JAVIER GARCÍA RECIO El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, demandó ayer urgentemente a las administraciones públicas un nuevo plan de infraestructuras que acabe con la situación «agónica» que sufre el sector, que en los últimos años ha mandado a más de 44.000 trabajadores al paro por la paralización del segmento de viviendas y de la propia obra pública. Actualmente el sector, que llegó a dar empleo en Málaga a casi 100.000 personas, sobrevive con apenas 34.000
ocupados en la provincia, tal y como avanzó hace unos días este periódico.
Prado, que presentó su informe anual con motivo de la asamblea general de la ACP, afirmó que el recorte en inversión de obra pública» es el mayor de los recortes sociales que se puede hacer», y calculó que por cada millón de euros al año que se dejan de invertir en infraestructuras, 18 personas pierden su puesto de trabajo. La ACP calcula que en el año 2011 –donde con sólo 281 millones de euros, la inversión se redujo un 85% en relación a 2006– se han perdido 22.500 empleos en el segmento de obra pública.
El responsable de la ACP también advirtió de que un destino turístico como la Costa del Sol no puede «permitirse el lujo» de retrasar cinco años infraestructuras como el tren litoral, el acceso norte al aeropuerto o la culminación del soterramiento de San Pedro de Alcántara, ya que esa demora conlleva una pérdida de competitividad en relación a otros enclaves.
«Destinos turísticos emergentes como Croacia o Turquía están subiendo mucho, y en Málaga el turismo se ha quedado como la única industria relevante, porque la construcción está paralizada, tanto en obra pública como en residencial», alertó.
Prado –que estuvo acompañado por el presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, y por la secretaria general, Violeta Aragón– también quiso reafirmar que la partida en infraestructuras no es un gasto sino una inversión ciertamente rentable para los poderes públicos.
«Un plan de inversiones en obra pública se convertiría en un ejercicio de una verdadera política social debido al efecto multiplicador que la inversión tiene sobre otros sectores productivos y a la elevadísima tasa de retorno fiscal que tiene la inversión en obra pública», que cifró en un 60% en el corto plazo y en un 80% en el largo plazo, una vez considerados los efectos inducidos.
El cálculo, que se desprende de un informe de la patronal Seopan, incluye conceptos como el IVA, cotizaciones sociales, el IRPF de los trabajadores o el Impuesto de Sociedades, aparte de lo que deja de pagar en prestaciones por desempleo.
En cuanto a la vivienda, la ACP confirmó que 2012 se está revelando como otro año de «paralización total». Los datos de viviendas visadas del primer trimestre ante el Colegio de Arquitectos reflejan una caída del 26% respecto al mismo periodo del año anterior, que ya fue a nivel global el más nefasto para Málaga desde 1960, fecha en la que arrancaron estas estadísticas. Concretamente, en 2011 se visaron 1.186 viviendas, sólo el 2,5% de las visadas en 2006, justo antes de que reventara la burbuja inmobiliaria.
«La paralización es de tal magnitud que nos hemos quedado sin parámetros de referencia», dijo. La única noticia positiva es que las 9.826 ventas de vivienda nueva registradas en 2011 en Málaga han servido para drenar el stock de pisos que mantiene atascado al sector. Según Prado, ahora mismo quedarán unos 10.000 pisos en stock en manos de promotores –más lo que tenga la banca, que pueden ser de 6.000 a 7.500–, un volumen que puede ser fácilmente absorbible si se recupera la demanda. La ACP reconoce que se están vendiendo con rebajas del precio de hasta el 30% y descarta nuevos descensos.
Las constructoras ya cobran las deudas de los ayuntamientos. La ACP manifestó su satisfacción por el plan de pago a proveedores por el que los principales ayuntamientos malagueños abonarán unas 65.000 facturas pendientes para una deuda total de más 300 millones de euros. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que las constructoras y promotoras podrían ser los acreedores de hasta un 60% de estos débitos. El presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, confirmó que las empresas ya están recibiendo el dinero, aunque destacó que para ninguna de ellas supone ingresos extra.
«Ese dinero viene a tapar las propias deudas en las que nos hemos tenido que meter las empresas pero no para tener ganancias», comentó. Acogerse al plan de proveedores implicaba renunciar a los intereses de demora. «Las deudas de las administraciones arrastran dos y tres años; hemos tenido que renunciar hasta un 6%-7% de lo que nos debían. Pero es mejor cobrar ahora que seguir esperando», aclaró. Los ayuntamientos con más deuda acogida al plan –en general, no sólo a constructoras– son, según la ACP, Benalmádena (61,9), Estepona (60,7), Mijas (34,6), Fuengirola (29,3), Vélez (27,7), Rincón de la Victoria (23,4), Marbella (10), Ronda (8,2), Torrox (4,9), Nerja (4,8), Cártama (3,3) y Álora (1,9). En total, ellos solos suman 280 millones.
Otro asunto son los 170 millones que la Junta de Andalucía adeuda a las constructoras de la provincia. El problema es que hasta un 30% corresponden a certificaciones de obra, sin factura acreditativa. Se está pendiente de que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, acepte incluir las certificaciones de obra en el plan de pago de las autonomías. j. v. r. málagaúltimos años ha mandado a más de 44.000 trabajadores al paro por la paralización del segmento de viviendas y de la propia obra pública. Actualmente el sector, que llegó a dar empleo en Málaga a casi 100.000 personas, sobrevive con apenas 34.000
ocupados en la provincia, tal y como avanzó hace unos días este periódico.
Prado, que presentó su informe anual con motivo de la asamblea general de la ACP, afirmó que el recorte en inversión de obra pública» es el mayor de los recortes sociales que se puede hacer», y calculó que por cada millón de euros al año que se dejan de invertir en infraestructuras, 18 personas pierden su puesto de trabajo. La ACP calcula que en el año 2011 –donde con sólo 281 millones de euros, la inversión se redujo un 85% en relación a 2006– se han perdido 22.500 empleos en el segmento de obra pública.
El responsable de la ACP también advirtió de que un destino turístico como la Costa del Sol no puede «permitirse el lujo» de retrasar cinco años infraestructuras como el tren litoral, el acceso norte al aeropuerto o la culminación del soterramiento de San Pedro de Alcántara, ya que esa demora conlleva una pérdida de competitividad en relación a otros enclaves.
«Destinos turísticos emergentes como Croacia o Turquía están subiendo mucho, y en Málaga el turismo se ha quedado como la única industria relevante, porque la construcción está paralizada, tanto en obra pública como en residencial», alertó.
Prado –que estuvo acompañado por el presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, y por la secretaria general, Violeta Aragón– también quiso reafirmar que la partida en infraestructuras no es un gasto sino una inversión ciertamente rentable para los poderes públicos.
«Un plan de inversiones en obra pública se convertiría en un ejercicio de una verdadera política social debido al efecto multiplicador que la inversión tiene sobre otros sectores productivos y a la elevadísima tasa de retorno fiscal que tiene la inversión en obra pública», que cifró en un 60% en el corto plazo y en un 80% en el largo plazo, una vez considerados los efectos inducidos.
El cálculo, que se desprende de un informe de la patronal Seopan, incluye conceptos como el IVA, cotizaciones sociales, el IRPF de los trabajadores o el Impuesto de Sociedades, aparte de lo que deja de pagar en prestaciones por desempleo.
En cuanto a la vivienda, la ACP confirmó que 2012 se está revelando como otro año de «paralización total». Los datos de viviendas visadas del primer trimestre ante el Colegio de Arquitectos reflejan una caída del 26% respecto al mismo periodo del año anterior, que ya fue a nivel global el más nefasto para Málaga desde 1960, fecha en la que arrancaron estas estadísticas. Concretamente, en 2011 se visaron 1.186 viviendas, sólo el 2,5% de las visadas en 2006, justo antes de que reventara la burbuja inmobiliaria.
«La paralización es de tal magnitud que nos hemos quedado sin parámetros de referencia», dijo. La única noticia positiva es que las 9.826 ventas de vivienda nueva registradas en 2011 en Málaga han servido para drenar el stock de pisos que mantiene atascado al sector. Según Prado, ahora mismo quedarán unos 10.000 pisos en stock en manos de promotores –más lo que tenga la banca, que pueden ser de 6.000 a 7.500–, un volumen que puede ser fácilmente absorbible si se recupera la demanda. La ACP reconoce que se están vendiendo con rebajas del precio de hasta el 30% y descarta nuevos descensos.
Las constructoras ya cobran las deudas de los ayuntamientos. La ACP manifestó su satisfacción por el plan de pago a proveedores por el que los principales ayuntamientos malagueños abonarán unas 65.000 facturas pendientes para una deuda total de más 300 millones de euros. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que las constructoras y promotoras podrían ser los acreedores de hasta un 60% de estos débitos. El presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, confirmó que las empresas ya están recibiendo el dinero, aunque destacó que para ninguna de ellas supone ingresos extra.
«Ese dinero viene a tapar las propias deudas en las que nos hemos tenido que meter las empresas pero no para tener ganancias», comentó. Acogerse al plan de proveedores implicaba renunciar a los intereses de demora. «Las deudas de las administraciones arrastran dos y tres años; hemos tenido que renunciar hasta un 6%-7% de lo que nos debían. Pero es mejor cobrar ahora que seguir esperando», aclaró. Los ayuntamientos con más deuda acogida al plan –en general, no sólo a constructoras– son, según la ACP, Benalmádena (61,9), Estepona (60,7), Mijas (34,6), Fuengirola (29,3), Vélez (27,7), Rincón de la Victoria (23,4), Marbella (10), Ronda (8,2), Torrox (4,9), Nerja (4,8), Cártama (3,3) y Álora (1,9). En total, ellos solos suman 280 millones.
Otro asunto son los 170 millones que la Junta de Andalucía adeuda a las constructoras de la provincia. El problema es que hasta un 30% corresponden a certificaciones de obra, sin factura acreditativa. Se está pendiente de que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, acepte incluir las certificaciones de obra en el plan de pago de las autonomías. j. v. r. málaga
