Hacienda concluye el plan de regularización catastral en la provincia sacando a la luz 89.000 inmuebles, cuyos dueños pagarán una media de 150 euros más de IBI y otros 600 en atrasos
Los ayuntamientos se han encontrado con unos suculentos ingresos extraordinarios gracias a las inspecciones que el Ministerio de Hacienda ha estado realizando desde 2014 en la provincia en busca de nuevas construcciones, ampliaciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que hasta entonces eran invisibles a ojos del fisco porque ni sus propietarios ni el ayuntamiento de turno los habían dado de alta, independientemente de si cuentan o no con licencia de obras y cédula de habitabilidad. Después de cuatro años de trabajo de campo, la Dirección General del Catastro ya ha concluido la batida por los 1,8 millones de inmuebles que hay repartidos por toda la geografía malagueña, detectando irregularidades en 88.919 propiedades (un 5% del total) entre nuevas construcciones, ampliaciones y piscinas que, aunque tuvieran licencia de obra, no habían sido declaradas al Catastro, ahorrándose sus dueños el incremento correspondiente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Ahora no será así, y tras abonar al Catastro una tasa de regularización de 60 euros, también se han encontrado con una actualización del recibo de la contribución. No afecta a todos por igual porque varía en función del tipo de construcción y de los metros cuadrados que se le hayan ganado al inmueble, pero la subida media es de 150 euros, a los que hay que sumar otros 600 reclamados por los ayuntamientos en concepto de atrasos de los últimos cuatro ejercicios fiscales, que son los únicos que no estarían prescritos.
En su conjunto, el plan de regularización catastral va a permitirle a los 103 municipios de la provincia recaudar más de 65 millones de euros, un 10% de lo que se embolsan cada año a través de este tributo que es el principal, pero no el único sobre el que se repercute esta actualización de los valores catastrales. Esta variable también se aplica para fijar la cuota de otro impuesto municipal como la plusvalía, que hay que abonar cuando se vende un inmueble o cuando se adquiere por herencia o donación, pero también en otros de ámbito autonómico (Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales) y estatal como el de Patrimonio y el de la Renta (IRPF).
Por tipología, las infracciones de mayor calado a lo largo y ancho de la provincia son las nuevas construcciones, como puede ser levantar una casa o un almacén de nueva planta, que representan un 34,2% de los fraudes detectados. Aunque el 'ranking' lo encabezan las ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles cuya edificación principal sí se encontraba registrada en el Catastro. Un 38,4% de las infracciones afloradas son de este tipo. Otro 21,45% procede de reformas y cambios de uso (cerramientos de terrazas, recuperación de una casa antigua,...), mientras el 5,9% restante lo aportan piscinas que no figuraban en la base de datos estatal
Tipologías
Por municipios, destaca en número Málaga capital con 13.050 regularizaciones, de las que la mitad son por ampliaciones y rehabilitaciones. Sin embargo, en términos relativos, resulta llamativo que el Catastro haya detectado irregularidades en uno de cada diez inmuebles de Álora (2.144 para un total de 19.241), repartidos prácticamente a partes iguales entre nuevas construcciones y ampliaciones. En el desglose por municipios, también es reseñable que tres de cada cuatro infracciones en Vélez sean por levantar inmuebles, la mayoría situados en suelo rústico entre las numerosas aldeas y cortijos de su vasto término municipal. Donde han predominado la construcción de piscinas ha sido en Benalmádena y Cártama, representando una de cada cuatro regularizaciones.
Aunque se trata de un fraude tributario, la regularización no conlleva ninguna sanción. Desde Hacienda remarcan que los 60 euros que se cobran como tasa son para cubrir los gastos de los servicios de inspección con visitas sobre el terreno, ortofotos y drones. En este sentido, cabe recordar que la Ley del Catastro obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes ya sean económicas, físicas o de titularidad, contemplándose multas de entre 60 y 6.000 euros. Pese a esta especie de amnistía, lo cierto es que el afloramiento de estas construcciones puede servir a los ayuntamientos para penalizar obras ilegales. En este caso, el plazo de prescripción es de seis años.
El plan de regularización catastral
- ¿Qué es?
- Es una iniciativa del Ministerio de Hacienda para perseguir el fraude fiscal incorporando al Catastro construcciones de nueva planta o alteraciones de las ya existentes (ampliaciones, reformas o cambios de uso) tanto urbanas como rústicas que no hayan sido declaradas. La finalidad es garantizar que la descripción catastral de cada finca se ajuste a la realidad urbanística, al margen de que la actuación cuente o no con licencia de obras y de habitabilidad
- ¿Cómo se realiza?
- La Dirección General del Catastro actúa de oficio comparando las ortofotos que constan en sus registros con imágenes aéreas recientes (aviones, drones o satélite) para detectar posibles alteraciones. La regularización conlleva el abono de 60 euros para cubrir gastos de inspección.
- Efectos tributarios.
- El incremento del valor catastral del inmueble afecta a impuestos cuya cuota se calcula en función de esta variable. De este modo, repercute en tributos municipales (IBI y plusvalía), autonómicos (Sucesiones y Transmisiones) y estatales (IRPF y Patrimonio). Además de actualizar la cuantía, las administraciones pueden reclamar los atrasos de los últimos cuatro años, que son los únicos que no estarían prescritos.
- Otras afecciones.
- El valor catastral también se tiene en cuenta para diversas ayudas públicas tales como acceso a VPO, becas de estudio, subvenciones de comedores sociales o accesos a residencias.
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