Como bien podiamos leer en el Diario Córdoba del 24 de Julio, el Decreto de la Junta tendrá menos repercusión en Córdoba (ver artículo).
El borrador del decreto que se publicará en otoño pretende facilitar los servicios mínimos a las zonas no ubarnizadas pero no sin objetar algunos impedimentos tales como la exclusión de las "zonas inundables". Este plan apenas afectará a la capital, pero si a las parcelaciones periféricas y al resto de la provincia que no se consideren inundables.
El Delegado Provincial de Obras Públicas, Francisco García, considera que Córdoba no se verá demasiado afectada por el PGOU, aunque ya se hizo un inventario y clasificanción de toda la casuística, tratándose tanto de parcelaciones legales como ilegales pero que no sean inundables. No excluye los nuevos núcleos que hayan surgido después de este análisis.
A su vez, el plan afectará a provincias menos ordenadas como Málaga, Almería y Cádiz, cuyos ayuntamientos deben llevar a cabo estos estudios de sus casuísticas.
Mediante este borrador del Decreto, las casas ilegales que no se pueden ni derribar ni legalizar y que han pasado cuatro años en la preinscripción en tareas de disciplina urbanístina, pasen a ser consideradas en el regímen fuera de ordenación.
Esto beneficiará a los incluídos en este régimen de los servicios mínimos de abastecimiento de agua, luz, alcantarillado y recogida de basura aunque seguirán siendo ilegales. Si las viviendas han sido cosntruidas en suelo protegido o con riesgos naturales (zona inundable, por ejemplo) pueden ser derribadas.
El decreto distingue entre edificaciones aisladas, asentamientos y hábitat rural diseminado. Los dos primeros casos son los más frecuentes en la geografía cordobesa. El borrador deja claro que los problemas de los asentamientos solo pueden ser resueltos por los PGOU, por lo que el simple hecho de quedar como asimilados al fuera de ordenación "no acredita la posibilidad de acceso a los servicios básicos". Hay condicionantes.
Aquellas viviendas que tengan la consideración de aisladas y sean ilegales pueden quedar en régimen fuera de ordenación, con capacidad para mantener su situación jurídica aunque podrán tener servicios básicos siempre que no haya riesgo de formación de núcleos urbanos. Esto excluye a las que no dispongan de acceso a redes de infraestructuras, que tendrán que abastecerse de forma autónoma. El Ayuntamiento otorgará un plazo de 6 meses con una resolución en la que reconocerá a aquellas viviendas que puedan demostrar que reúnen las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad, aunque no obtendrán licencia de ocupación. Aquellas casas que no tengan acceso a redes de infraestructura ya pueden darse prisa en cumplir los requisitos mínimos para ser reconocidas por el Ayuntamiento y no ser derribadas.
En los asentamientos urbanísticos, serán los propietarios quienes se hagan cargo de los gastos de urbanización e abastecimiento de infraestructuras, debiendo incorporarse al PGOU como suelo urbano no consolidado o urbanizable, aunque se tendrá en cuenta el grado de consolidación de las edificaciones y su continuidad con la ciudad.
Será labor de los distintos ayuntamientos elaborar un inventario dichos asentamientos y realizar un diagnóstico, así como un estudio de viabilidad. Además, el PGOU fijará las medidas, plazos e infraestructuras que deben ejecutarse para lograr los servicios básicos. El borrador aconseja incluso el sistema de cooperación para urbanizar, el cual el PP prometió durante su candidatura antes de ganar las pasadas elecciones.
El borrador obliga a los municipios a elaborar sus planes de inspección urbanística, con memoria, inventario, objetivos, plan de etapas y programa de seguimiento.En boca del citado García, el Decreto "es una herramienta que mejora lo que hay, pero no posibilita nuevos asentamientos ni cierra la LOUA", sin embargo, no resuelve la situación de "las zonas inundables", que, en sus palabras, "deben erradicarse".
En el artículo de esta noticia publicada en el Diario Córdoba y que aquí reproducimos, quedan comentarios para todos los gustos de los lectores, algunos opinan sensatamente que deberían legalizarse las parcelaciones para que los impuestos ayudaran a solventar la crisis. Otros consideran que "se está regalando el dinero a unos chupasangres, y que hay muchos edificios que reparar antes", esto no sucedería si a los "parásitos" nos dejaran pagar impuestos en las mismas condiciones que los dueños de estos pisos que se caen a pedazos, pero no nos dejan, y también ha costado mucho dinero levantar las casas, nada ha sido regalado. Otros que confunden a los parcelistas con perolistas creen que no estariamos dispuestos a pagar y quieren que nos hagamos cargo con carácter retroactivo del IBI, ¡pobre confusos que desconocen que este IBI ha sido pagado por muchos siendo ilegales, incluso el ICO! Y sigue habiendo quien piensa que a los inundados nos arreglan la casa y nos la ponen de lujo. ¡Maldita ignorancia y cochina envidia, como se diría antaño!
(Ver siguiente noticia) Es comprensible que los parcelistas desconfíen de este Decreto y tengan que hacer frente a las duras críticas de sus conciudadanos que se olvidan que la situación de ilegalidad afecta a un gran porcentaje de la población que tiene su vivienda habitual en estas parcelaciones y que sería imposible ubicar a todo este excedente de población en el suelo urbano y urbanizable. La sociedad debería comprender que las poblaciones crecen y, por tanto, el territorio que ocupan, es decir, las parcelaciones son una respuesta a esta situación.
Lo comentado a lo largo de esta publicación del blog, nos hace levantar la voz de los afectados por las inundaciones provocadas por la mano del hombre, nos sentimos discriminados y desconfiamos de esta normativa que nos excluye.
(Más sobre el Decreto)La Plataforma manifiesta su recelo ante la propuesta de VPO y las exigencias a las familias afectadas, pues las condiciones no son suficientemente conviscentes para ser aceptadas por familias que han de abandonar sus viviendas y correr con los gastos de derribo para recibir una pésima ayuda en estos tiempos que corren. Estamos atentos al Decreto, aunque ya se sabe que no servirá de mucho en nuestro caso, por lo que podíamos leer en la anterior noticia del Diario Córdoba.
Hemos hecho llegar nuestra desconfianza a los periódicos, como pueden comprobar en el enlace a la noticia de ABC. La situación está bastante normalizada, exceptuando a la zona de Guadalvalle, la Plataforma demanda la continuación de la escollera que AENA construyó para proteger al aeródromo cordobés de las posibles inundaciones, siendo uno de nuestros objetivos conseguir infraestructuras que garanticen la seguridad de los afectados, aunque tampoco vamos a dejar de lado nuevos avances que nos repercuten como es el mencionado reglamento. Aunque este evita que los parcelista que tenga que derribar sus viviendas puedan solicitar una VPO sin pasar por Registro de Demandantes, los afectados no van a renunciar a sus casas para pagar un alquiler sometido a una ayuda irrisoria por un breve período de tiempo y, además, correr con los gastos del derribo de sus sueños.
Sin embargo, es esta publicación seguimos escuchando la voz de aquellos que se oponen a los parcelistas olvidando que muchos de ellos tienen escrituras de sus parcelas y de sus casas, a pesar de estar en zonas no urbanizadas, y para los que piden legalidad, esas escrituras permiten a una persona tener su propia casa en esas parcelas que han sido inundadas y que nunca habían estado en zona inundable. Es más, aquellas parcelas ilegales pagaron el ICO, impuesto de construcción y algunas tuvieron licencia de obras concedida por el Ayuntamiento ¿de quién es la culpa? Todos somos contribuyentes.
