDOBA


i.l.
12/06/2016

Miembros de la plataforma andaluza CALU, en uno de los encuentros con grupos parlamentarios. - CÓRDOBA
Miembros de la plataforma andaluza CALU, en uno de los encuentros con grupos parlamentarios. - CÓRDOBA

Uno de los colectivos de parcelistas, la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) ha llevado sus demandas hasta el Parlamento. El miércoles, representantes de los colectivos vecinales afectados por la no regularización de sus viviendas que conforman CALU se reunieron con cada uno de los grupos parlamentarios para abordar la reforma de la LOUA y «trasladarles nuestro empeño en denunciar ante ellos el flagrante incumplimiento de la ley con el compromiso de respeto a los derechos humanos de suministro de agua potable y saneamiento», según expresa en una nota el presidente de CALU, Francisco León, que es el máximo representante de la plataforma cordobesa de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir.
La federación andaluza quiere «una LOUA que resuelva las urgentes necesidades de miles de familias andaluzas, dando soluciones a unos ciudadanos que malviven en un desamparo impropio en un estado de derecho». Entre las peticiones realizadas esta semana está «que se arbitren medidas rápidas y urgentes, aunque sean de forma transitoria, para el abastecimiento de agua y electricidad, mientras se realizan los procesos burocráticos urbanísticos».
Por otro lado, CALU ha solicitado a los grupos parlamentarios que «por parte de la administración se establezca un canal de participación directa de los ciudadanos afectados, donde, a través de sus representantes se planteen las propuestas y soluciones facilitando la comunicación» y «evitando la enorme indefensión e injusta y costosa judicialización».
La federación explica que el compromiso alcanzado por los grupos ha sido «trabajar para que el proyecto se apruebe sobre mediados de julio, presentándose la ponencia el martes día 14». CALU pide un esfuerzo «en poner en valor las necesidades y derechos de los ciudadanos y que no prevalezcan los intereses de promotores y constructores para los que la actual LOUA ha sido tan provechosa».
Por último, señala que la mayoría de los grupos «ha visto con buenos ojos nuestros planteamientos, aunque no todos con el mismo grado de aceptación.


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