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lunes, 16 de junio de 2014

CUANDO LA IGNORANCIA Y LA MALDA SE UNEN FORMAN A UN PERIODISTA LLAMADO FELIX RUIZ CARDADOR.


Este articulo no merece más comentario que el del titular de nuestro blog.


El Día de Córdoba

Parcelas: hacia la 'solución final'


Urbanismo. La resolución y legitimación del fenómeno del parcelismo irregular se acerca tras años y años de debilidad y flexibilidad ética de los poderes públicos

FÉLIX RUIZ CARDADOR | ACTUALIZADO 15.06.2014 - 07:30
L OS parcelistas, esa otra Córdoba, se reunieron ayer en cumbre ortodoxa en el Centro Cívico de El Higuerón para debatir sus cuitas, aunar criterios y negociar con la autoridad competente, que acudió allí con variada tonalidad política. No es que entre los propietarios se maneje un proyecto común de ciudad, sino que para salvar cada uno su caso particular y abaratar el asunto saben desde hace mucho que su mejor baza es presentarse en bloque, y en eso andan. Luego, cuando cada uno resuelve lo suyo, pues se disgrega del grupo y tal, cosa lógica ya que el parcelismo irregular no es una ideología, ni una filosofía ni una creencia. Es simplemente lo que es: ahora todos juntos y luego cada cual a su barbacoa de obra y a su piscina construida a ratos los domingos con, eso sí, no poco esfuerzo. En fin, que en su día les dejaron construir donde les salió de las narices y ahora, pragmáticos, utilizan los argumentos que pueden y las armas que tienen para conseguir sus objetivos iniciales: tener casita campestre y servicios básicos cerca de la urbe y con un coste que de otro modo, ateniéndose a las normas, no habrían podido conseguir. Pura esencia humana en su versión más comprometida con el yo y menos comprometida con el nosotros. Aunque ellos los negarán, muchos somos los que pensamos que el asunto no tiene más lecturas posibles. 

La solución final, en todo caso, se acerca. Políticos de variado signo, pero de similar comportamiento, han pasado en los últimos lustros por las dependencias de Urbanismo ostentando bastón de mando y, al final, la esencia de sus manejos ha sido siempre medio que la misma. En un principio fue la permisividad más absoluta con un fenómeno que amenazaba al entorno no urbanizable de Córdoba hasta límites grotescos (aeropuerto, Medina Azahara, río); luego, el pavor a adoptar cualquier decisión que sirviese para que esta ciudad retomase las riendas de sus intereses comunes urbanísticos por encima de los intereses de unos cuantos. La mano dura, con suma tardanza, ha llegado al fin, y ahí andan fiscales y jueces tratando de ejemplificar cuando pueden e intentando que este fenómeno no vaya más allá de lo que ya fue. La herencia del parcelismo quedará sin embargo por muchos años indeleble en todas esas urbanizaciones un tanto caóticas que crecieron como champiñones mientras sólo los ecologistas y unas cuantas voces éticas y marginadas daban la voz de alarma y avisaban de los desastres del mañana (¿se ha hecho algo, por cierto, en las viviendas inundables?). 

Lo peor del parcelismo irregular, sin embargo, no es ya la triste herencia que deja en el urbanismo de amplias zonas de la ciudad. No es esa Córdoba un tanto destartalada sin orden ni concierto en la que cada cual construyó como le venía en gana hasta hacer de aquello un pastiche en el que convive lo rústico, lo desmadejado y lo hortera. Lo peor, sin duda lo peor, es que este fenómeno ha demostrado la escasa credibilidad de unos poderes públicos timoratos y cuyo único criterio es calcular los efectos electorales de cada decisión que toman. El relajo ético del poder, que en casos así, cuando mucha gente se une y amenaza con un desplante en las urnas, se olvidan de los intereses generales y se pliegan a lo que sea menester. Faltaría. 

Lo que ahora negocian los parcelistas no es sino más de lo mismo. Ayer, de hecho, salieron muy contentos, pues la Gerencia ha decidido facilitarles aún más las cosas para poder contar con servicios y le ha propuesto una rebaja en los procesos de urbanización que asciende en muchos casos a miles de euros de reducción. Los parcelistas, por supuesto, quieren limar aún más y dejar la cosa más ajustadita, y lo más probable es que así sea pues lo que observa en la clase política actual es una especie de unidad a la hora de entender que este es un problema, una cruz heredada o no tanto, que no tiene más solución que sacarse hacia adelante como sea. Habrá grandes beneficiarios, por supuesto, ya que en unos años algunos podrán poner a la venta sus casas con enorme beneficio. 

En fin, que esto es lo que hay tras tantísimos dimes y diretes y ahí quedará por siempre ese monumento disgregado a la permisividad y la flexibilidad moral de los que deberían mirar por la ciudad que los votó. Flexibilidad, por cierto, fue la palabra que los mismos parcelistas utilizaron para definir lo que ahora están encontrando en quienes mandan en esto del urbanismo. 

Lo curioso es que algunos incluso piensan que el punto final al fenómeno parcelista es esto que ahora vivimos, cuando eso, visto lo visto en nuestra historia reciente, debería considerarse cuando menos dudoso. Ahora no hay un duro y no construye nadie, pero cuando amaine el temporal ya veremos. Cuando se muestra la debilidad que por aquí se muestra, las tragaderas, lo normal es que la gente tome nota y guarde memoria para el futuro. En todo caso, ahí estarán por largos años las parcelas, los chaleses, las barbacoas de obra, para recordarle al personal que siempre hay un camino para construirse un futuro de lo más molón tocando las teclas del piano adecuadas. Y mientras tanto miles y miles de cándidos cordobeses pagando nuestras hipotecas, impuestos y alquileres con religiosidad cartuja. Santos somos, santos.


viernes, 13 de junio de 2014

Mijas responsabiliza al PSOE de demoliciones de construcciones irregulares que se den en el futuro


Tribuna SUR Andalucía
| Mijas | 09 Junio 2014 20:28 hrs.


Ayto Mijas
Las políticas preventivas e informativas del actual ejecutivo están dando sus frutos en esta materia, ya que, desde que empezó el año, se han reducido a la mitad los precintos de obras mensuales 


El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, ha valorado hoy la política de inspección urbanística que ha planteado el actual equipo de Gobierno durante los tres años de mandato del equipo de Gobierno de Ángel Nozal. En este sentido, indicó que las acciones preventivas e informativas auspiciadas por el actual ejecutivo están propiciando que los ciudadanos se conciencien de la necesidad de tramitar las licencias y permisos municipales oportunos, lejos de lo que practicaron los anteriores gobiernos del PSOE, que según el edil, “son los únicos responsables de las posibles demoliciones que se vayan a ejecutar en el futuro por no ejercer una regulación de la construcción” durante sus años de mandato.
“El PSOE de Mijas es el único responsable de que en el futuro se tengan que demoler algunas construcciones en el municipio. Cuando se ha omitido la responsabilidad de precintar obras irregulares para evitar daños futuros y se actúa de una forma incoherente, como hizo el PSOE de Mijas a partir de 2003, dejando que se construyan miles de viviendas en el campo, la responsabilidad también es de quienes lo permitieron, es decir, de los anteriores gobernantes del PSOE de Mijas”, dijo Navarro.
Por el contrario, el titular municipal de Urbanismo explicó que la política que ha llevado a cabo el ejecutivo de Nozal ha consistido en un mayor control preventivo de las obras que se han realizado en el término municipal. Así por ejemplo, los actuales mandatarios habilitaron a la Policía Local las funciones de ordenar la paralización y precinto de los trabajos que no cumplieran con los requisitos legales o no contaran con los permisos municipales necesarios.
Asimismo, desde el Gobierno local han insistido, a lo largo de estos dos años, se lanzaron intensas campañas de información acerca de la tramitación necesaria para realizar una obra nueva, de remodelación o menor de una construcción.
Todas estas actuaciones preventivas e informativas han redundado, según Navarro, en un descenso del número de medidas coercitivas, desde que comenzó el presente año. Y es que, como prosiguió, de las 37 acciones realizadas por el departamento de Disciplina Urbanística durante el pasado mes de mayo, solo tres correspondieron a órdenes de nuevos precintos, “cuando lo habitual era tener cerca de diez al mes desde que habilitamos a la Policía Local para que pudiera precintar obras”, en abril de 2012.
“Estamos muy satisfechos porque los ciudadanos parecen estar captando el mensaje, ya que las cifras son muy positivas. Sin duda, este cambio de actitud obedece al intenso trabajo de prevención, información y concienciación que ha planteado el equipo de Gobierno desde que asumió el poder del Ayuntamiento”, manifestó.
Así, el resto de las 37 intervenciones de los inspectores y agentes municipales durante el pasado mes corresponde al control de precintos ya establecidos y al levantamiento de actas por no contar con permiso municipal o acometer actuaciones fuera del proyecto inicial presentado en el Consistorio.
En total, y desde abril de 2012, se han realizado 733 actuaciones en materia de disciplina urbanística. De ellas, 346 fueron por no contar con licencia de obra aunque se solicitó en los cinco días siguientes, por lo que evitaron el precinto. Sin embargo, 112 no lo hicieron a tiempo y tuvieron que ser precintadas, si bien, este número está decreciendo “mes a mes hasta llegar a la mitad”, tal y como indicó el propio Manuel Navarro. De hecho, ha habido meses en los que se han contado más de 20 precintos.
“Todos estos precintos han sido de zanjas o inicios de trabajos porque el objetivo de este equipo de Gobierno ha sido siempre evitar que las medidas coercitivas lleguen cuando ya no hay otra opción que demoler. Esa es la diferencia con el PSOE: ellos dejaron hacer y no se preocuparon por las nefastas consecuencias, mientras que nosotros hemos optado por evitar dramas”, concluyó el edil

AUAN avisa de "nueva ola de damnificados" por casas irregulares y pide cambios penales para evitar derribos


Agencia Europa Press. Noticias e información de actualidad

ALMERÍA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN), que aglutina a ciudadanos británicos residentes en la provincia de Almería, ha tildado de "insensatez" que el "verdadero" perjudicado en los procedimientos penales abiertos por la construcción de viviendas en suelo no urbanizable sea "la víctima, comprador de buena fe" que ve como es demolida su propiedad y ha advertido de que "está viniendo una nueva ola de damnificados, ciudadanos belgas".
   En un comunicado, han indicado que, pese a que la Fiscalía pida, al mismo tiempo que el derribo, que el promotor proceda a indemnizar a los compradores de las viviendas declaradas ilegales, y el juez así lo determine, "la técnica habitual parece ser la de demoler primero y dejar que las víctimas inicien una lucha incierta e insegura para tratar de obtener la indemnización tan alegremente ordenada".
   "El problema es que, como hemos visto en el municipio de Cantoria, en la práctica, los afectados se suelen quedar sin casa y sin dinero", ha trasladado la presidenta de AUAN, Maura Hillen, quien ha exigido que se modifique en el Código Penal el artículo 319.3 "que está dando lugar a insensatez", según ha remarcado para recordar que en una reunión mantenida recientemente europarlamentario, Esteban González Pons, "nos prometió estudiarlo y aún no sabemos nada".

   Hillen ha criticado, asimismo, que el PSOE "haya prometido en prensa hacer cambios normativos" para paliar la actual "inseguridad jurídica y urbanística" que se da pero que "aún estemos a la espera de resultados concretos cuando las víctimas que acudirán a juicio el próximo viernes pueden obtener resultados nefastos", ha dicho en alusión a la vista oral en la que está encausado el exalcalde de Partaloa Federico Molina.
   Por otro lado, el abogado de AUAN, Gerardo Vázquez, ha indicado que los afectados por el procedimiento penal contra las 29 viviendas del Residencial Retamar, también en Partaloa y cuyo juicio está pendiente de señalamiento, "han comprado recientemente y se han encontrado con la sorpresa de esta mala noticia".
   "Uno de los problemas que existen es que estos procedimientos penales no suelen inscribirse en el Registro de la Propiedad y ellos tienen sus escrituras, todo con una apariencia de legalidad, por lo que se ha inscrito su casa en el Registro de la Propiedad sin rastro del procedimiento penal. Obviamente aquí, parece existir un problema de seguridad jurídica", ha lamentado Vázquez.
   Hillen ha señalado con respecto a este caso los propietarios son ingleses que compraron en primera instancia y belgas mayoritariamente. "El problema, como ya hemos dicho, es que si el procedimiento no se ha inscrito en el Registro de la Propiedad, pues entonces es posible que las casas hayan pasado de manos durante la tramitación del procedimiento, y ahora los que están comprando son belgas", ha indicado.
   También ha hecho alusión a que, a la hora de personarse en la causa, lo habitual "es que no se les pueda localizar, o que no entiendan muy bien de qué va el asunto, por lo que piensan que simplemente con aparecer en el juzgado en persona es suficiente y no lo es". "No es suficiente simplemente presentarse en el juzgado, hay que nombrar abogado y procurador, pues de lo contrario, lo habitual es que el perjudicado ni se entere de la celebración del juicio", ha concluido.

martes, 10 de junio de 2014

Ordenan derribar una casa ilegal en un paraje con otras 16 viviendas



La Voz de Almería

La Audiencia afirma que “la existencia de otras construcciones ilegales” no impide la demolición
Javier Pajarón   [ 10/06/2014 - 12:38 ]

Paraje afectado en Pechina  [ La Voz ]
José Moreno y su familia residen en un pequeño cortijo a las afueras de Pechina, una finca a los pies de la autovía en un paraje conocido como Camino Vía Baños. La propiedad guarda una casa baja, un pequeño huerto de subsistencia y un espacio para el aparcamiento en la entrada. No es la parcela más grande ni la vivienda más espectacular de la zona, repartida en pequeñas explotaciones y casas de campo, pero hoy afronta en solitario el peso de la normativa urbanística.

Una sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería ordena la demolición del inmueble por levantarse en “terreno rústico no urbanizable”. Es una vivienda ilegal, levantada sin autorización municipal, en una zona agrícola y, por tanto, condenada al derribo, resume la sentencia.

Sin embargo, el problema surge en el entorno. El paraje Camino Vía Baños de Pechina está cubierto de viviendas unifamiliares rodeadas de cultivos, generalmente de pequeñas huertas, levantadas en terrenos rústicos, pero sólo consta la condena a José Moreno por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio.

Según un informe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía (Policía Autonómica) del año 2007, incluido en el procedimiento, en la zona existen otras 16 viviendas en suelo “rústico no urbanizable”, aunque “se desconoce su situación legal al no haberse recibido informe del Ayuntamiento de Pechina”.

La casuística es muy amplia, aunque la mayoría de las parcelas cuentan, desde el punto de vista de la catalogación administrativa, con un “uso para cereal de secano y pastos”. Además, entre estas viviendas se incluye una propiedad que la Unidad Adscrita a la Junta aseguraba que “pertenecería a Miguel Cazorla”, ex concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería por aquellas fechas.
El concejal, referencia
A pesar del contexto urbanístico,  el Juzgado de Instrucción número Dos de Almería habría diligencias contra José Moreno por un delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía pidió un año y tres meses de cárcel contra el almeriense por construir sin licencia en terreno rústico (no estaba protegido), así como una multa económica.

Ahora bien, el Juzgado de lo Penal número Dos de Almería celebró un juicio y absolvió al acusado por varios motivos. El tribunal consideró que “no existió dolo” porque José Moreno desconocía que el suelo fuera “no urbanizable” y había mantenido un conversación con el alcalde del municipio donde le informó de que no existían problemas para la construcción en el año 2006 (dio de alta el suministro de agua).

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número Dos estimó que la presencia de un inmueble vecino de un concejal era, para una persona de escasa formación, un argumento de confianza sobre la legalidad de la obra. Alude a la presencia de la supuesta casa de Cazorla. “Entendemos que para una persona poco instruida como es el caso, sea dicho con todos los respetos, que la vivienda situada enfrente sea propiedad de un miembro del Ayuntamiento, ha de llevarle lógicamente a aquella conclusión (la legalidad)”, señala la primera sentencia.
Recurso y condena
El fallo fue recurrido por la Fiscalía, que a principios de marzo comunicó la revocación. La Sección Primera de la Audiencia Provincial consideraba que finalmente sí se cometió un delito. Para el tribunal presidido por la magistrada Lourdes Molina, el desconocimiento de la ley no impide la condena y, por tanto, José Moreno es obligado a tirar su vivienda. Tendrá un plazo de dos años y correrá con los gastos de la demolición, peritados inicialmente en más de 4.400 euros.

No obstante, la propia sentencia de la Audiencia señala la posible la existencia de otras viviendas irregulares en el paraje Camino Vía Baños, aunque no haya intervención judicial. Siempre según la sentencia, el tribunal matiza que “no puede ser causa impeditiva del derribo la existencia de otras construcciones ilegales”. “Aquel a quien se le aplica la ley no puede considerar violado el derecho a la igualdad por el hecho de que la ley no se aplique a otros que también han incumplido”, expone la resolución.


Así pues, la Audiencia Provincial condena a José Moreno, sin antecedentes penales, a un año de cárcel, al pago de una multa económica de 2.160 euros y a correr con los gastos de la demolición, fijados exactamente en 4.434,06 euros.

http://www.elalmeria.es/article/provincia/1790866/fiscal/pide/la/demolicion/trece/viviendas/ilegales/la/piedra/amarilla.html#



lunes, 9 de junio de 2014

REUNION DE SOHA, CON REPRESENTANTES DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA JUNTA


SOHAlogoC



El próximo día 19 de Junio, se volverán a reunir los compañeros de SOHA, con representantes de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del territorio.

En esta reunión se dejará muy claro por parte de SOHA, que no están solos que además de los afectados de SOHA, también representan a todos los afectados de Andalucía, que componen la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanistica. (CALU).

Pedirán una reunión con todos los colectivos que forman CALU, puesto que es la única forma de poder resolver el problema a nivel de Andalucía, no se pueden reunir con un colectivo aquí, una asociación de vecinos allá, e intentar dividirnos y no solucionar nada.

Si ellos no están por la labor de solucionar nada, los afectados tendremos que tomar otras medidas.


viernes, 6 de junio de 2014

La Fiscalía pide la demolición de 13 viviendas ilegales en Partaloa

¿Donde están los responsables que tenían que haber parado estas obras nada más comenzar?.
¿Porque primero te tiro tu vivienda y luego Dios dirá?
¿Porque se cambian las leyes siempre en beneficio de los mismos.
¿Porque los ciudadanos de a pie, tenemos que seguir viviendo gobernados por personas a las que nuestras vidas no les importan nada? (lo único que les interesa es nuestro voto. )
Quizás la culpa también sea de los millones de ciudadanos que permitimos que estas cosas ocurran sin mover ni un dedo, ni tan siquiera alzar nuestras voces, para parar este sistema de manipulación y enredo, siempre con el mismo fin.
¿Cuando nos vamos a dar cuenta,de que, lo que le ocurre a nuestros vecinos, también nos afecta a nosotros?
¿Porque se manifiesta tanta gente cuando un equipo de fútbol gana una copa y nadie se manifiesta por los derechos humanos de todos?

Quizás tengamos que empezar a cambiar nosotros mismos para poder cambiar el sistema.



La Voz de Almería

La Fiscalía acusa al promotor de dichas viviendas, que es acusado de un delito contra la ordenación del territorio
Javier Romero   [ 06/06/2014 - 13:38 ]

continúa el limbo legal de las viveindas en el Almanzora  [ La Voz ]
Se informa de un nuevo paso atrás dentro del continuado caos urbanístico que asola varias partes no sólo de Andalucía, sino del resto de España, tal y como hemos visto en el reciente reportaje Comando Actualidad en TVE 1. Esta vez, le toca no sólo a británicos, sino a belgas, que han comprado casas en el Paraje de Piedra Amarilla, del municipio de Partaloa. Concretamente, la Fiscalía pide la demolición de 13 viviendas en este lugar. 
Contrariamente a lo que podría parecer, la Fiscalía no acusa a los residentes europeos, sino como es habitual, al promotor de dichas viviendas, que es acusado de un delito contra la ordenación del territorio por el cual se le pide una pena de prisión de 1 año y 6 meses, con pena accesoria de inhabilitación especial  del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa e inhabilitación especial de profesión u oficio relacionado con la construcción por el período de 2 años y costas judiciales. Como la petición de pena es de menos de 2 años de prisión, nos informan fuentes jurídicas que es dudoso que llegase a entrar en prisión para el caso de que fuese encontrado culpable. En el mismo procedimiento el Fiscal también presenta acusación contra otras personas que van a ser enjuiciadas por presunta prevaricación urbanística.
Como no podría ser de otra forma, el Fiscal pide que el promotor deberá indemnizar a los adquirentes de las viviendas en la cuantía pagada y gastos ocasionados en la adquisición de sus propiedades. No obstante, la técnica habitual tomada en estos casos parece ser la de demoler primero, y después dejar a las víctimas que inicien una lucha incierta e insegura para tratar de obtener la indemnización tan alegremente ordenada. El problema es que, como hemos visto en Cantoria, en la práctica, las víctimas se suelen quedar sin casa y sin dinero.
Preguntada sobre todo ello, Maura Hillen, presidenta de la Asociación de lucha contra abusos urbanísticos conocida como AUAN, dice “todo esto es una insensatez prevista en el artículo 319.3 del Código Penal, que es un artículo que hemos pedido se modifique. Pues no tiene sentido que el único que salga perjudicado de todos estos procedimientos penales, sea la víctima. Es lo que hemos pedido al Sr. Esteban González Pons, cuando nos reunimos con él y otras autoridades hace unas semanas. Prometió estudiarlo, pero hasta el momento no sabemos nada más. También le hemos hecho la misma propuesta a otros partidos políticos y, se ha dicho en la prensa que el PSOE ha prometido hacer cambios normativos para tratar de paliar toda esta inseguridad jurídica y urbanística que existe. Pero aquí también estamos a la espera de resultados concretos. Los que sí corren el riesgo de obtener resultados concretos y en este caso, resultados nefastos, son las víctimas, que acudirán al juicio el viernes de la semana que viene. 

Preguntamos al abogado Gerardo Vázquez, asesor y portavoz de AUAN sobre el problema, y nos dice “Lo que yo veo aquí es que está viniendo una nueva ola de damnificados, los belgas. Yo no actúo por ninguna víctima en este asunto por el momento, pero sí he hablado con algunos de ellos, concretamente con gente que ha comprado recientemente y me han mostrado su sorpresa ante la mala noticia que les he tenido que trasladar. Uno de los problemas que existen es que estos procedimientos penales no  suelen inscribirse en el Registro de la Propiedad. Según me dicen los propietarios con los que he hablado, estos tienen sus escrituras, todo con una apariencia de legalidad, y se ha inscrito su casa en el Registro de la Propiedad sin rastro del procedimiento penal. Obviamente aquí, parece existir un problema de seguridad jurídica.”

domingo, 1 de junio de 2014

Las propuestas para las casas ilegales continúan sin dar frutos

DIARIO CÓRDOBA

SITUACION DE LAS PARCELACIONES DESPUES DE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL PLENO MUNICIPAL Y EL PARLAMENTO ANDALUZ


Distintos colectivos aseguran que no perciben que el proceso de regularización esté avanzando. Urbanismo reconoce que los trámites son lentos pero anima a presentar proyectos y pedir el AFO

 Vista aérea de las viviendas de distintas parcelaciones de Córdoba. - Foto:TONI BLANCO

ISABEL LEÑA 31/05/2014

Las propuestas planteadas en torno a las parcelaciones ilegales siguen sin dar los frutos esperados. Aunque se dan pasos en la teoría, no se trasladan a la práctica. Esa es la percepción que tienen distintos colectivos de afectados, que aseguran que no tienen la sensación de que el proceso esté avanzando, ni en el caso de las urbanizaciones incluidas en el PGOU como regularizables ni en el de las viviendas que pueden acogerse a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) como única vía para su reconocimiento con su inscripción en el Registro y para optar a los servicios básicos. La aprobación por el Pleno del Ayuntamiento a primeros de marzo, de manera unánime, de una larga lista de propuestas tanto para suelo no urbanizable como urbanizable, refrendadas un mes después por el Parlamento andaluz con la misma unanimidad, ha abierto nuevas expectativas. Sin embargo, los afectados no ocultan su recelo y siguen a la espera de resultados y de las cifras que cambien la tónica de más de una década de PGOU sin ni una sola urbanización legalizada y de más de dos años del decreto de la Junta sin ni un AFO concedido en suelo no urbanizable.
La mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya (Barquera Norte, El Alamillo, El Sol, Torreblanca y Villa Alegre de la Barquera) reconoce que la situación está "igual", según explica su presidente, Manuel Sánchez. Alamiriya está a la espera de que se fije el valor del 10% del suelo --cantidad que hay que pagar a Urbanismo por los aprovechamientos-- en El Sol, El Alamillo y Torreblanca para presentar los proyectos de reparcelación, así como la ordenanza para abaratar las obras de urbanización. Con Barquera Norte se desbloqueó el atasco en la valoración del 10%, pero vuelve a repetirse en otros casos. Alamiriya espera que lo aprobado por el Pleno y el Parlamento sirva para algo.
Otro colectivo que considera que "la situación no ha cambiado nada", y que muestra su "malestar", es la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, según asegura su presidente, Francisco León. A su juicio, "el cambio debe venir desde la Junta", a nivel andaluz, y con una modificación de la LOUA. León ve bien las propuestas aprobadas por el Parlamento y el Pleno, aunque "no arreglan la situación". Tampoco la resuelve la figura del AFO, al que, a nivel andaluz, "no se ha acogido ni el 1% de las 300.000 viviendas previstas". La plataforma reivindica el proyecto que presentó en el 2012 para mejorar las zonas ribereñas entre Alcolea a Encinarejo y evitar inundaciones.
"Mucho ruido y pocas nueces" percibe José Rodríguez Maqueda, presidente del consejo de distrito de El Higuerón, órgano que impulsó la mesa de trabajo sobre parcelaciones a finales del 2012 y que espera que los acuerdos adoptados en el Pleno y el Parlamento en base a las propuestas que partieron de ahí "se cumplan". En junio convocará otra mesa de trabajo para abordar la situación.
Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Córdoba Extrarradio, para conocer su valoración de la situación de las parcelaciones, en torno a las que sigue habiendo movimientos. Ha habido reuniones con la idea de constituir, desde el consejo de distrito de Villarrubia, otra mesa de trabajo sobre parcelaciones, e, incluso, una federación. Uno de los problemas del proceso de regularización es la división que existe en el seno de las propias urbanizaciones, en las que surgen distintos puntos de vista. Uno de los elementos de controversia es el coste de la regularización, que muchos ven inasumible. También hay discrepancias entre unos colectivos y otros.
Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, reconoce que los trámites son muy lentos y que en ellos surgen numerosos obstáculos, pero advierte de que no todos dependen del organismo municipal. En este sentido, recuerda que la Junta aún debe dar el visto bueno a la innovación del PGOU para poder regularizar más parcelaciones en Poniente, parada desde el 2012. A su juicio, uno de los problemas es que la "ley urbanística está encorsetada". No obstante, afirma que se están dando pasos. En este sentido, explica que Urbanismo ha recibido el proyecto de reparcelación de Barquera Norte y que está trabajando en la valoración del suelo en Cuevas de Altázar y El Alamillo. "No todos los casos son iguales", señala, por lo que aunque se parta del valor de la VPO, "en cada uno hay que calcularlo".
Martín recuerda que ya se ha aprobado de forma definitiva la innovación del PGOU que permite tramitar la figura del AFO, así como los requisitos que deben cumplir las viviendas para acogerse a la misma. De momento, solo lo han solicitado casas de Encinares de Alcolea, que están en suelo urbano, por lo que no hay peticiones para suelo no urbanizable, que era el objetivo del decreto del 2012 de la Junta. Además, dispone del inventario que exige ese decreto, que contabiliza 97 núcleos en suelo no urbanizable con 4.170 casas, y que sirve de base para los propietarios de viviendas que quieran solicitar el AFO y como orientación para redactar una revisión del PGOU para integrar asentamientos. También asegura que se trabaja en la ordenanza para abaratar el coste de las obras de urbanización y que quiere abordar con la Junta. Martín anima a los parcelistas a presentar la documentación necesaria en Urbanismo para seguir avanzando.