Reclaman tener conexión a la red de agua potable y que se agilicen los procesos de regularización.

TRINIDAD PERDIGUERO | ACTUALIZADO 27.09.2016 - 10:46

Un grupo de vecinos y presidentes de parcelaciones que están pendientes de regularizarse en Carmona han convocado una manifestación para el próximo sábado, 1 de octubre, que terminará ante el Ayuntamiento. Se trata de la primera protesta que se convoca en uno de los municipios con más construcciones de este tipo, casi una treintena de urbanizaciones que suman más de 5.000 viviendas y que desde hace años intentan normalizar su situación. Según informó ayer Luisa Gómez, presidenta de La Celada, el principal detonante vuelve a ser el agua y recuerda que la mayoría de los parcelistas pagaron hace años para llevar las construcciones del Consorcio del Huesna hasta las urbanizaciones, pero se ha quedado a las puertas. Ni siquiera llega a puntos concretos de los que puedan abastecerse, a pesar de que la Junta ha prohibido el consumo del agua contaminada de los pozos, y son ya, en muchos casos, viviendas de primera residencia. 

Los convocantes reclaman que el Ayuntamiento garantice ese suministro. También demandan conexión con transporte público y que se agilicen los procesos para que puedan regularizarse. "Aunque sabemos que este es un problema que viene de antiguo, pues muchas de las urbanizaciones tienen casi 40 años de existencia, lo cierto es que los años pasan y no existen soluciones del Ayuntamiento, ni de técnicos ni de políticos, ni de las demás administraciones que palien las lamentables circunstancias en las que vivimos los residentes de más de 5.000 viviendas", destacan los convocantes. 

Aseguran que ni siquiera la última modificación de la Junta para que estas parcelaciones puedan ser recepcionadas por fases -sin que tengan que estar hechas todas las infraestructuras - ha agilizado los procesos en Carmona, por lo que reclaman que la Junta asuma esas competencias urbanísticas. La manifestación se acordó el pasado jueves, en una reunión a la que asistieron presidentes y vecinos de distintas urbanizaciones, como Pradollano, El Corzo, El Socorro, Los Nietos, Las Nietas, Entrearroyos o Torrelaguna, entre otras, pero hay otros vecinos que no se han sumado. 

En este sentido, el Alberto Sanromán, concejal del gobierno local del PP en Carmona, anunció ayer que el alcalde, Juan Ávila, va a mantener en estos días reuniones con los presidentes de las parcelaciones, porque considera que se esta tergiversando la capacidad real que tienen para intervenir en estos casos. Aclara que el Ayuntamiento no es responsable del suministro de agua en suelos no regularizados y que, si bien, en julio, se aprobó la modificación Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que las urbanizaciones se puedan regularizar por fases, la presentación y financiación de los proyectos sigue correspondiendo a los propietarios. También en el caso del agua que se denuncia. Sólo con las conducciones hechas, el Ayuntamiento puede, legalmente, recepcionar parcialmente y dar licencias provisionales de ocupación para contratar suministros básicos. 

Sanromán insiste en que la LOUA deja claro además que excepciones como las declaraciones de Asimiliado a Fuera de Ordenación sólo son posibles para viviendas aisladas, sin expedientes abiertos y que no estén en suelos protegidos o inundables, pero las descarta para los asentamientos urbanísticos, que representan el gran problema de Carmona. En la misma línea, recordó que los integrantes del anterior gobierno socialista están denunciados, precisamente, por intentar recepcionar una conexión de agua potable antes de que estuviera completado el resto de la urbanización y la reforma legal que permite fasear esos procesos, por lo que no
pueden saltarse la ley.

Vecino

Vecinos de diversas urbanizaciones de Carmona protestan ...

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Nos hace bastante gracia el encabezamiento de este articulo, "un grupo de vecinos" y presidentes de parcelaciones.                                                                                                                                                         

Como si se tratara de una partida de dominó, entre cuatro vecinos y sus representantes, si se habla de una treintena de parcelaciones y más de 5.000, viviendas, habrá que darle la importancia que tiene.

Desde CALU, APAIG y, todas las asociaciones que la componen están trabajando para que afectados de diferentes zonas de Andalucía, se movilicen junto a los afectados de CARMONA.

Los vecinos tienen que perder el miedo a manifestarse por sus derechos, en algunos casos soportando la situación entre treinta y cuarenta años, "TODA UNA VIDA" ya está bien.

Todo ser viviente tiene derecho al agua, aves, mamíferos, insectos, etc.

VECINAS,VECINOS, solo tenemos esta vida, Debemos de luchar por hacerla digna, por nosotros y nuestros hijos, NO, les dejemos la herencia de vivir con esta lacra.

Sobre todo No, les dejemos la herencia del sometimiento y el conformismo.

Prediquemos con el ejemplo.

Nuestros hijos se lo merecen.

Paco León.   

EL PLENO MUNICIPAL SUSPENDIDO POR FALTA DE SERVICIOS BASICOS (CÓRDOBA)

QUIEN AVISA NO ES TRAIDOR.


Lamentable,  es una pena que miles de familias tengan que vivir pendientes de una decisión política
Pero mucho más lamentable es que estos políticos que nos representan, sean  personas sin sensibilidad alguna ante la miseria y calamidades que están padeciendo estas familias.

Familias que con su trabajo diario están contribuyendo al desarrollo de las ciudades, que a través de sus impuestos colaboran en la mejora de las deficiencias de sus pueblos o ciudades, además de pagar a todos estos políticos sus desorbitados sueldos y mantenimiento de sus gastos.

Personas sin escrúpulos, que no les tiembla la mano a la hora de poner multas imposibles de pagar aunque vendan todas sus propiedades.
No les importa nada que derriben sus viviendas aunque sean la única que tengan, no les importan que
haya personas que enfermen al tomar agua contaminada, no les importan que personas dependientes de maquinas para poder seguir viviendo no tengan la energía eléctrica, no les importan.... no les importan... no les importamos nada.

Porque mandan partidas de dinero al extranjero para paliar inundaciones, para ong. Para sindicatos diversos, etc. etc.
Se preocupan muy y mucho de enviar esas partidas, a saber quien las recibe y como las administran, pero no se preocupan de los que verdaderamente tienen que hacerlo y es de todas estas familias que aportan para que ellos después despilfarren el dinero, nuestro dinero, buscando no sabemos que intereses.

Desde APAIG. CALU, y otras asociaciones observamos como la situación se está haciendo insostenible para todas estas familias afectadas.

Las manifestaciones en Córdoba son solo el comienzo de lo que va a suceder en toda Andalucía si estos representantes que se dicen del pueblo, no trabajan para dar una solución al problema.

El día uno de octubre, habrá otra manifestación en Carmona, Sevilla y, poco a poco en todos las zonas de Andalucía.

EL PUEBLO ESTÁ HARTO YA, NO QUEREMOS POLÍTICOS CORRUPTOS Y VIVIDORES,
QUEREMOS VERDADEROS POLÍTICOS QUE TRABAJEN PARA LOS CIUDADANOS.

Paco León.

La marcha parcelista colapsa el centro de Córdoba

Alrededor de un centenar de vecinos de las urbanizaciones ilegales reclaman agua y luz cortando con sus coches Ronda de los Tejares y concentrándose en la esquina con Gran Capitán

Cuatro meses después de iniciar sus protestas, los parcelistas de las urbanizaciones ilegales han vuelto a colapsar el centro de Córdoba cortando y limitando la circulación por Roda de los Tejares y Gran Capitán. Alrededor de un centenar de vecinos de las urbanizaciones ilegales han reclamado agua, luz y servicios básicos aparcando unos 50 coches en mitad de la calle y concentrándose en la esquina de El Corte Inglés.
“El Ayuntamiento tiene que presionar a las instituciones autonómicas que son de su mismo partido [PSOE] para que hagan todo posible para ayudar a las 20.000 familias que vivimos en condiciones infrahumanas”, ha dicho el portavoz de los vecinos, Rafael Salazar. El líder de las protestas protagonizó el viernes pasado un acalorado Pleno municipal que obligó a cortar por los gritos y abucheos que profirió. “vamos a seguir acudiendo a todos los Plenos hasta que se nos escuche”, ha insistido.

Marcha parcelista por el centro de Córdoba | MADERO CUBERO

Salazar ha vuelto a repetir las mismas consignas que lleva pronunciando desde hace cuatro meses, cuando los parcelistas reimpulsaron sus demandas históricas al ver que la nueva ley autonómica no daba respuesta inmediata a su petición de agua. “Pagamos más IBI que la mayoría de los cordobeses porque nuestros terrenos se catalogan de urbanos pero de media tenemos que desplazarnos un kilómetro para poder llenar las garrafas de agua en fuentes públicas”, ha explicado.
Los parecelistas siguen reclamando un encuentro con la alcaldesa, Isabel Ambrosio. “Antes del verano le hicimos una serie de peticiones y se nos dijo que se responderían por escrito pero no hemos tenido noticias de ellas y seguimos igual. Salazar sabe que legalmente el Consistorio no puede ofrecer unos servicios que no cuentan con el amparo legal de la Junta. “Tienen que estar con nosotros para dar respuesta a estas 20.000 personas”, ha repetido.
La marcha contó con la participación de un nutrido grupo de representantes del Círculo de Poniente de Podemos, que apoya la reivindicación de los vecinos de las urbanizaciones fuera de ordenación urbanística, levantadas sin control en los años ochenta y noventa.
La Federación de Córdoba Extrarradio y la Asociación de Propietarios Nuevo Higuerón acordaron este martes en una reunión seguir con la movilizaciones. De esta forma, anunciaron que acudirán a todos los plenos del Ayuntamiento de Córdoba “a protestar por la situación infrahumana” que dicen padecer. Asimismo, piensan convocar movilizaciones callejeras como las de hoy cada dos semanas. Los parcelistas avanzan que seguirán protestando “hasta que las administraciones competentes ponga fin al problema” que dicen sufrir 20.000 familias.

Coave denuncia la falta de un Plan de Infraestructuras para los diseminados

La Plataforma de Afectados por Multas Coercitivas pide que se paralicen los expedientes

Carlos Benjumeda el Puerto | Actualizado 22.09.2016 - 09:17

La Plataforma de Afectados por Multas Coercitivas, a través de Coave, ha insistido en la necesidad de diseñar algún procedimiento para la paralización de los expedientes y multas coercitivas, "los embargos, retenciones de nóminas, derribos e incluso las condenas de cárcel", situaciones que se producen con el Plan General (PGOU) aprobado desde diciembre de 2013. 

Los afectados se reunieron para analizar la Ley 6/2016 de agosto, que modifica la LOUA. No obstante, tras analizarla concluyen que con la modificación de dicha ley, "no se soluciona nada de los problemas que nos aquejan", entre ellos que las viviendas que están situadas en terrenos que han cambiado su calificación siguen con la misma problemática que antes a de la aprobación del Plan General de El Puerto.

Por ello, Coave vuelva a demandar la redacción de una LOUA "que resuelva las necesidades de miles de familias, de El Puerto y el resto de Andalucía, que dé solución a unos ciudadanos que malviven en un desamparo impropio de un Estado de Derecho. Las leyes actuales -añaden- nos impiden derechos básicos de nuestra Constitución, como agua potable, alcantarillado o electricidad". Reclaman a los políticos que ante los problemas derivados de los expedientes y multas coercitivas, "tengan la capacidad de paralizarlos cautelarmente, hasta que podamos regularizar y legalizar nuestras viviendas, como ya lo contempla el PGOU".

La Plataforma de Afectados por Expedientes y Multas Coercitivas de las viviendas ilegales insiste en que la nueva Ley 6/2016 da una "salida a medias" a aquellos vecinos que compraron viviendas en suelo no urbanizable "de buena fe". Por contra, la ley viene a eximir "a todos los responsables que permitieron las reparcelaciones e incluso las construcciones y los que construyeron con fin lucrativo, que finalmente vendían viviendas sin la licencia de ocupación. En definitiva, la propia administración colaboró en el engaño a los compradores de buena fe", sostienen. Muchos de esos compradores con viviendas en terrenos de especial protección, "nunca serán legalizadas, y la única solución es el derribo, eso sí, serán indemnizados, aunque no se sabe por quién".

Por otra parte, la Plataforma ha criticado que "no interesa que se consolide el PGOU", ya que hasta la fecha no tienen conocimiento del desarrollo del Plan de Infraestructura que debe vertebrar todos los diseminados previstos en dicho Plan, de manera que las juntas de compensación que se están constituyendo "ven frenados los trabajos para la regularización, ya que no existen ni estén previstas las conexiones a los sistemas generales, provocando que los vecinos no pueden tramitar la documentación e impidiendo la regularización y legalización de viviendas, lo que pondría fin a los expedientes y multas coercitivas". A esto hay que sumar según la Plataforma que el Plan General "es muy difícil llevarlo a la práctica, puesto que son millones de metros cuadrados para urbanizar y pocas viviendas para soportar el coste de dicha urbanización". La Plataforma concluye que "nada funciona, solo los expedientes, multas coercitivas, embargos de nóminas, subastas de las viviendas, derribos y sentencias de cárcel". Por último, critican que "ni los asesinos tienen penas a perpetuidad pero nosotros parece ser que sí", y advierten que "más pronto que tarde esto estallara, porque son más de 400.000 viviendas afectadas en Andalucía".