Los parcelistas piden que se modifique antes del verano la Ley de Ordenación

CORDOBA HOY.ES.

LAGALIZACIÓN URBANÍSTICA

El cordobés Francisco León, que preside la asociación, avanza que la idea es crear un grupo de trabajo en el seno del Parlamento para localizar los problemas y buscar soluciones

Los representantes de CALU que irán al Parlamento andaluz

07/06/2016 10:32 h. cordobahoy

Mañana, miércoles, una representación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) se reunirá con "todos y cada uno de los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, según ha informado en un comunicado el presidente de este colectivo así como de la Mesa del Río de Córdoba, Francisco León Corral.
Se trata de la segunda vez que se reúnen en la Cámara andaluza, después de la intervención de este colectivo en la Comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio del Parlamento y en esta ocasión la idea de CALU es tratar sobre la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, a ser posible "antes de que finalice el verano", así como la "adopción de medidas urgentes para la concesión de agua y luz para las personas que viven en condiciones infrahumanas por poseer una vivienda irregular".
De igual modo, los representantes del mundo parcelista andaluz, con el cordobés a la cabeza, quieren hablar con los grupos parlamentarios andaluces sobre el establecimiento de un grupo de trabajo en el seno del Parlamento en el que CALU forme parte "por representar a los miles de afectados de toda Andalucía", con la idea de "analizar los problemas urbanísticos que existen en nuestra comunidad", además de abordar sus posibles soluciones.
La Confederación esta formada por diferentes asociaciones de Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería. "Entre todas sumamos un 80% del territorio andaluz", añade el comunicado de CALU.

Ofensiva en parcelaciones

DIARIO CÓRDOBA

07/06/2016


La nueva ofensiva vecinal en relación con las parcelaciones acaba de empezar. La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha comenzado a enviar al Ayuntamiento y al Parlamento el documento consensuado con el consejo de distrito de El Higuerón en el que avisa de que se desliga de la mesa de trabajo creada por la Gerencia de Urbanismo y retoma la acción desde el ámbito vecinal. En ese escrito, que ya adelantó este periódico, reivindican que se cumplan los acuerdos alcanzados por el Pleno del Ayuntamiento y por el Parlamento y que se han incumplido.
Entre las medidas que consideran más urgentes están la dotación de servicios básicos, prioritariamente agua potable, ya que aseguran que «existen alarmas generadas por falta de salubridad».
Los dos colectivos vecinales han dirigido sus demandas en Córdoba a la alcaldesa, Emacsa, Urbanismo y a los distintos grupos municipales; y en Sevilla, a los grupos parlamentarios.

CALU // Por otro lado, mañana, una representación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que preside Francisco León, que, a su vez, es el máximo representante de la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, se reunirá con los grupos políticos del Parlamento para abordar la situación de las parcelaciones. El presidente de CALU ha explicado, a través de una nota, que «es la segunda vez que nos reunimos en el Parlamento, después de nuestra intervención en la comisión de ordenación del Territorio». León explica que el objetivo de este encuentro es abordar la aprobación del proyecto de ley que modifica la LOUA antes de que finalice el verano; que se adopten medidas urgentes para la concesión de agua y luz «para las personas que viven en condiciones infrahumanas por poseer una vivienda irregular»; y que se cree un grupo de trabajo en el Parlamento, del que este colectivo forme parte, «por representar a los miles de afectados de toda Andalucía para analizar los problemas urbanísticos que existen en nuestra comunidad». I.L.

La nueva ofensiva vecinal en relación con las parcelaciones acaba de empezar. La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha comenzado a enviar al Ayuntamiento y al Parlamento el documento consensuado con el consejo de distrito de El Higuerón en el que avisa de que se desliga de la mesa de trabajo creada por la Gerencia de Urbanismo y retoma la acción desde el ámbito vecinal. En ese escrito, que ya adelantó este periódico, reivindican que se cumplan los acuerdos alcanzados por el Pleno del Ayuntamiento y por el Parlamento y que se han incumplido.
Entre las medidas que consideran más urgentes están la dotación de servicios básicos, prioritariamente agua potable, ya que aseguran que «existen alarmas generadas por falta de salubridad».
Los dos colectivos vecinales han dirigido sus demandas en Córdoba a la alcaldesa, Emacsa, Urbanismo y a los distintos grupos municipales; y en Sevilla, a los grupos parlamentarios.

CALU // Por otro lado, mañana, una representación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que preside Francisco León, que, a su vez, es el máximo representante de la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, se reunirá con los grupos políticos del Parlamento para abordar la situación de las parcelaciones. El presidente de CALU ha explicado, a través de una nota, que «es la segunda vez que nos reunimos en el Parlamento, después de nuestra intervención en la comisión de ordenación del Territorio». León explica que el objetivo de este encuentro es abordar la aprobación del proyecto de ley que modifica la LOUA antes de que finalice el verano; que se adopten medidas urgentes para la concesión de agua y luz «para las personas que viven en condiciones infrahumanas por poseer una vivienda irregular»; y que se cree un grupo de trabajo en el Parlamento, del que este colectivo forme parte, «por representar a los miles de afectados de toda Andalucía para analizar los problemas urbanísticos que existen en nuestra comunidad». I.L.

El Supremo deja en evidencia a Hacienda: las valoraciones inmobiliarias de sus peritos no son reales

http://www.idealista.com/news/




Autor: equipo

29 marzo 2016, 13:24

El Tribunal Supremo ha sacado los colores a la Administración tributaria al tumbar una de sus prácticas más habituales: la de comprobar valores con el fin de intentar exigir a los contribuyentes el pago de unos impuestos más altos.
En el ejercicio de sus funciones de control y revisión, en numerosas ocasiones Hacienda ha modificado al alza el valor asignado por el contribuyente a una operación inmobiliaria, como por ejemplo la compraventa de un inmueble.
Para ello, la Administración tiene a sus propios peritos que se encargan de realizar una nueva valoración y que, según el Tribunal Supremo, se está realizando bajo unos criterios poco ortodoxos y poco realistas.
En una sentencia, con fecha del pasado 18 de enero y bajo el número de recurso 3379/2014, de la que se hace eco el despacho Ático Jurídico-Salcedo Abogados, el Alto Tribunal ha asestado un duro golpe al método de dictamen de peritos que usa la Administración Tributaria contemplado en el artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria 58/2003, que se basa en tasar los inmuebles basándose solamente en los precios de mercado o en los valores catastrales.
Este 'modus operandi' ni siquiera lleva aparejada una visita física del perito al inmueble, por lo que no tenía en cuenta aspectos tan importantes como el estado de conservación o las calidades de edificación.
“Siempre se había criticado la falta de motivación de dichas comprobaciones de valores y el hecho de que al contribuyente se le incrementaba el valor declarado en base a estudios de mercado a los que no tenía acceso y en los cuales se hacía referencia a tablas, estadísticas e informes igualmente desconocidos para él”, sostiene el despacho Salcedo Abogados.
¿Y qué piensa el Supremo de todo esto? En su sentencia condena la práctica y prepara el camino para que se anulen las liquidaciones dictadas usando este método de valoración. En concreto, el Alto Tribunal cree que esta valoración pericial es, en realidad, una simbiosis de diferentes métodos y que, por tanto, no cumple los criterios necesarios de ser una valoración singular, genérica y objetiva.
Según el Supremo, cuando la Administración realice una mezcla demétodos valorativos, estos deben ser únicamente utilizados para fundamentar la tasación, pero no para aplicarlos automáticamente y pretender así obtener el valor real que, no lo olvidemos, es la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Por ello, asegura el despacho, “cuando se empleen bajo el paraguas del dictamen de peritos varios métodos es necesario realizar una valoración individualizada, que es lo contrario a la aplicación del valor catastral o de los precios medios del mercado. Así pues, la Administración deberá razonar la aplicación de dichos precios medios de mercado, o del valor catastral, lo que en la mayoría de los casos le obligará a una inspección personal del bien a comprar”.
De hecho, el Supremo entiende que la comprobación de valores y la liquidación practicada se considerarán inmotivadas, y por tanto se anularán, si no se aportan al contribuyente los estudios o dictámenes que se han tenido en cuenta en la valoración, mientras que es imprescindible la visita del perito al inmueble.
En definitiva, insiste Salcedo Abogados, esta sentencia es un duro golpe al método del dictamen de peritos, tal y como lo entiende y practica la Administración. “Y es que no es de recibo engañar al contribuyente diciéndole que se ha realizado un informe pericial cuando el perito ni siquiera ha inspeccionado el bien que valora, sino que en realidad lo único que ha hecho ha sido realizar ligeras correcciones a valores genéricos como los obtenidos del Catastro o de la estadística de precios de mercado”, concluye.

DESDE SANLÚCAR DE BARRAMEDA- CADIZ.

              

                 Buenos días Paco
     Mi nombre es Juan Alonso Rodríguez , presidente de AVILLA(Asociación de Viviendas Irregulares de Los Llanos y La Algaida).

     Debido a la situación insostenible que padecemos en la zona,urbanísticamente hablando,tomamos la decisión de constituir una asociación que velara por los intereses de los ciudadanos de la zona. Así el 18 de septiembre de 2014 quedo constituida AVILLA.

     Nos encontramos en una zona en la que desarrollamos una agricultura intensiva,tanto es así que podemos afirmar que es la zona mas productiva por metro cuadrado de Europa y que contamos con unos productos de inmejorable calidad. Todo esto es posible a que el “colono”vive a pie de campo,de otro modo sería imposible mantener dicha producción. Esto nos lleva a contar con varias campañas a lo largo del año que permiten ofrecer MILES de jornales, no solo a los habitantes de la zona, ya que de esta actividad también se sostienen miles de familias de nuestra ciudad,Sanlúcar de Bda.
     Tiene mérito que siendo la ciudad con el indice de paro mas grande de España,podamos ofertar tantos jornales a lo largo del año. Un mérito que tenemos que otorgárselo a los colonos pasados,presentes y futuros que con  su incansable y arduo trabajo,enfrentándose a todas las adversidades,siguen sin desfallecer en su afán de SOBREVIVIR. Desgraciadamente no nos vamos a hacer ricos pero si vivir dignamente.
     Desde hace mas de 100 años los colonos se dedican a cultivar de esta forma,y como hemos dicho con anterioridad,sería del todo imposible si los agricultores no viviesen a pie de campo. Y aquí radica nuestro problema.
     Tradicionalmente los hijos de los primeros colonos se fueron construyendo sus casas junto a sus padres y así sucesivamente. No es solo esta tradición la que lleva a las sucesivas generaciones a construir en sus terrenos,sino que existen en Sanlúcar varios factores que “obligan” en cierto modo a ello. El principal,como se ha reiterado, es la necesidad del agricultor a vivir cerca de sus cultivos,pero otros como la especulación urbanística que infló los precios hasta un nivel inasequible junto a la nula oferta de vivienda de protección por parte de la administración hace que nos veamos en la obligación de construir nuestras viviendas con nuestras manos,literalmente.

      Desgraciadamente esto no es legal ya que nos encontramos en una “zona no urbanizable de especial protección”,dada esta especial protección por la actividad agraria que se da en la zona,donde hay agricultura no puede darse el “urbanismo” y viceversa. La LOUA es muy dura en este aspecto no haciendo diferenciación entre el constructor especulativo y el constructor que lo hace por necesidad,que es como nosotros nos definimos CONSTRUCTORES POR NECESIDAD. Todas las viviendas que existen en la zona podemos catalogarlas como PRIMERA Y UNICA  vivienda. No construimos con afán especulativo.
     El Ayuntamiento lo que hace es aplicar la ley,como ellos dicen,de una forma muy discutible a nuestro parecer. Pensamos que sancionar no es la solución,porque dichas sanciones son del todo in asumibles ya que se sitúan por encima de los 100.000 euros ,en el mejor de los casos ,y pueden llegar hasta los 400.000 euros.
     Nosotros asumimos con valentía nuestra situación,hemos construido ilegalmente. Pero creemos
que unas sanciones que jamas vamos a poder hacer frente sea la solución al problema. Cabe mencionar que la forma en las que incoan procedimientos es un tanto peculiar y arbitraria.      Todo esto nos llevó a crear la asociación y a informarnos de posibles soluciones y descubrimos que la LOUA no solo estipula las sanciones sino que existe un decreto dentro de ella que permite la regularización mediante diferentes instrumentos que brinda la propia LOUA. Tanto es así que existe una figura dentro de la susodicha que no es otra que “El Hábitat Rural Diseminado”,figura que permitiría perfectamente poder regularizar prácticamente el 100% de las viviendas de la zona.      Parece que es mas fácil sancionar aleatoriamente(divide y vencerás) que trabajar en pos de la regularización de miles de viviendas. Esta es nuestro principal objetivo: acogernos a esta figura y poder regularizar nuestras viviendas y dejar de vivir con la Espada de Damocles que se cierne sobre nosotros.
      En definitiva pensamos que la unión hace la fuerza y de ahí de nuestra intención de integrarnos en CALU. Somos una asociación humilde y con pocos recursos pero tenemos intención de llegar a donde haya que llegar,no cejaremos en nuestro empeño, y si podemos hacerlo en concordancia con CALU seria una gran alegría para AVILLA.
      Nos gustaría en la medida que fuese posible reunirnos en lugar y fecha asequibles para compartir con vosotros nuestra situación y ser asesorados por personas como vosotros que me consta que lo podréis hacer perfectamente debido a vuestra dilatada experiencía.
      Sin más, agradecerte Paco que me atendieras personalmente y expresar nuestra intención de colaborar activamente con CALU en todo lo que este en nuestra mano.
     Un cordial saludo,y como siempre terminamos nuestros comunicados JUNTOS SE PUEDE

Desde CALU, y a través de este blog. Damos la bienvenida a todos los miembros de AVILLA.

Sin duda alguna la unión de todos los afectados es lo que nos dará la fuerza suficiente para luchar por los cambios necesarios en la LOUA.

Paco León.

CALU POR UN ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO JUSTO

MANIFESTACIÓN EN ALMERIA

El día 19 de mayo a las 12.00 h del mediodía tuvo lugar en Vera, Almería, la manifestación pacífica organizada por AUAN, con el apoyo de otras asociaciones tal y como SOHA que acudieron en autobús desde Málaga.

La concentración de más de 150 personas se ha caracterizado por su civismo, con un gran número de británicos de avanzada edad, muchos de ellos de más de 70 años, tal y como es el caso de los Sres Prior que tienen 72 años. También hubo una fuerte presencia de personas españolas que querían mostrar su solidaridad con esta entrañable familia  que llevan casi 10 años de litigios, pidiendo que se les indemnice por la demolición de su vivienda. Especialmente significativo ha sido la presencia de representantes de diversos partidos políticos, incluyendo el Diputado de Parlamento Andaluz Rodrigo Sanchez Haro, el Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora Antonio Ramon Salas, y concejales y autoridades afines a Unidos Podemos, al PP, y al PA.

Durante el transcurso de la convocatoria, la Sra Helen Prior habló de sus años de calvario, aunque dijo no querer irse de esta tierra, manifestando que le gustaba mucho España. También habló Lenox Napier de Mojácar Positiva se mueve, Maura Hillen presidenta de AUAN, Philip Smalley presidente de SOHA, Gerardo Vázquez portavoz de AUAN, y el Alcalde de Vera Félix Lopez; el cuál dijo ser optimista en la búsqueda de una solución para los Prior. Es destacable de la reunión, las manifestaciones de apoyo recibidas de otras partes de España, incluyendo la asociación AMA de Cantabria y la asociación AGADE de Galicia, así como el apoyo de la confederación andaluza CALU y la asociación Valenciana AUN, todas asociaciones que luchan para resolver los problemas urbanísticos que asolan diversas partes de España.

Durante la reunión, Maura Hillen manifestó  que el Estado español llevaba ocho años arruinando la vida de la familia Prior, provocando daños al mercado inmobiliario y perjudicando la imagen de España como, añadiendo que el reparto de culpas entre diferentes partes de la administración no servía para nada, y que  lo que necesitaba esta familia y lo que demandaba el mercado inmobiliario y la economía era poner fin a este atropello. Termino haciendo una llamada a las autoridades para que hiciesen lo que debían.

Llegado su intervención, Gerardo Vázquez declaro alegrarse de la solidaridad recibida por el matrimonio Prior, y hizo hincapié en la necesidad de evitar estos casos para el futuro; diciendo que se habían dado pasos importantes para dotar al mercado inmobiliario español de más seguridad jurídica gracias a iniciativas presentadas por el PSOE, con el siguiente apoyo del PP y de otros grupos políticos. No obstante, pidió seguir profundizando en medidas, diciendo que se debería de dotar al Registro de la Propiedad de fehaciencia en asuntos urbanísticos. Declaró el Sr Vázquez que actualmente existe una disfunción en el sistema registral español, dado que un inocente consumidor puede comprar una casa que no muestre problema alguno en el Registro de la Propiedad, incluso hipotecándose, para después enterarse de que existe una orden de demolición contra la casa, por razón de un procedimiento que ya lleva años tramitándose. Como muestra de ello mencionó el caso del edificio Pintos en Bueu, Pontevedra.

Por último, Gerardo Vázquez agradeció el esfuerzo realizado por los asistentes y destacó su confianza en que los grupos políticos ayudarán, como lo han hecho hasta ahora, en la búsqueda de soluciones para asegurar la confianza del consumidor y el inversor en el mercado inmobiliario español, pues ello redundaría en el bienestar económico y social de todos.

¿Pueblo de criminales?

06/05/2016 | Escrito por Tribuna Libre

José Antonio Castro Cortegana (Tribuna libre).-El titulo viene a cuento, puesto que en las resoluciones judiciales, a los vecinos que han construido ilegalmente se les dicen que han cometido un acto criminal, por ello se le condenan a cárcel, multas, y en algunos casos al derribo de la vivienda.

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que “crimen” es una acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguieny “criminal” es un adjetivo perteneciente o relativo al crimen o que de él toma origen.

Por lo tanto, si aplicamos el adjetivo de criminal al que ha construido ilegalmente, aquí en El Puerto, somos más de 7.000 criminales. A los últimos 4.000, nos quieren legalizar con la última revisión del Plan General que se aprobó en diciembre del 2013.

Y yo me pregunto, ¿Por qué aquellos que tenían que haber evitado tanto crimen, miraban para otro lado?, dando en muchos casos las herramientas para cometerlos, permitiendo parcelaciones en fincas matrices en proindiviso , aprobando proyectos de electrificación y de suministro de agua potable, teniendo la seguridad de que no era para plantar lechugas o zanahorias.

Claro, eso sí, aquí cobraban notarios, registradores, abogados, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, etc.

¿No habría que considerar un acto criminal herir gravemente a un vecino que ve como las maquinas tiran la vivienda que tanto sacrificio le costó construir?, preguntándose con un gran dolor de su corazón, “Dios mío ¿por qué a mí?”

El que escribe ya ha asistido a más de una demolición, y próximamente, el día 22 de junio voy como testigo al Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, donde nuestro Ayuntamiento solicita la demolición de “cinco viviendas” de otras tantas familias del Puerto.

¿Cómo es que el PGOU aprobado en diciembre del 2013, obliga a regularizar unas viviendas a la vez que se mantiene sobre ellas los expedientes abiertos, multas coercitivas y llegando a solicitar su demolición?

La organización a la que represento, Coave, intentó que el Pleno municipal aprobara la suspensión cautelar de los expedientes que no tuvieran una resolución judicial con sentencia en firme, para lo que se necesitaba de la voluntad política de nuestros representantes municipales. No incurriéndose en ilegalidad alguna, como se manifiesta en los diferentes informes jurídicos de los que disponemos.

Paradójicamente, no hubo problemas para la paralización cautelar de los aparcamientos, llegándose a buscar informes ajenos a los de los propios técnicos municipales en aras de conseguir el objetivo político.

Por último, pienso que así como se está teniendo voluntad política ante los desahucios, se tenga también deparalizar los expedientes urbanísticos cautelarmente, y no mandarlos a los Juzgados, solicitando el derribo de decenas de viviendas que son legalizables a través del PGOU.

José Antonio Castro Cortegana, coordinador general de Coave.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Desde este blog. Queremos felicitar a nuestro compañero José Antonio Castro, por la gran labor y el esfuerzo que está realizando.

Decir que COAVE, esta adherida a CALU, (Confederación Andaluza por la Legalización Urbanistica.)

Rafael Losada : No se podrán adoptar derribos sin asegurar indemnización

EL DIARIO
MONTAÑEZ.ES

Santander, 29 mar (EFE).-

 El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), Rafael Losada, ha señalado hoy que no se podrán adoptar medidas de demolición sin que las cantidades destinadas a los afectados como indemnización estén aseguradas.

Losada ha explicado que, tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló las autorizaciones provisionales aprobadas en la pasada legislatura para dar cobertura a las viviendas con fallos de derribo, la Sala de lo Contencioso requirió al Gobierno y a los ayuntamientos para que alegasen respecto a la existencia de garantías indemnizatorias para los propietarios y planteasen un calendario de ejecución de las sentencias.

Según ha indicado a Efe, lo que han hecho Escalante y Argoños es cumplir con ese requerimiento y, a su juicio, no habría motivos "para la alarma".

La Sala de lo Contencioso Administrativo tiene pendiente resolver, y lo hará en las próximas semanas, sobre los incidentes de ejecución de sentencias que se presentaron con motivo de las autorizaciones provisionales, y para ello estudiará las alegaciones planteadas por las partes.

El pasado 1 de octubre entraron en vigor los cambios en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el artículo 108.3.

El enunciado de este precepto establece que no se puede proceder a la demolición y a la reposición de la legalidad urbanística si previamente no se han presentado las garantías suficientes para responder del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe.

Losada ha destacado que la ley es "clara", aunque una de las cuestiones que, en principio, habría que valorar es si se puede aplicar con carácter retroactivo.

En todo caso, la Sala de lo Contencioso tendrá que analizar cada caso y estudiar "sentencia por sentencia" la situación.