Tres razones de peso y un (leve) dolor de cabeza tras la regularización de más viviendas ilegales
ROSA LLACER / 18 Sep 2014
Viviendas en Alcaucín. // EL OBSERVADOR
Si hubo alguna consecuencia inmediata y empíricamente contrastable de la primera sesión del debate sobre el Estado de la Comunidad, es que esa noche decenas, quizás centenares, de alcaldes de todo siglo político y varios miles de ciudadanos, muchos de ellos británicos y alemanes, durmieron más tranquilos. La concreción del anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada hoy por el Parlamento permitirá que 25.000 viviendas que se quedaron fuera del primer decreto de regularización aprobado en 2012 -y que ya permitió ‘legalizar’ 250.000 viviendas- puedan inscribirse en el registro y contar con servicios básicos como la luz y el agua.
Esas “miles y miles de viviendas” a las que hizo referencia Susana Díaz se encuentran por toda Andalucía, pero es en el Levante de Almería y la Axarquía de Málaga donde con mayor intensidad se localiza un problema que ha puesto y quitado alcaldes elección municipal tras elección municipal. Y que todavía puede seguir haciéndolo. Ésta es, sin duda, la primera razón de la decisión de la presidenta.
LA PRIMERA RAZÓN: ELECCIONES MUNICIPALES A LA VISTA
Susana Díaz ha puesto en manos de los futuros candidatos del PSOE a las Alcaldías un argumento electoral poderosísimo. Y, al contrario de lo que sucede con los planes de empleo, con el proyecto de retorno del talento o con el apoyo a la empresa y el emprendimiento, a coste cero. No depende de nadie, más que de su voluntad. Y ésta se expresó ayer en el Parlamento,
con el lógico voto del PSOE –sobran explicaciones-, con la lógica abstención del PP –imposible votar en contra de algo que llevan años defendiendo- y el lógico voto en contra de IU –imposible votar a favor de algo que llevan años criticando-. Es, claramente, una decisión política que se toma a meses de unas elecciones en las que los socialistas fueron duramente vapuleados hace casi cuatro años. Con una sencilla modificación de un artículo –el 185- de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), decenas de miles de ciudadanos dejarán de tener la espada de Damocles de la demolición de sus viviendas sobre sus cabezas y, ya de manera normalizada, podrán acceder a los servicios básicos que hasta el momento no podían conseguir.
Sin duda, el PSOE se va a encargar de que sepan a quién tienen que agradecérselo. En municipios de cuatro o cinco mil habitantes con centenares de viviendas en esta situación –y hay muchos así- este argumento puede suponer la razón que decida el voto en un sentido u en otro. De hecho, los sucesivos secretarios generales del PSOE de las provincias más afectadas llevan años relacionando sus mediocres resultados electorales con la amenaza de la piqueta urbanística de la Junta.
Ahora ya no tendrán esta excusa. Tampoco los diputados británicos que, cada cierto tiempo, pasaban por el Levante o a la Axarquía prometiendo a sus compatriotas la resolución del problema de las viviendas ilegales a cambio de votos para sus respectivas circunscripciones. Ni Andalucía saldrá más en prime time en la BBC junto a la imagen de un par de jubilados ingleses afligidos y derrotados mientras una excavadora derriba su vivienda. Todos ganan.
Cabría preguntarse, entonces, si electoralmente es tan rentable y no tiene más coste que el de la decisión política ¿por qué no se ha hecho antes? La segunda razón nos da algunas pistas.
LA SEGUNDA RAZÓN: LA RECEPTIVIDAD DE LOS JUECES
La Junta de Andalucía no sólo lleva años legislando intensamente, en no pocas ocasiones con idas y venidas sobre lo ya decidido, sobre el ordenamiento urbanístico de la comunidad. También, y aunque casi completamente fuera de los focos, hace mucho tiempo que se trabaja con jueces y fiscales de Medio Ambiente para generar una doctrina sobre cómo actuar ante una situación sobrevenida y que ni la Administración Autonómica ni la Administración de Justicia fueron capaces de evitar o, al menos, parar a tiempo. Se reconozca o no, nadie puede sacar pecho. Más bien al contrario.
El caso de Marbella, con miles de viviendas ilegales integradas en el casco urbano y las competencias urbanísticas plenas en manos de la Junta tras la locura delictiva de los ayuntamientos de Jesús Gil, supuso un punto de inflexión. Se acuña el término terceros de buena fe que, básicamente, persigue exculpar a los ciudadanos que, en supuesta ignorancia, adquirieron viviendas que se construyeron y en muchos casos se escrituraron sin que nadie pudiera o supiera o quisiera parar un proceso que desde el minuto uno se sabía irregular. El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella, elaborado por la Junta (PSOE) y aprobado por el Ayuntamiento de Marbella (PP), concede una amnistía a la mayor parte de estas edificaciones a cambio de un sistema de compensaciones urbanísticas por el daño causado que asume el municipio. La tesis estaba clara y se antoja muy similar a la que desde ahora circulará en los argumentarios socialistas: hecho el daño –la vivienda- no pueden pagar justos –los vecinos- por pecadores –los gobiernos de Gil que concedieron las licencias. Cámbiese esto por lo que proceda: promotores, ayuntamientos de otro signo político…
Pero este acuerdo para resolver la patata caliente del disparate urbanístico de Marbella no hubiera sido posible sin la aprobación o, al menos, comprensión de las instancias judiciales. De imputar, inhabilitar y, en ocasiones, mandar a la cárcel a alcaldes por conceder licencias en suelos no urbanizables, los jueces y fiscales han comprendido y en buena parte asumido esta doctrina: el bien a preservar ya no es recuperable por lo que el daño que se provoca es mayor que el que se corrige. Y todos llegan a esta conclusión quizás porque no había más remedio. ¿O acaso alguien en su sano juicio piensa que es posible demoler 250.000 viviendas, muchas de ellas habitadas, en Andalucía? La pregunta puede hacerse de otra manera, ¿sigue en pie el Algarrobico? Pues eso. Ayer mismo, y según informó Diario de Sevilla, el juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla suspendió definitivamente y por primera vez la demolición de una construcción ilegal, edificada en el año 2005 en suelo no urbanizable, amparándose en el decreto de regularización de 2012 de la Junta.
Sin embargo, este cambio de orientación no ha sido a cambio de nada y eso enlaza con la tercera razón.
LA TERCERA RAZÓN: EL PUNTO FINAL
Que Andalucía ha vendido muy barato lo mejor de su territorio –la primera línea de nuestras costas, el riquísimo paisaje interior, las laderas de la Axarquía…- es un hecho incontestable. Por desgracia, ya no podremos aspirar a modelos de ocupación del territorio, también expansivos, pero mucho más rentables en términos de modelo productivo e inversión como en su día hicieron la Toscana o la Costa Azul, por citar dos ejemplos recurrentes. Eso pasó y, por todo lo explicado antes, quizás no tiene remedio. Nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado, a un horizonte lleno de casitas desperdigadas que consumen más recursos de los que generan y que han modificado para siempre nuestro mayor intangible: el paisaje.
Pero se puede evitar que vaya a más y aquí la Junta cuenta con dos bazas. Una inesperada: la crisis del ladrillo no sólo paró por completo el sector de la construcción legal, sino que el ilegal también gripó su motor allá por 2005. Desde entonces, el número de denuncias interpuestas por irregularidades urbanísticas ha ido bajando y no porque haya más vigilancia –que también – sino sencillamente porque hay menos obras en el campo. La segunda baza es la labor que cuerpos poco conocidos, como el de los inspectores urbanísticos, han venido realizando sobre el territorio desde entonces.
El conocimiento actual de la situación de estas viviendas es ahora grande y, en el caso de algunos focos especialmente conflictivos, exhaustivo: año de edificación, primera o segunda vivienda, situación registral, afección a bienes o espacios protegidos… Más aún. Si hace 10 años era posible sortear los controles –había pocos- y construir ilegalmente en cualquier parte de Andalucía decenas de miles de viviendas de golpe, ahora ya no lo es. Ni los Ayuntamientos se la juegan; ni la Junta no se entera ni los jueces tardan años en responder proporcionadamente. El derribo express, la colaboración Junta-Justicia, los planes municipales de inspección urbanística están ahora y no estaban antes. Hay que reclamar que funcionen.
Aquí está el tercer motivo y, también, el tercer argumento, el que no se expondrá en voz alta: “No hemos podido evitar este desastre sobre el territorio, no lo vamos a corregir echando de sus casas a decenas de miles de personas pero a partir de ahora vamos a ser implacables”. El plan de protección del litoral, la decisión política –que ayer reiteró IU en su discurso- de no construir en la playa de Valdevaqueros en Tarifa, el recurso a la Ley de Costas del Gobierno central o la oposición al gaseoducto en Doñana son claramente acciones en este sentido.
Y más vale que así sea porque éste será el principal, aunque quizás, leve dolor de cabeza que provocará este cambio normativo.
Y EL (LEVE) DOLOR DE CABEZA
Que IU vote en contra de la modificación de la LOUA sin demasiadas alharacas entra dentro de lo previsible y está, más que probablemente, pactado. La reacción de los colectivos ecologistas y conservacionistas que han visto en la Junta de Andalucía el contrapeso a la
contrarreforma ambiental del Gobierno de Rajoy ya es menos controlable. Hasta ahora, Andalucía podía presumir de ser diferente (y referente para muchos) en sanidad, en servicios sociales y en protección del territorio y del medio ambiente. Quizás tenga que rebajar el discurso en esa tercera pata. En el fondo, pensará la presidenta de la Junta, es un mal menor, un leve dolor de cabeza. Cuando alguien toma una decisión como la que ayer tomó Susana Díaz sabe a ciencia cierta que será calificada de “polémica” pero no duda de que será “rentable”. Y ésta parece serlo.
Link: http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/18/541b04dae2704e88058b456e.html
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