Los parcelistas hacen frente común contra una LOUA que "impide las regularizaciones"

Exigen solución para "millones de andaluces que carecen de servicios básicos en sus viviendas

F. J. CANTADOR | ACTUALIZADO 08.02.2016 - 01:00


La modificación que está llevando a cabo el Parlamento de Andalucía de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que había prescrito el plazo ha encendido todas las alarmas entre los parcelistas. "Con esa modificación, en Córdoba, con la ley en la mano, ninguna parcelación podría legalizarse", aseguraba hace unos días el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig), Francisco León. El trabajo para conseguir que la LOUA no impida las regularizaciones hace ya algún tiempo que está en marcha. La unión hace la fuerza y los parcelistas, para ello, han hecho frente común dentro de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), colectivo en el que está integrado Apaig y que ayer se dio cita en Córdoba. 

Además de los representantes de Córdoba, al encuentro asistieron miembros de colectivos de otras provincias, como Málaga, Sevilla y Jaén. El objetivo principal: exponer a los representantes políticos las principales demandas que plantean ante la reforma en la que está inmersa la LOUA. 

Los miembros de los colectivos que conforman CALU denunciaron la "grave situación de más de un millón de andaluces, que viven en condiciones de precariedad, pues carecen de agua potable y de redes de alcantarillado". "Las condiciones de infravivienda están condenando a esos andaluces a vivir en condiciones de insalubridad, abocando a la población a padecer todo tipo de enfermedades", plasmaron en un manifiesto, en el que añadieron que esta problemática situación "requiere de una actuación urgente y contundente contra los responsables". 

En el encuentro, la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística elaboró una hoja de ruta a seguir en próximas fechas que incluye la demanda de responsabilidades por esa situación límite, tanto políticas como personales; la exigencia al Parlamento andaluz de una modificación de la LOUA que no ponga en peligro la regularización de las parcelaciones; la denuncia a los responsables públicos; informar sobre la situación a la Unión de Consumidores de Andalucía; y la intervención de miembros del colectivo en el Parlamento andaluz y en los ayuntamientos demandando una solución. Los colectivos que integran CALU han rubricado un manifiesto referido a la modificación de la LOUA, que registrarán hoy en el Parlamento andaluz y que insiste en que "la reforma es de todo punto insuficiente" y en el que piden en su primer punto "un reconocimiento expreso del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano".