ABC DE CÓRDOBA.
No ha habido corporación municipal que se precie que, al acercarse las municipales, no haya prometido servicios básicos a las parcelas
RAFAEL RUIZ@abccordoba
CÓRDOBAActualizado:
El Ayuntamiento de Córdoba acaba de cumplir un clásico. Su Gerencia de Urbanismo, en manos de IU, y una declaración de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, acaban de anunciar que los propietarios de parcelas van a tener la opción, otra más, de disponer de servicios básicos durante un periodo extraordinario de dos años. Se trata de todo un clásico local. No ha habido corporación municipal que se precie que no haya prometido lo mismo a los propietarios afectados cada vez que se acercan las elecciones locales, habida cuenta de que los enganches constituyen la gran demanda de los dueños de estas viviendas.
En este caso, el clásico se ha cumplido casi al pie de la letra. Se ha prometido, agua y luz aunque también alcantarillado para las viviendas que se encuentran en alguno de los 21 planes parciales de la ciudad. Es decir, las que están en suelo urbano no consolidado (que necesita una inversión privada en la mejora de redes y equipamientos) o urbanizable (con un grado de desarrollo menor que exige un mayor presupuesto). Se ha vuelto a dejar fuera a las parcelaciones sensibles como las de la Sierra, Medina Azahara o que están en suelo o calificado por su reciente fecha de construcción. Por último, se ha prometido a los propietarios las facilidades posibles para que estos enganches se hagan de forma asequible y rápida.
Si existe una diferencia con otros procesos similares es que este va a ser legal. Todos los alcaldes de la democracia han montado procedimientos similares que bordeaban, si no incumplían, dos o tres leyes vigentes. Resumiendo, para que una vivienda cualquiera tenga acceso a los servicios generales se necesita que disponga de una licencia de primera ocupación o documento análogo. Como quiera que las parcelas se hacen sin permiso de obras, es imposible que dispongan de ese certificado acreditativo de habitabilidad. El Ayuntamiento siempre ha acudido a permisos temporales que se convertían en definitivos de hecho o a decretillos en los que se garantizaba que es que las redes pasaban tan cerca que es una pena dejar a una familia sin agua.
Tanto se ha cumplido el clásico que se vuelve incluso al factor humanitario y ambiental que se puede resumir en un concepto: las criaturitas. Las personas que residen en las viviendas adquieren de buena fe y no es de recibo privarlas de un derecho básico. Dicho finamente, esto ya lo hemos visto antes; incluso, cuando se nos vende la moto como una novedad.
El Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba diseñó una política que se llamó de punto y final de la que hoy no queda ni el punto ni el final. Consideró distintos niveles de intervención, una legalización masiva de edificaciones y una dotación de servicios generalizada a costa de que solamente se pusiesen ladrillos en las zonas legales. Pretendía convertir parcelaciones en barriadas. Toda vez que la práctica totalidad de viviendas tiene agua y luz, establecía tender redes de saneamiento a costa de los propietarios para acabar con el uso de fosas sépticas para reconducir una situación que, a partir de los años noventa, se salió de madre.
La clave se encontraba en la legalización. Y eso es lo que ha fallado. Los procesos urbanísticos se han convertido en una losa pesada y las comunidades de propietarios se encontraban con el factor del capital. Cuando llega el momento de pagar, de empezar a poner derramas de verdad, es cuando flaquean las piernas. Las autoridades urbanísticas, en este mandato y en los demás, perdieron el interés. El asunto de las parcelaciones dejó de ser prioritario en su agenda cuando se constató que se trataba de inversiones caras e impopulares. Que los servicios sí eran una prioridad pero que todo lo que ello comporta, no. El calorcillo electoral de la ecuación arroja el siguiente resultado: ante la llegada inminente de las urnas, qué mejor que vender las inversiones que sí quieren realizar los propietarios dejando al margen esas que no van a salir. La alcaldesa y el teniente de alcalde de Urbanismo han entendido la relevancia del asunto y han pedido a sus grupos en el Parlamento que una norma tan técnica, y tan compleja, como la revisión de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se apruebe por el trámite de lectura única.
El problema no son los servicios sino el eterno bucle de las parcelaciones. La política de ciudad consensuada entre 2001 y 2003, que contó con el miope boicot de la Junta en el papel de señorita Rottenmeier, pasaba por normalizar la situación y no por cronificarla. Por favorecer la inversión privada, abaratándola, con el objetivo de que la ocupación del territorio realizada sin orden ni concierto se sumase a la ciudad. Como quiera que el cortoplacismo nunca abandonó la vida política, volvemos a lo del agua, a lo de la luz. A quedarnos con el dedo que apunta a la Luna que, como todo el mundo sabe, no se presenta a las elecciones.
