Emacsa prevé invertir 18 millones en el 2018 en una veintena de actuaciones

Diario Córdoba

PLAN CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO

Emacsa prevé invertir 18 millones en el 2018 en una veintena de actuaciones

Iniciará el encauzamiento de cuatro arroyos para evitar inundaciones

Instalaciones de la estación de Villa Azul. MIGUEL ÁNGEL SALAS

  
La empresa municipal Emacsa prevé invertir 18,2 millones el año que viene en una veintena de actuaciones. Esa es la cantidad presupuestada en las cuentas del 2018, que abordará mañana el consejo de administración y que es similar a la del 2017. Entre los proyectos incluidos destaca por su importancia y tiempo de espera el encauzamiento de arroyos de la Sierra, al que destinará 800.000 euros en el 2018. Esta actuación es fruto de un convenio firmado en febrero del 2013 entre la empresa y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que no se había puesto en práctica. El convenio contemplaba el encauzamiento de los arroyos del Moro, San Cristóbal, Los Morales y Maestre Escuela para evitar inundaciones en Sansueña, El Naranjo, Chinales, Carlos III, El Brillante, Tablero Bajo, Ciudad Jardín y Vistalegre. La inversión total en el encauzamiento será de 7,8 millones.

Emacsa iniciará un proyecto para llevar a cabo una nueva red de riegos con agua potable, al que destinará 1,8 millones; rehabilitará los depósitos de Villa Azul, a los que dedicará 1,2 millones, así como los de Cola, Carril y Cerrillo, con 1,5 millones; y renovará las redes de abastecimiento (3,6 millones), alcantarillado (1,4 millones) y saneamiento (600.000). Las inversiones llegarán también a las barriadas de Alcolea, donde la empresa destinará 1,7 millones para mejorar las conducciones; Cerro Muriano, donde invertirá un millón; y Trassierra, cuyo abastecimiento y saneamiento se llevará 1,4 millones. Emacsa prevé además llevar a cabo un centro de innovación, formación y calidad en una parcela de Rabanales 21, al que destinará 300.000 en el 2018 y que hará en colaboración con la Diputación. Algunas de las obras previstas ya se han iniciado en ejercicios anteriores. Emacsa se marca como meta acabar en tres años la renovación de las tuberías de la red de abastecimiento.

Las cuentas contemplan que la empresa cierre el ejercicio con un saldo positivo de 877.047 euros. El documento indica que la empresa espera percibir el año que viene 3,8 millones de subvenciones de la Junta, para acometer los proyectos de Trassierra y de Cerro Muriano; y de la CHG, para el encauzamiento de los arroyos y la conducción de Alcolea. El expediente que se abordará mañana contempla también 9,5 millones para continuar hasta final de este año con distintos proyectos.

El presupuesto incluye como novedades la rebaja en las tarifas de agua, que será del 2,5% a un 13,70% en la cuota fija en calles con una categoría fiscal concreta; los 240 euros (en vez de 120) de subvención para eliminar contadores comunitarios; la bonificación del 50% de la cuota variable a los participantes en el concurso de patios; y ayudas al acondicionamiento de acometidas de alcantarillado. En cuanto a la cifra de negocio estimada, superará los 37 millones, un 3,3% menos que en el 2017 por las novedades en las tarifas.

Urbanismo ultima el protocolo para dotar de servicios a las parcelas

DIARIO CORDOBA

MODIFICACIÓN DE PGOU

Pedro García insiste en que “todo el proceso se hará con el movimiento ciudadano"

Redacción
12/04/2018

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, ha informado que, “con la reciente tramitación y aprobación de la Modificación de la LOUA sobre parcelaciones en suelo urbanizable con planeamiento de desarrollo aprobado, la Gerencia Municipal de Urbanismo está “culminando una instrucción que sirva para facilitar el proceso de acceso a los servicios básicos”.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, de acuerdo con lo previsto en la modificación de la LOUA, García ha anunciado que “se pueden dar dos tipos de actuaciones: la de acometida de los servicios, que son los casos en que ya existe la red de abastecimiento y los servicios están a pie de parcela; y las soluciones coordinadas, es decir, las que conlleven previamente la realización de un tramo de Red de servicios.

En ambos casos, ha continuado el primer teniente de alcalde, “previamente las compañías suministradoras analizarán la viabilidad técnica y darán conformidad a la propuesta”.

La instrucción, que en los próximos días estará finalizada, describirá las condiciones que deben cumplir las personas que lo soliciten, la parcela donde se ubica, la edificación existente, etc; así como la documentación a presentar y el procedimiento de tramitación, que como se ha mencionado anteriormente distingue los casos de simple acometida y los de soluciones coordinadas.

En coordinación con el Consejo del Movimiento Ciudadano se convocarán reuniones informativas

Tal y como dijo el primer teniente de alcalde en la comparecencia de hace unos días “todo el proceso se hará con el movimiento ciudadano y dirigido a las distintas parcelaciones implicadas”.

En este sentido, García ha informado que “ya hemos mantenido una primera reunión con la comisión de Periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano para exponerle las líneas principales de la Instrucción y en las próximas semanas y con dicho Consejo se convocarán y se mantendrán reuniones informativas con las parcelaciones afectadas tras la modificación de la LOUA”.

Igualmente, por su papel en el proceso y como empresa municipal, García ha informado que “también hemos mantenido un primer contacto con Emacsa sobre el tema y de manera inminente se trasladará la propuesta a los miembros del Consejo Rector de la GMU”.

Si hay agua, llegan las elecciones

ABC DE CÓRDOBA.

No ha habido corporación municipal que se precie que, al acercarse las municipales, no haya prometido servicios básicos a las parcelas

Una de las parcelaciones de la capital cordobesa - ROLDÁN SERRANO

RAFAEL RUIZ@abccordoba

CÓRDOBA04/03/2018 01:03hActualizado:04/03/2018 17:50h

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de cumplir un clásico. Su Gerencia de Urbanismo, en manos de IU, y una declaración de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, acaban de anunciar que los propietarios de parcelas van a tener la opción, otra más, de disponer de servicios básicos durante un periodo extraordinario de dos años. Se trata de todo un clásico local. No ha habido corporación municipal que se precie que no haya prometido lo mismo a los propietarios afectados cada vez que se acercan las elecciones locales, habida cuenta de que los enganches constituyen la gran demanda de los dueños de estas viviendas.

En este caso, el clásico se ha cumplido casi al pie de la letra. Se ha prometido, agua y luz aunque también alcantarillado para las viviendas que se encuentran en alguno de los 21 planes parciales de la ciudad. Es decir, las que están en suelo urbano no consolidado (que necesita una inversión privada en la mejora de redes y equipamientos) o urbanizable (con un grado de desarrollo menor que exige un mayor presupuesto). Se ha vuelto a dejar fuera a las parcelaciones sensibles como las de la Sierra, Medina Azahara o que están en suelo o calificado por su reciente fecha de construcción. Por último, se ha prometido a los propietarios las facilidades posibles para que estos enganches se hagan de forma asequible y rápida.

Si existe una diferencia con otros procesos similares es que este va a ser legal. Todos los alcaldes de la democracia han montado procedimientos similares que bordeaban, si no incumplían, dos o tres leyes vigentes. Resumiendo, para que una vivienda cualquiera tenga acceso a los servicios generales se necesita que disponga de una licencia de primera ocupación o documento análogo. Como quiera que las parcelas se hacen sin permiso de obras, es imposible que dispongan de ese certificado acreditativo de habitabilidad. El Ayuntamiento siempre ha acudido a permisos temporales que se convertían en definitivos de hecho o a decretillos en los que se garantizaba que es que las redes pasaban tan cerca que es una pena dejar a una familia sin agua.

Tanto se ha cumplido el clásico que se vuelve incluso al factor humanitario y ambiental que se puede resumir en un concepto: las criaturitas. Las personas que residen en las viviendas adquieren de buena fe y no es de recibo privarlas de un derecho básico. Dicho finamente, esto ya lo hemos visto antes; incluso, cuando se nos vende la moto como una novedad.

El Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba diseñó una política que se llamó de punto y final de la que hoy no queda ni el punto ni el final. Consideró distintos niveles de intervención, una legalización masiva de edificaciones y una dotación de servicios generalizada a costa de que solamente se pusiesen ladrillos en las zonas legales. Pretendía convertir parcelaciones en barriadas. Toda vez que la práctica totalidad de viviendas tiene agua y luz, establecía tender redes de saneamiento a costa de los propietarios para acabar con el uso de fosas sépticas para reconducir una situación que, a partir de los años noventa, se salió de madre.

La clave se encontraba en la legalización. Y eso es lo que ha fallado. Los procesos urbanísticos se han convertido en una losa pesada y las comunidades de propietarios se encontraban con el factor del capital. Cuando llega el momento de pagar, de empezar a poner derramas de verdad, es cuando flaquean las piernas. Las autoridades urbanísticas, en este mandato y en los demás, perdieron el interés. El asunto de las parcelaciones dejó de ser prioritario en su agenda cuando se constató que se trataba de inversiones caras e impopulares. Que los servicios sí eran una prioridad pero que todo lo que ello comporta, no. El calorcillo electoral de la ecuación arroja el siguiente resultado: ante la llegada inminente de las urnas, qué mejor que vender las inversiones que sí quieren realizar los propietarios dejando al margen esas que no van a salir. La alcaldesa y el teniente de alcalde de Urbanismo han entendido la relevancia del asunto y han pedido a sus grupos en el Parlamento que una norma tan técnica, y tan compleja, como la revisión de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se apruebe por el trámite de lectura única.

El problema no son los servicios sino el eterno bucle de las parcelaciones. La política de ciudad consensuada entre 2001 y 2003, que contó con el miope boicot de la Junta en el papel de señorita Rottenmeier, pasaba por normalizar la situación y no por cronificarla. Por favorecer la inversión privada, abaratándola, con el objetivo de que la ocupación del territorio realizada sin orden ni concierto se sumase a la ciudad. Como quiera que el cortoplacismo nunca abandonó la vida política, volvemos a lo del agua, a lo de la luz. A quedarnos con el dedo que apunta a la Luna que, como todo el mundo sabe, no se presenta a las elecciones.