Y A LOS ESTAFAFORES ¿QUIEN LOS PARA?.

XARQUIA

Denuncian una presunta estafa a dueños de casas ilegales en la Axarquía

Un grupo de técnicos que se hacen pasar por agentes de la Junta de Andalucía se ofrece para regularizar las viviendas en suelo no urbanizable 

12.05.12 - 01:31 - 

AGUSTÍN PELÁEZ | VÉLEZ-MÁLAGA.

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Las viviendas ilegales de la provincia se han convertido con la entrada en vigor del Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía en un mercado bastante atractivo para los bufetes de abogados y gabinetes técnicos. No en vano más de 60.000 familias de toda la provincia, de las cuales una tercera parte se concentran en la Axarquía, se verán afectadas por este decreto, todavía pendiente de la publicación definitiva de las normas directoras que regulan las condiciones de habitabilidad y salubridad que se les exigirá a las casas.

El problema es que están surgiendo supuestos gabinetes multidisciplinares atraídos por el filón que representa en plena crisis económica hacerse con tan importante cartera de clientes que sólo parecen aspirar a aprovecharse de aquellos que no conocen ni las leyes ni el funcionamiento de la administración. Al menos, eso es lo que asegura Save Our Homes (SOHA) -que en castellano significa Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía-, colectivo integrado por más de 400 dueños de casas ilegales, la mayoría extranjeros, que denunció ayer ante el Cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga un presunto intento de estafa.

Según esta asociación, la situación ha llegado a tal extremo que incluso se están insertando anuncios en publicaciones editadas en inglés que se distribuyen en la Axarquía donde personas que se hacen pasar por agentes de la Junta de Andalucía (abogados, arquitectos, ingenieros y economistas) se ofrecen para gestionar la legalización de las viviendas.

Anagrama de la Junta

Se trata de anuncios en los que incluso se incluye el anagrama de la Junta de Andalucía. «Así quieren dar a entender que es la propia Junta de Andalucía la que se ofrece para arreglar nuestro problema», explicó el presidente de SOHA, Phillip Smalley, para quien los promotores de este tipo de anuncios sólo persiguen estafar a los extranjeros.

«Nos sentimos engañados. Primero, porque cuando construimos nuestras casas lo hicimos cumpliendo paso a paso todos los requisitos. Nos concedieron licencias, aunque la Junta las impugnó y nos las anularon. Y ahora porque nos encontramos con que hay gente que quiere volver a engañarnos», declaró Smalley, que dijo que llevan meses recibiendo ofertas de abogados y todo tipo de gabinetes, «aunque lo que estamos aconsejando a los socios de SOHA es que esperen, porque desde la asociación seguimos teniendo la esperanza de lograr que la Junta atienda nuestras demandas y se otorgue una amnistía a las casas ilegales», dijo el presidente del colectivo.

Uno de estos anuncios el presunto equipo de agentes de la Junta de Andalucía, que se ofrece para evaluar los casos y emitiendo un presupuesto si compromiso, llega a afirmar incluso que los propietarios de casas en el suelo no urbanizable tienen sólo un plazo de 12 meses para regularizar su situación, lo que ha llevado a un buen número de residentes a dirigirse a los ayuntamientos de la comarca para consultar si ello es cierto que existe un plazo de un año para regularizar las edificaciones.

«En Alcaucín hemos recibido varias consultas de este tipo y les estamos diciendo a los afectados que el Decreto no establece ningún plazo en este sentido. Pensamos que se trata de un intento claro de estafa, hasta el punto de que vamos a poner el caso en conocimiento de la Junta de Andalucía para que actúe en consecuencia», señaló el edil de Urbanismo y miembro de SOHA, Mario Blancke.

Según el edil, por mucho que se quiera ningún ayuntamiento puede comenzar a tramitar la solicitudes de legalización o peticiones de certificaciones de viviendas en asimilado a fuera de ordenación hasta tanto la Junta de Andalucía no pública las normas directoras con los requisitos de habitabilidad y salubridad que se les debe exigir a las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

En los anuncios publicados en la Axarquía no aparece ninguna dirección del equipo de profesionales, que haciéndose pasar por agentes de la Junta de Andalucía, se ofrece para legalizar las construcciones, sino únicamente un número de teléfono móvil, al otro la del cual contesta alguien que dice ser sólo un enlace con el gabinete encargado de tramitar la regularización y que afirma desconocer incluso la dirección de los técnicos responsables, así como una dirección de correo electrónico.

A LOS PROBLEMAS "SOLUCIONES"

Jueves, 10 de mayo de 2012

CÓRDOBA

La prueba del nueve de Colecor

El nuevo consejero responsable de Ordenación del Territorio, Luis Planas, tendrá que dilucidar si mantiene o cambia la situación sobre las instalaciones de la carretera de Palma del Río

R. R. | ACTUALIZADO 10.05.2012 - 01:00

Imagen aérea de las instalaciones de la antigua Colecor1 voto

Ayuntamiento popular, Junta bipartita. Y, en medio, la ordenación del territorio, una de las competencias que tradicionalmente han traído más problemas en la relación entre la Administración autonómica y los municipios. El consejero cordobés Luis Planas (en realidad, valenciano) será el responsable de esta cuestión desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en un movimiento forzado por los socialistas que, presiones del mundo de la empresa mediante, dejaron estas cuestiones fuera del alcance de Izquierda Unida. Colecor es un tema abierto, probablemente el más candente, teniendo en cuenta que hace ya dos años que las direcciones de IU y PSOE llegaron a un acuerdo sobre esta cuestión. 

El expediente de legalización está aprobado por el consejo de Gerencia pendiente de llevar a Pleno y supone el derribo de unos 15.000 metros cuadrados. Una de las condiciones previas ya se ha aclarado porque el Supremo se ha pronunciado sobre el plan especial de la carretera de Palma original. Sólo queda que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, sea quien dé el paso para confirmar ese texto o volver a reformarlo. 

La postura del PP es que no aprobará nada si no tiene la garantía de la Junta de que el asunto no acabará en los tribunales. La anterior consejera, Josefina Cruz, una experta acreditada en ordenación del territorio, nunca le dio al Ayuntamiento ese tipo de garantías refrendando la posición crítica del delegado en Córdoba, Francisco García, y del equipo técnico de la delegación. Obras Públicas ha querido hasta el momento más metros derribados, unos 20.000, y censurar de los usos autorizables el comercio mayorista. Planas, que fue secretario provincial del PSOE de Córdoba y que conoce de sobra los resortes de poder de la ciudad, tiene que mover ficha. El caso se complica por un hecho trascendente. El Ayuntamiento que tiene que autorizar el proyecto cuenta en su Pleno, como segunda fuerza política, al propietario y responsable de la construcción. 

Lo que ocurra con Colecor debe de ser un síntoma de las relaciones entre Junta y Ayuntamiento en materia de ordenación del territorio. Pero las relaciones en esta cuestión son constantes. La Administración autonómica tiene un papel muy relevante en los expedientes urbanísticas, casi de segunda lectura. Y son muchos los asuntos pendientes. 

El Consistorio ha autorizado el primer enganche de una vivienda ilegal de la ciudad, ubicada en suelo urbano y aprovechando una disposición adicional del decreto aprobado por el primer Gobierno Griñán. Las expectativas son muchas en el mundo de las parcelas, donde la posibilidad de acceder a un régimen de tolerancia por encima de la pesada tramitación de un expediente clásico de legalización. La Gerencia de Urbanismo ya ha asegurado que pretende aprovechar todas las posibilidades de un decreto de la Junta que tiene un amplio margen de interpretación. Las zonas sensibles: la Sierra, todo lo que está cerca del río y Medina Azahara. 

El PP ya ha abierto fuego en el Pleno. Contra lo que suele ser habitual, ha obtenido de forma previa la venia de este foro para iniciar una reforma de la delicada normativa que rodea el yacimiento. Aunque la literatura sea extensa, en realidad el debate se encuentra en un punto crucial: hasta dónde puede llegar el régimen de reconocimiento de las parcelaciones de la zona protegida. El Ayuntamiento está dispuesto a dotar de servicios básicos zonas que han levantado tanta polvareda como Las Pitas. El Consistorio tiene en cartera el Plan de la Sierra, donde existe una problemática similar en zonas habitadas desde hace décadas de manera incontrolada. 

El crack inmobiliario ha reducido mucho la tensión sobre los asuntos urbanísticos. Tanto, que ya no hay colas en la Gerencia de Urbanismo de promotores reclamando cambios, actuaciones e iniciativas. De hecho, la propia Gerencia puede acabar disuelta como consecuencia de la diferencia existente entre estructura de personal y actividad inmobiliaria. Centrado en asuntos económicos, el equipo de gobierno no ha desarrollado ningún movimiento que suponga cambios de enorme relevancia en el diseño de la ciudad. Eso no va a durar siempre.

El PGOU se modificará para ordenar el entorno de Medina Azahara

El gobierno municipal insta a la Junta de Andalucía "a respetar la autonomía municipal" y a que asuma los cambios que se adopten en la planificación del suelo

J. C. | ACTUALIZADO 04.05.2012 - 01:00

Imagen de archivo de una parcelación en las inmediaciones de Medina Azahara.

El gobierno municipal no quiere dejar que pase más tiempo para tomar una solución que ordene los terrenos que rodean la ciudad palatina de Medina Azahara. El grupo del PP presentará en el Pleno del próximo martes una moción para poner en marcha las modificaciones urbanísticas necesarias para adaptar las conclusiones de la oficina territorial, que se conocieron a final de marzo. Esto afectará tanto al PGOU como al Plan Especial de Medina Azahara. 

Dicha oficina, en la que participaron conjuntamente la Junta y el Ayuntamiento, insistió sobremanera en la necesidad de buscar una solución a los bordes del perímetro de la zona protegida en el Plan Especial de Medina Azahara. 

En la moción se recoge el compromiso, por parte del Ayuntamiento, de "iniciar los trabajos de innovación o revisión de los instrumentos de planificación y de afección" que inciden en la propuesta de la oficina territorial. También se insta a la Junta "a respetar la autonomía municipal en los trabajos que realice" y a que recoja en sus ámbitos competenciales "las propuestas de planificación" que realice el Consistorio en este suelo. 

Aunque las conclusiones de la oficina territorial se centran casi exclusivamente en el "borde" de la zona protegida, y obvian las parcelaciones que hay en su interior, a nadie escapa el reciente decreto de la Junta por el que algunas de estas construcciones podrían disponer de dotación de servicios. Esto se podría incorporar a este trabajo en algún momento del proceso. 

El texto presentado por los concejales del PP reconoce que el Plan Especial concibe la situación de Medina Azahara como la de "dos realidades yuxtapuestas, ciudad y yacimiento, que irremediablemente han entrado en contacto directo y en la situación actual presentan elementos de tensión urbanística potencial y una inadecuada definición de bordes y espacios de transición de estas dos realidades que deja nuevamente abierta la puerta a futuros conflictos". 

La mencionada Oficina Territorial no ofreció soluciones concretas a la situación de las parcelas. En el documento conocido a final de marzo se sugiere que a corto plazo se asimile la situación a la contemplada en el reciente decreto de la Junta sobre parcelas y que a largo plazo se plantee, "superando las situaciones de conflicto actual, la integración o no de estos asentamientos en el modelo territorial previsto".

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.

   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.

   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.

MÁS EFICIENCIA, MENOR COSTE

   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.

   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".

   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.

   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.

   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.

ZONAS PROTEGIDAS

   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.

   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.

   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.

DEMANDAS VECINALES

• [DEMANDAS VECINALES] LEÑA A LOS CIUDADANOS QUE SON DE GOMA:‏

Actualizaciones sociales, Grupos |17:50

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Para DEMANDAS VECINALES

Amigo De La Cala ha publicado contenido en el grupo "DEMANDAS VECINALES" Amigo De La Cala 3 de mayo de 2012 17:50 LEÑA A LOS CIUDADANOS QUE SON DE GOMA: Señores políticos todos sabemos que la situación económica actual es catastrófica, pero eso no os da ningún derecho a comportaros como si las culpa la tuviéramos los ciudadanos, señores políticos los ciudadanos que han vivido por encima de sus posibilidades, o han gastado mas de lo que han ingresado, están pagando las consecuencias de sus errores con la perdida de su vivienda, con el embargo de su coche, de sus cuentas bancarias e incluso con el embargo de su nomina; los ciudadanos asumimos las consecuencias de nuestros errores, por el contrario ustedes los políticos, no asumen ninguna consecuencia de la ruina que habéis ocasionado a varias generaciones de ciudadanos españoles. EN ESTE PAIS NINGUN POLITICO ASUME LAS CONSCUENCIAS DE SU PESIMA GESTION, LAS CONSECUENCIAS LAS ASUMIMOS SIEMPRE LOS MISMOS Y YA ESTAMOS CANSADOS. Pero la Madre de todas las paridas políticas; es que encima que las consecuencias de los errores que nos han ocasionado los políticos también las pagamos los ciudadanos, tienen la desfachatez y la prepotencia de comportarse como si la culpa del saqueo del dinero publico de las instituciones la tuviésemos los ciudadanos. Pero el mas difícil todavía de la incompetencia política de este país, llega cuando protestamos por recortes sociales, o se nos ocurre demandar en estos momentos de crisis algo que suponga una inversión, entonces los políticos se revuelven como fieras hacia los ciudadanos, como si estuviésemos cometiendo un delito por demandar nuestros derechos. Señores Políticos metan ustedes en el juzgado a los que han sustituido en el cargo, hagan auditorias de cuentas en las instituciones y pidan al juez que meta en la cárcel a los que han dilapidado las aportaciones económicas publicas que nosotros con nuestro esfuerzo hemos aportado, esos son los verdaderos culpables de la situación a la que han llegado todas nuestras instituciones, ACTUEN Y PONGAN ANTE LA LEY A SUS TOCAYOS POLITICOS, pero déjennos a los ciudadanos vivir en paz, que lo único que hacemos es aguantar lo inaguantable, pagar cada vez mas impuestos con menos medios, sufrir multitud de recortes sociales, y algo que siempre los políticos olvidan, no les interesa recordar y muchísimo menos tocar, se trata del capitulo económico en los presupuestos, donde se refleja que Gracias a nuestro esfuerzo ustedes y sus allegados viven como reyes. A VER CUANDO TOCAIS ESE CAPITULO Y DEJAIS DE EXPRIMIR A LOS MAS DEBILES.

La Audiencia concluye que la demolición de las viviendas ilegales no debe ser "la regla general"

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial emplea este argumento para revocar el fallo del Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla que condenaba a un vecino de Umbrete, R.E.G., a un año y siete meses de prisión y a demoler una vivienda de dos plantas construida sin licencia y en suelo rústico del paraje de Las Minas, en la localidad de Castilblanco de los Arroyos.

De este modo, el acusado fue condenado a un año de cárcel y al pago de una multa de 3.600 euros por un delito contra la ordenación del territorio y a siete meses de prisión por un delito de desobediencia a la autoridad, así como a demoler lo construido, pero la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente su recurso de apelación y ha ordenado no demoler la vivienda ilegal.

Según la sentencia, el condenado, que era propietario desde junio de 1995 de una parcela de 1.000 metros cuadrados en suelo rústico de Las Minas, comenzó a construir en fecha no determinada 'por sí o por medio de otro' una vivienda en la parcela, ubicada en suelo no urbanizable común, todo ello 'sin haber solicitado licencia y a sabiendas de la prohibición de edificar'.

El 2 de noviembre de 2003, el alcalde de la localidad dictó un decreto ordenando al acusado que suspendiera 'de inmediato' la obra, pese a lo cual 'y consciente de la prohibición', continuó las obras y edificó una vivienda de dos plantas de 120 metros cuadrados y trastero, cimentación exterior de 30 metros cuadrados para porche, un pozo para la extracción de agua y fosa séptica.

La Audiencia Provincial, que confirma la pena de cárcel, rechaza la argumentación del fiscal en cuanto a que 'el juez tiene un expreso mandato del legislador de castigar esas conductas, con la regla general de demoler las obras', ya que 'hay un error de planteamiento, puesto que una cosa es el castigo penal de los hechos, que se confirma, y otra la aplicación de una de sus consecuencias legales posibles'.

CASO POR CASO

'La demolición no se trata de una regla general que opera automáticamente en todo caso de condena por ese delito, sino de una medida constituida en facultad del tribunal de juicio, sin que haya lugar a la imposición arbitraria de la medida, sino que deberá hacerse motivadamente, lo que acentúa el carácter de la demolición como medida a adoptar en función de cada caso concreto', apostilla.

Según añade, la zona de Las Minas 'constituye una zona residencial de facto en suelo no urbanizable rural sin especial protección', ya que cuenta con acometida de luz eléctrica y telefónica, diversos viales, y servicio de recogida de basuras. 'Es decir, cuenta con casi todos los servicios urbanísticos, como acceso rodado, de recogida de basuras y suministro de energía eléctrica', agrega.

A ello se añade que 'es un hecho notorio que tanto la política administrativa como la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo son proclives a la legalización o regularización de zonas como Las Minas, sitas en suelo rural no especialmente protegido'.

NO SIGNIFICA 'SANTIFICAR' LA OBRA REALIZADA

Por las razones expuestas, la Audiencia considera que 'no procede en este caso concreto decretar la demolición de la construcción realizada', aunque 'el hecho de no acordarse penalmente que la obra sea demolida, no significa en absoluto que esta resolución santifique la obra realizada'.

En esta línea, dice que el hecho de no ordenar la demolición 'no impide que en otro marco, el administrativo, pueda ser acordada esa demolición, no debiéndose obviar que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas son las administraciones que tienen originariamente las competencias en materia de urbanismo, bajo el control de los tribunales de lo contencioso-administrativo'.

Piden medidas contra la insumisión de los dueños de casas ilegales en la Axarquía

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La falta de respaldo al decreto para la regularización de las edificaciones irregulares construidas en el suelo no urbanizable de Andalucía por parte de los propietarios de casas ilegales y de algunos ayuntamientos preocupa a algunos colectivos ecologistas de la Axarquía, sobre todo teniendo en cuenta que dos meses después de la entrada en vigor de la nueva normativa, que es de aplicación inmediata, el número de solicitudes presentadas en los distintos consistorios para regularizar las viviendas es mínimo.

Por esta razón, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), que ha estimado en unas 22.000 las viviendas ilegales que existen en la comarca oriental malagueña, ha solicitado a la Junta de Andalucía la adopción de medidas dirigidas a acabar con lo que ha denominado «insumisión» de los afectados a la hora de normalizar su situación. La petición forma parte de escrito de alegaciones que Gena ha formulado a las normas directoras redactadas por Obras Públicas y por las que se establecen los requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad que deben cumplir la construcciones ilegales en el campo.

La asociación ecologista ha planteado como mecanismo para acabar con dicha insumisión que por parte de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas se establezca un plazo de regularización para todas las viviendas situadas en suelo no urbanizable. «Cumplido ese plazo, la Junta de Andalucía, decimos bien, porque los ayuntamientos jamás lo harían, debería empezar a demoler viviendas», ha explicado el coordinador de Gena, Rafael Yus.

Para este colectivo, existe una reticencia generalizada de los ayuntamientos y de los propietarios de viviendas en suelo rústico a acogerse al procedimiento de regularización que determina el Decreto 2/2012.

Rechazo

«Esta normativa se ha acogido con rechazo, escepticismo e insumisión, bajo la creencia de la entera discrecionalidad de los afectados (ayuntamientos y propietarios) para acogerse o rechazar este decreto, sin que aparentemente se adviertan consecuencias administrativas o penales por tal insumisión. Ello nos conduce a considerar la necesidad de establecer unos plazos para la regularización, fuera de los cuales se debe restituir el orden perturbado», ha explicado Yus.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía va aún más lejos al incluir como alegación también que ante la inacción de los ayuntamientos cabe la posibilidad de que se produzca un efecto llamada con edificaciones posteriores a la aparición de decreto de regularización.

Si se diera este supuesto, según esta asociación ecologista, lo en la práctica se habrá «regulado (no solo regularizado) es un procedimiento para construir de forma anárquica el suelo no urbanizable, con todas las consecuencias ambientales, urbanísticas y económicas. Por este motivo, debería establecerse un marco de aplicación del Decreto que comprenda exclusivamente el periodo de tiempo anterior a la fecha de publicación del mismo».

En este sentido, lo que Gena ha propuesto es que se establezca que el decreto de regularización en ningún caso será aplicable a viviendas que se hayan construido con posterioridad a la fecha de entrada en vigor, lo que significa que ninguna casa construida después del mes de marzo del año 2012 podrá hacer uso de este norma.

Paralelamente, la asociación pide a la Junta que los ayuntamientos realicen forzosamente un inventario de viviendas en suelo no urbanizable de su municipio en un plazo máximo no superior a un año. «Si se niegan a realizar esta tarea, se les retiraría las competencias urbanísticas y la Junta actuaría de forma subsidiaria», ha defendido Gena ante la Consejería.

Entre alegaciones, la asociación ha propuesto que se demuelan todas las construcciones que están a medio terminar, «para que advierta el imperio de la autoridad», y que la figura de «fuera de ordenación» no conlleve posibilidad alguna de comerciar con la vivienda, «evitando con ello el principal atractivo de las viviendas rústicas: la inversión en ladrillo y la especulación».