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sábado, 22 de julio de 2017

Afectados por las Inundaciones pide la anulación de las juntas de compensación y pasar a un sistema de cooperación



CORDOBA HOY.

URBANISMO

En las juntas si un vecino no paga, el resto tiene que hacer frente a esa deuda y "el conflicto está servido", advierte su presidente, Francisco León

Paco León, presidente de la Mesa del Río
 Paco León, presidente de la Mesa del Río


22-07-2017/ CORDOBAHOY.


El presidente de la Mesa del Río y de la Plataforma de afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, Francisco León, ha calificado de "positiva" la visita realizada por representantes del Ayuntamiento cordobés a los grupos parlamentarios andaluces para plantearles una necesaria modificación de la LOUA para que las parcelaciones regularizables tengan servicios de agua y luz.
"Creo que es una estupenda iniciativa por parte del Consistorio, pero se tendría que haber hecho antes, porque es una reivindicación que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, por lo que pueden contar con el apoyo de todos los afectados", ha señalado.
El pasado día 10, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García; el concejal socialista Emilio Aumente, y el gerente de la GMU, Emilio García, plantearon a los grupos parlamentarios en Sevilla una reforma de la actual ley para dar servicios de luz y agua a las parcelas que entran dentro de la adecuación urbana y que sólo tienen avanzado en el proceso las juntas de compensación.
El problema para Francisco León es que, una vez más, "no se ha contado con nosotros ni se han reunido antes con los afectados, cuando el Ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, tendría que escuchar a todas las federaciones, asociaciones y plataformas implicadas para entre todos llegar a una solución".
Juntas de compensación
En opinión del portavoz de CALU, son varios los puntos de la LOUA sobre los que habría que inciden, pero hay uno especialmente que es de urgente modificación: El sistema de juntas de compensación, que son una trampa para los propietarios.
"Para muchos suponen unas cargas económicas muy costosas", señala León, en el sentido de que "hay gente con dinero y otros que no lo tienen, pero en una junta de compensación si hay vecinos que no pagan, el resto se tiene que hacer cargo de esa deuda y el enfrentamiento está servido", ha advertido.
La solución, en palabras de Francisco León, pasa por aplicar un modelo de cooperación con los ayuntamientos, donde sean los propios consistorios quienes trabajen con los vecinos, para que cada uno de éstos aporte directamente el dinero al Ayuntamiento y se eviten los enfrentamientos. "Se trata de que el Ayuntamiento tome las riendas de la situación y aplique un sistema de cooperación donde el Consistorio actúe directamente con los vecinos", explica el presidente de la Plataforma, antes de añadir que desconoce si ese sistema se ha aplicado en algún otro sitio, por lo que tampoco tiene idea de su funcionamiento real.
"En cualquier caso, sería cuestión de plantearlo y si Córdoba es pionera en este asunto frente al resto de Andalucía, mejor que mejor, porque se evitaría que sólo unas minorías lleguen a una solución con las juntas de compensación", ha añadido.
Para Francisco León, la sociedad cordobesa cada vez toma más conciencia de la necesidad de regularizar la situación de los parcelistas, entre otras cuestiones porque "ya ven que no son una carga para ellos, porque pagamos nuestros impuestos sin recibir a cambio ni servicios ni mejoras de sus zonas". Además, en caso de que las parcelaciones llegaran a buen fin "se crearía una bolsa de trabajo inmensa y dejaríamos de tener ciudadanos de primera, segunda y tercera en Córdoba".



sábado, 24 de junio de 2017

La mancha de orujo se retira dejando a su paso cientos de peces muertos

DIARIO CÓRDOBA


VERTIDO CONTAMINANTE EN EL GUADALQUIVIR

Las aguas recuperan su color habitual aunque desprenden un fuerte olor

REDACCIÓN
24/06/2017


Una de las zonas donde esta mañana se acumulaban más peces muertos en las orillas del Guadalquivir a su paso por Córdoba. - A.J. GONZÁLEZ

La mancha negra de orujo que ayer cubría el río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba capital ha abandonado ya el término municipal. Desde primeras horas de la mañana han sido muchos los curiosos que se han acercado hasta el Paseo de la Ribera para comprobar el estado en el que se encontraba el río y han podido comprobar cómo a lo largo de esta noche ha desaparecido ya la mancha, que ha seguido su curso hacia pueblos situados aguas abajo, como Almodóvar, Posadas o Palma del Río.
Aunque el río ha recuperado su aspecto habitual, la corriente sigue arrastrando cientos de peces muertes, como se puede observar en la superficie o en algunas zonas de las orillas, donde han quedado acumulados algunos ejemplares de carpas y barbos. Además, un fuerte olor se extiende por algunas zonas de la ribera, según han descrito algunas de las personas de las que esta mañana han pasado por allí.

La mancha tuvo su origen días atrás en un vertido de orujo a la altura de Pedro Abad, por un accidente en una orujera, y ha sido considerado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como el más grave que ha sufrido el río en Córdoba en las dos últimas décadas. La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador y Ecologistas en Acción lo ha calificado de "desastre ecológico". 

Desde  la Plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir.(APAIG)
Lamentamos profundamente esta desgracia ecológica.

Está demostrado que con perdidas como estas se contribuye al deterioro, no solo de la fauna, aguas, tierra, que también a la calidad de vida de todos los ciudadanos.

APAIG. Lleva años reivindicando un mantenimiento integral del rio a su paso por Córdoba, cuando decimos Córdoba, nos referimos desde Alcolea hasta Encinarejo, tampoco estaría mal que se revisase toda la cuenca.

Cada vez que se ejecutan obras en el Guadalquivir podemos apreciar que siempre son las mismas zonas las beneficiadas y todas en torno al conjunto histórico.

Desde APAIG. Y la mesa del río, consideramos que todo el dinero que se gastan en dichas obras es
dinero tirado a la basura, solo tenemos que consultar la emeroteca  y podremos apreciar que en cuanto llueve un poco más de la cuenta hay que volver a repetir los trabajos.

Se habla mucho de los parcelista que viven en el entorno del río, casi siempre en tono despectivo, se les trata en muchas ocasiones como ciudadanos de segunda, en bastantes casos de parcelaciones no tienen acometida y utilizan  pozos para su vertido con el consiguiente deterioro que se le produce al medio ambiente.

Poco se habla de los verdaderos contaminantes del medio ambiente y cuando no hay más remedio que denunciarlo pues se denunciará, (a saber la multa que van a poner) y pronto se deja de hablar de ello.

Acaso los parcelistas también tienen la culpa del calentamiento del planeta, la contaminación del aire, aguas,etc. "ya está bien hombre".

Desde APAIG. Y La Mesa del Río, denunciamos no solo esta catástrofe que seguramente podía haberse evitado, que también a todos los representantes políticos que pudiendo, no hacen nada para evitarlo.

Seguimos reivindicando los proyectos pendientes de muchos años si ejecutar y mejoras que tengan que hacer para conseguir la integración del  rio Guadalquivir en el termino de Córdoba, así como que se retome lo aprobado en pleno del ayuntamiento en maro de 2013, por todos los grupos políticos que gobernaban.

Seguimos esperando a que  la alcaldesa de Córdoba conteste  nuestros escritos, seguimos esperando a que se comprometa con esta Mesa del Río, al igual que hace con otras, seguimos esperando  que gobierne para todos los cordobeses y no solo mire para donde le interesa.

Paco León

jueves, 11 de mayo de 2017

Más de 45.000 cordobeses viven en zona inundable


CÓRDOPOLIS
ALFONSO ALBA
-


La Confederación señala que solo en Córdoba capital hay 32.783 personas en viviendas en riesgo por crecidas del Guadalquivir




Un hombre y su perro, en un tejado durante las inundaciones de Córdoba de 2010 | MADERO CUBERO



Un total de 45.416 cordobeses viven en zona inundable. De todos, 32.783 son de Córdoba capital y están en viviendas amenazadas por las crecidas del río Guadalquivir. Estos son los datos que maneja la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que ha hecho llegar al diputado socialista Antonio Hurtado a través de una respuesta parlamentaria.

La Confederación ha realizado un extenso informe en el que identifica dónde están las viviendas en riesgo de inundación y qué han hecho las administraciones por evitar que eso ocurra. La mayor extensión de casas en zonas inundables está en Córdoba capital, donde los técnicos de la Confederación Hidrográfica han llegado a identificar cuatro zonas concretas: Guadalquivir Aguas Arriba (entorno de Alcolea), Guadalquivir Aguas Abajo (entorno del Aeropuerto), El Higuerón y Villarrubia.

En total, en la ciudad el Guadalquivir recorre 42 kilómetros en zonas donde hay construcciones. El tramo más habitado y extenso es el de Alcolea. En una ribera de casi 20 kilómetros viven cerca de 20.000 personas en una zona donde está previsto que el Guadalquivir entre en periodos de lluvias intensas. En este punto, la última obra de la Confederación es de 2014, cuando se actuó en los márgenes del arroyo de la Cuesta de La Lancha. Además, el Gobierno señala que en 2016 se pidió información al Ayuntamiento sobre las deficiencias detectadas en una innovación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la zona de Huertos de Alcolea.

La siguiente área en extensión es la denominada Aguas Abajo del Guadalquivir. Su ribera es de 9,26 kilómetros y el número de residentes es de 2.846 personas. Curiosamente, es el paraje más afectado por inundaciones (solo hay que recordar las de 2010) pero el menos densamente poblado. La zona, el entorno del Aeropuerto, está desarrollando un plan especial de mejora del medio rural, que cuenta con puntualizaciones de la Confederación sobre los usos permitidos en la zona.
Aguas abajo del Aeropuerto la Confederación identifica dos zonas más. En El Higuerón se calcula una ribera de 4,13 kilómetros y algo más de 2.500 habitantes. En esta zona, el órgano de cuenca se señala que en abril del año pasado se emitió un informe desfavorable sobre el plan parcial que estaban desarrollando sus vecinos de cara a legalizar sus viviendas. También apunta que la última intervención en la zona es de 2011, cuando se arregló el arroyo del Fontanar de Quintos.
En la zona de Villarrubia se calcula una ribera de 9,36 kilómetros y de cerca de 9.000 vecinos que duermen cada noche en una zona que se puede inundar en cualquier momento. En este punto, la Confederación solo advierte una intervención en 2013 en el arroyo Aljarilla como medida preventiva.
LA PROVINCIA

Córdoba ciudad no es la única zona, aunque sí la más habitada, con vecinos sobre zonas inundables. En la respuesta parlamentaria destaca el caso de Palma del Río, donde viven más de 6.000 personas en una zona de riesgo en la que desemboca el río Genil sobre el Guadalquivir. De hecho, es uno de los puntos habituales de las inundaciones en Córdoba.
Tanto en Cabra como en Almodóvar del Río hay otro nutrido grupo de vecinos en zona inundable. En ambos casos el número calculado es similar: casi 1.400 personas. En Cabra, es el río que lleva el nombre de la ciudad el que provoca los problemas. En Almodóvar del Río, se trata del Guadalquivir.
La Confederación también detecta problemas en otros puntos, ya menos habitados. En Villa del Río el Guadalquivir también provoca problemas en una zona en la que residen 652 personas. En El Carpio, el número de vecinos en zona inundable es de 670. También hay cerca de 300 vecinos en zona inundable en Castro del Río, otros 300 en Aguilar de la Frontera y un número similar en Jauja (una pedanía de Lucena).

En su respuesta, el Gobierno reconoce el trabajo de elaboración de este catálogo de zonas inundables, donde asegura que irá actuando en función de la disponibilidad de partidas presupuestarias. “En la actualidad, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de la Guía que sirva para sentar los criterios y la metodología para la realización del análisis coste-beneficio de las actuaciones de carácter estructural fijadas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones”, concluye el Gobierno.

martes, 11 de abril de 2017

Cifuentes amnistía un centenar de urbanizaciones ilegales



Dotará de los servicios básicos a las viviendas irregulares que se podrán legalizar con la nueva Ley del Suelo.

10 Abril 2.017

Nuria Platón.


Cañada Real

Cañada Real, Alejandro Olea.

La nueva Ley del Suelo que el Gobierno regional remitió esta semana a la Asamblea de Madrid incluye una amnistía para regularizar un centenar de asentamientos ilegales en municipios de la Comunidad; unas edificaciones que se llevan tratando de regularizar en los plantes urbanísticos de los ayuntamientos correspondientes desde los años 80. Se trata de urbanizaciones que nacieron en terrenos rurales y en las que los propietarios construyeron primero casetas, y posteriormente hasta chalets, sin autorización de los consistorios, ya que estaban en parcelas no urbanizables. Son edificaciones que no cuentan con instalaciones de servicios –agua, luz, alcantarillado–, ni viales. Sus propietarios toman el suministro de pozos, utilizan depósitos sanitarios para sus deshechos y llevan más de treinta años incumpliendo la legalidad urbanística.
Se trata de situaciones similares a las de la Cañada Real Galiana –que en este caso cuenta con ley propia y, por lo tanto, está fuera de este proceso de regularización–, que se trataron de reparar en la Ley 9/1985 de la Comunidad para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. En dicha norma se creó un procedimiento de legalización que, según explica José Tortosa, director general de Urbanismo del Gobierno regional, «fue un fracaso debido a su complejidad». Es por ello que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha elaborado ahora un nuevo itinerario para poder integrar en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) este tipo de asentamientos ilegales, siempre y cuando no incumplan la normativa medioambiental.
De este modo y a iniciativa de los propietarios de estas urbanizaciones irregulares, la Comunidad facilitará con los ayuntamientos el camino a la legalización. Una vez realizada la solicitud, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se estudiará la casuística y se realizarán informes sectoriales para ver si es posible la regularización. Si todo está en orden y mientras el ayuntamiento competente elabora un Plan Especial para incluir los terrenos en el PGOU, la Comunidad de Madrid proporcionará lo que Tortosa calificó de «urbanización blanda», con los servicios mínimos de agua, luz, saneamiento y viales. «Como previo paso a la legalización a través del planeamiento municipal y tras los informes favorables de Medio Ambiente, se costeará la instalación de servicios y suministros para después reparcelar y urbanizar», detalló el director general de Urbanismo.

Prescripción en ocho años


Eso sí, la regularización no está al alcance de todo aquel que quiera construir una casa ilegal. No sólo es necesario pasar por el informe favorable de Medio Ambiente sino que además la norma está dirigida a los asentamientos preexistentes y no se les permitirá crecer, a menos que sea mediante el procedimiento habitual de modificación del PGOU. Y es que el origen de estos terrenos está en la rápida prescripción de la falta urbanística, apenas cuatro años, y el coste de la restauración –habitualmente por demolición– para los consistorios, que suponían un elevado gasto para las arcas municipales.
Para evitar más asentamientos de este tipo, la nueva Ley del Suelo amplía el plazo de prescripción de estas infracciones hasta ocho años y se endurece el régimen sancionador. Asimismo, las administraciones tendrán la posibilidad de decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de las infracciones, y, lo más importante, no tendrán que asumir el coste de las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, ya que será el infractor quien deberá pagar por ello. «Los asentamientos ilegales que no se puedan regularizar están condenados a desaparecer, por que no se podrán mejorar ni rehabilitar para alargar su vida útil», advierte Tortosa.




domingo, 26 de febrero de 2017

JORNADAS BASES PARA UN NUEVO ENGAÑO URBANISTICO










martes, 14 de febrero de 2017

Los parcelistas afirman que la LOUA no aporta soluciones al problema urbanístico

Córdoba . 



Reclaman en Córdoba una ley más flexible y concienciar a los ciudadanos no afectados del «grave problema»



El presidente de CALU, Francisco León, en una reunión anterior de parcelistas en Córdoba
El presidente de CALU, Francisco León, en una reunión anterior de parcelistas en Córdoba - Archivo

S. L. - abccordoba Córdoba - Actualizado: Guardado en: Andalucía Córdoba

La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) celebró ayer en Córdoba una reunión con los representantes de los principales colectivos de la comunidad andaluza, afectados por la legalización urbanística y la aplicación de la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que, entre otras cuestiones, han llegado a la conclusión de que la LOUA «no aporta soluciones al problema urbanístico en Andalucía», y por ello piden «una firme voluntad política» para redactar «una ley flexible».

Según ha informado la coordinadora en una nota, en la reunión se debatió y buscó soluciones a «la grave situación en que se encuentran más de 300.000 familias andaluzas», así como la aplicación de la actual LOUA y «su corta y deficiente interpretación urbanística».

Los colectivos estuvieron de acuerdo en que «ni la LOUA ni sus recientes modificaciones aportan soluciones al problema urbanístico en Andalucía», ya que «se trata de una ley fuera de la realidad social, dirigida más a promotores de la construcción y entidades bancarias, que al ciudadano y a la resolución de sus problemas».

Al respecto, señalaron que es necesaria «una firme voluntad política» que obligue a la redacción de «una ley flexible», que contemple todas las particularidades existentes en la región, desde un punto de vista de «aceptación de la realidad social». Se pretende una ley «que ordene todo el territorio, no sólo las ciudades», según agregan

Para ello, la coordinadora considera que es necesario llevar a cabo acciones de concienciación al resto de ciudadanos «no afectados» por problemas urbanísticos, para que «conozcan de primera mano la gravedad de la situación».














lunes, 13 de febrero de 2017

Los parcelistas andaluces piden una ley realista para desbloquear sus problemas




DIARIO CORDOBA


Juan M. Niza
13/02/2017

Reunión de representantes de la CALU, ayer, en el hotel Averroes. - MIGUEL ÁNGEL SALAS
Reunión de representantes de la CALU, ayer, en el hotel Averroes. - MIGUEL ÁNGEL SALAS



La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que representa al 80% de los residentes en viviendas levantadas irregularmente en la comunidad autónoma, puso ayer en evidencia en la asamblea de representantes celebrada en Córdoba, en el hotel Averroes, la «ineficacia y el fracaso de la actual LOUA» para resolver el problema de estas 300.000 familias afectadas (según sus datos), todo ello en un conflicto enquistado con los años que «ya no solo importa a los directamente implicados, sino que es cuestión de ciudad», explicó Francisco León, representante en la confederación de la plataforma Apaig, con sede en Córdoba.

Un comunicado oficial posterior de la CALU reiteraba estas conclusiones, calificando a la LOUA como una ley «fuera de la realidad social, dirigida más a promotores de la construcción y entidades bancarias que al ciudadano y a la resolución de sus problemas».

También reclamaba una nueva normativa que permita solucionar con eficacia los problemas, «sin privilegios, pero tampoco con una persecución sancionadora y asfixiante como la actual» reclamando participar en los foros que se están convocando para su redacción. Capítulo aparte, también se ha abogado por «acciones de concienciación al resto de los ciudadano no afectados» directamente por estos problemas urbanísticos, «para que conozcan de primera mano la gravedad de la situación».

Al respecto, entre los invitados a la sesión de ayer de la CALU se encontraron el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, y el presidente de la federación vecinal Fecorave, Rafael Soto, que pudieron conocer de primera mano la problemática de los miles de vecinos de toda Andalucía en viviendas sin legalizar, gran parte de ellos en una situación aún más dura que en Córdoba por una «persecución sancionadora» que les pone aún más difícil regular sus circunstancias. Al respecto, De Gracia manifestó tras la reunión que lo escuchado viene a ratificar la postura ya adoptada por el CMC de reclamar servicios básicos y considerar el problema como una cuestión de ciudad.